A pesar de la advertencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por las posibilidades concretas de que el proceso se declare nulo o sea interrumpido, los jueces del Tribunal Oral Federal 2 dieron inicio a las audiencias por el juicio oral sobre supuestas irregularidades en la obra pública de la provincia de Santa Cruz y, con éste, al show judicial de campaña contra Cristina Fernández de Kirchner.

Sin embargo, un dato clave es el argumento central de la defensa aunque haya escapado a los análisis periodísticos acerca de las sobradas manipulaciones y endebles pruebas que impulsaron y permitieron con habilitación del Gobierno los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques y el juez Julián Ercolini en la etapa de instrucción: los 12 escalones de instancias administrativas gubernamentales que separan a Cristina, desde la Presidencia, de las licitaciones que se investigan y que demuelen el juicio show.

Es que si se observa el organigrama de gestión gubernamental que transita una obra pública entre Nación y la Provincia, surge de manera explícita la enorme distancia decisional que hubo entre Cristina y las licitaciones en Santa Cruz que hoy comenzaron a juzgarse.

Entre órganos de gobierno nacionales y provinciales que se ubican entre la Presidencia de la Nación y las licitaciones que se investigan y ejecutan y controlan las actuaciones se abre un listado de 12 instancias de gestión.

En el orden nacional, por debajo de la Presidencia -ocupada por Cristina durante los años investigados- se ubican la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, la Secretaría de Obras Públicas, la Subsecretaría de Obras Públicas y la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal; la Dirección Nacional de Vialidad, su Administrador y Subadministrador, la Gerencia de Obras y Servicios Viales y la Jefatura de Distrito 23º, la Gerencia de Planeamiento, Investigación y Control, y la Gerencia de Administración y la Subgerencia de Asuntos Jurídicos.

Por su parte, de la última instancia mencionada en el orden nacional se desprende la conexión con el orden provincial. Allí aparece el gobierno de la provincia de Santa Cruz, con la Gobernación y el Ministerio de Economía y Obras Públicas; la Administración General de Vialidad Provincial, con su Presidente y Vicepresidente, y el Consejo Técnico del organismo.

Para que se entienda: se trata de licitaciones de obras públicas viales realizadas por un órgano provincial que depende del ministerio de economía y de la gobernación de la provincia.

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 21, 2019

Con fuerte presencia de dirigentes y ex funcionarios comenzó el juicio a la candidata a vicepresidenta -en fórmula con Alberto Fernández- y otros doce imputados.

Axel Kicillof, Jorge Taiana, Carlos Tomada, Estela De Carlotto, Horacio Pietragalla, Oscar Parrilli, Mayra Mendoza, Sergio Urribarri, Martín Sabbatella, Cristina Álvarez Rodríguez, Rodolfo Tailhade, Marcelo Fuentes, Héctor Recalde; fueron algunos de los dirigentes que estuvieron en la Sala Amia, en el subsuelo de los tribunales federales de Comodoro Py.

OTRAS MANIPULACIONES Y FALACIAS EN LAS "PRUEBAS"

Entre otros puntos que hacen agua que comenzaron con la denuncia impulsada por el gobierno de Mauricio Macri y la conclusión de la etapa de instrucción que condujo el juez Ercolini, Página 12 hizo un detallado resumen que expone el caracter de show del juicio oral. Los más destacados:

- Al día siguiente de see designado al frente de Vialidad, el 13 de enero, Javier Iguacel firmó resolución número 1: ordenó una auditoría de las obras viales, pero no de los 24 distritos del país, sino solamente de Santa Cruz. ¿El argumento? Una denuncia anónima.

- A los dos ingenieros y al contador que actuaron como auditores se les dieron 15 días hábiles para investigar las 81 obras que se hicieron en Santa Cruz entre 2003 y 2015. Los tres dijeron que era imposible.

- El 26 de marzo de 2016 presentaron el informe con la conclusión de que “no se evidencias deficiencias constructivas de relevancia, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse…”. Es decir, no se pagó nada que no haya sido construido.

- Iguacel igual presentó la denuncia penal el 26 de abril de 2016. La instrucción quedó a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano. Éste pidió una prueba bastante obvia: que se realice una pericia con la participación de todas las partes. La respuesta fue que lo sacaran de la causa, aunque usaron otros argumentos para disimular su apartamiento. En su lugar entraron el fiscal Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, éste último de familia íntimamente ligada a Cambiemos.

- En tres años no se hizo ninguna pericia, como la que se le reclamó en forma permanente al juez Ercolini. Este verdadero fraude es el que explica que la causa tenga tres años y no exista pericia alguna.

