Argentina pierde cada año entre 21 y 24 mil millones de dólares por los impuestos que dejan de pagar empresas que operan en nuestro país pero eligen radicarse en paraísos fiscales. La cifra equivale a entre 4 y 5 puntos del Producto Bruto Interno, según un informe de la Universidad de las Naciones Unidas, a través de su Instituto Mundial para Investigación sobre Desarrollo Económico.

¿Qué pasaría si esas empresas, muchas de ellas de capital nacional y dirigidas por empresarios locales, sinceraran su actividad y empezaran a pagar impuestos en nuestro país? Por lo pronto, el gobierno contaría con un monto anual extra de $ 360 mil millones al cambio actual, según la hipótesis de mínima del estudio. Ese flujo de dinero serviría para sanear íntegramente el sistema previsional, eliminar el bache entre contribuciones al sistema y prestaciones que se pagan, mantener la fórmula de actualización cuyo reemplazo trata el Congreso y garantizar el 82% móvil para todos los jubilados.

Agujero fiscal

El cálculo sobre el dinero que se deja de cobrar a nivel mundial por las maniobras en paraísos fiscales fue realizado por dos investigadores de la Universidad de las Naciones Unidas. A partir de estudios previos del Fondo Monetario Internacional y luego de cotejar bases de datos más actualizadas, los economistas Alex Cobham y Petr Jansky lograron demostrar que el perjuicio es mayor para los países en vías de desarrollo y con ingresos medianos o bajos. A través de modelos y regresiones matemáticas, además, armaron una tabla que ordena a los países en función del daño que sufren. Argentina está en octavo lugar entre los 145 incluidos en la medición; deja de recaudar 5,1% de su PBI, estimados en U$S 24.710 millones a niveles de 2013, si se utilizan los números del FMI, cifra que baja a U$S 21.410 millones (4,42% del producto) si se consideran los datos del Centro Internacional para Impuestos y Desarrollo (ICTD, por sus iniciales en inglés).

CONTRA LOS MÁS DÉBILES (50.000 afectados)
No era campaña del miedo: la Provincia cerrará más de trescientos talleres de jubiladoshttps://t.co/L4CW8QO5bo pic.twitter.com/TiORcB6QiC

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El trabajo cuenta con el aval de Tax Justice Network (TJN), una organización no gubernamental con sede en Londres que se especializa en el daño que causan las empresas offshore. Son aquellas que establecen su sede legal en lugares donde la tasa impositiva es muy baja y registran allí los beneficios de los negocios que realizan en otros lados. De esa manera, escapan de la legislación del país donde desarrollan su actividad para incrementar su ganancia.

La práctica, muy difundida en el mundo empresarial, no es ajena a los actuales funcionarios del gobierno nacional. El presidente Mauricio Macri; el ministro de Finanzas, Luis Caputo; y el de Energía, Juan José Aranguren, entre otros, quedaron involucrados con firmas offshore en las investigaciones periodísticas internacionales conocidas como Panama Papers y Paradise Papers. “Ser director en estas firmas, como la operatoria de las mismas, no constituye un delito ni viola la ley”, se defendió Aranguren. De hecho, la Justicia cerró la causa sobre Macri por presunto lavado de dinero a través de dos compañías radicadas en Brasil y en las Bahamas, aunque sigue investigando si hubo evasión tributaria.

Fuente: https://portaldenoticias.com.ar

DIVINA
Michetti: No hay plata para los jubilados porque tenemos una deuda de 600 mil millones anualeshttps://t.co/9frUrd65lJ pic.twitter.com/jKyLkAD9c8

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