- Los fiscales realizaron un cálculo anti-científico para justificar la acusación de que hubo sobreprecios, que los peritos negaron. Pollicita y Mahiques sostuvieron que tres tramos de la realización de la Ruta 3 son el ejemplo de los sobreprecios. Agregaron que los presupuestos de las empresas de Báez totalizaban 2.800 millones de pesos y en cambio con las nuevas licitaciones, durante el macrismo, las empresas que ganaron con sus ofertas, presupuestaron 1.900 millones. De eso, los fiscales concluyeron que Báez tenía un sobreprecio de 928 millones de pesos, es decir un sobreprecio del 64 por ciento.

- Las defensas, en especial la del ex titular de Vialidad, Nelson Periotti, demostraron que el cálculo estaba mal hecho. Muy mal hecho. Que los fiscales no tuvieron en cuenta que en la nueva licitación no se debía construir la totalidad de los tramos porque ya la empresa de Báez había construido una buena parte. Lo que el santacruceño facturó por esas partes ya hechas sumó algo más de 803 millones de pesos y esas obras por supuesto que no entraron en la nueva licitación porque estaban construidas. Es decir que no existía el sobreprecio de 928 millones, sino que la diferencia era 125 millones. Pero las defensas no convalidaron para nada esa diferencia: sostuvieron que fue dibujada por el macrismo mediante actualizaciones y cálculos sin ningún control.

- Otro argumento curioso del proceso fue que se hicieron demasiadas rutas en Santa Cruz. En total, se destinó a esa provincia el 11 por ciento del presupuesto de Vialidad, mientras que esa provincia ocupa el 12 por ciento del territorio nacional. Pero lo más delirante de la acusación es que las obras fueron votadas en el Congreso. O sea que se pretende acusar a la ex mandataria por las leyes de presupuesto aprobadas por diputados y senadores, que además se ajustan al porcentaje de territorio en cuestión.

- Otra acusación del expediente tiene que ver con que distintas empresas de Lázaro Báez ganaron 52 de las 81 obras de Santa Cruz. Periotti, ex titular de Vialidad, demostró que lo mismo ocurrió en todas las provincias. Las que son locales suelen ganar un alto porcentaje de las obras porque allí tienen el personal y las maquinarias. Y, además, a Santa Cruz son pocas empresas que quieren ir: hay que trasladar el personal y la maquinaria 1.800 kilómetros, trabajar en condiciones climáticas muy difíciles y los costos son mucho más altos que en la mayoría de las provincias.

- Una de las objeciones fue el atraso en las obras, aún cuando nunca se pagó nada que no estuviera terminado. El auditor González Oría, designado por el macrismo, respondió al tema: “Un atraso en una obra es algo totalmente normal, en cualquier lugar y con cualquier empresa. Hay motivos para una demora en una obra que son justificables, como puede ser un fenómeno climático, problemas con la provisión de materiales, es algo normal y, en Santa Cruz, es algo más normal todavía, por el tema de las distancias, a veces no hay asfalto”. Pero también resultó que los atrasos surgieron porque aparecieron caños de YPF, cables de alta tensión, tierras ocupadas que hubo expropiar. O sea atrasos no adjudicables a las empresas constructoras, la de Báez y las otras.

- No hay que olvidarse del escándalo de las declaraciones guionadas por la Casa Rosada y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y ahí aparece Leonardo Fariña. Le escribieron lo que tenía que decir y lo tuvieron que entrenar. Esos hechos se investigan en el juzgado de Dolores a cargo de Alejo Ramos Padilla. Los fiscales dijeron en off the record que los dichos de Fariña no fueron decisivos y que "el juez Sebastián Casanello envió sus declaraciones". Lo cierto es que está citado como testigo y que Pollicita, Mahiques y Ercolini le pidieron esa declaración.

- A último momento y sin tiempo, el Tribunal Oral Federal mandó a peritar cinco de las 52 obras cuestionadas. O sea que acusan por 52 y no se determina si hay delito en las 52, sino presuntamente sólo en cinco. La semana pasada, viendo el naufragio del juicio, los magistrados le ordenaron a los peritos terminar el trabajo el 10 de junio. Los profesionales sostienen que es imposible culminar antes de julio o agosto. En el medio, el escándalo alrededor de la resolución de la Corte Suprema y la marcha atrás por la presión política de Cambiemos.

CARTÓN LLENO

Parece una joda: mirá quiénes van a ser los testigos en el primer juicio contra Cristinahttps://t.co/gdws3QmZMo pic.twitter.com/UYNX3RM0fS

— En Orsai (@EnOrsai) May 21, 2019