Los dirigentes del PRO no podrán ocupar cargos públicos ni ejercer derechos electorales por los fondos de campaña. El concejo de Funes debe resolver la situación del intendente.
Viernes 22 de septiembre de 2017 | 10:41
(Desde Santa Fe)
El juez federal de Santa Fe Reinaldo Rodríguez inhabilitó al ex presidente del PRO Miguel Torres del Sel y a quienes lo asistían como tesoreros, Norberto Principato y el actual intendente de Funes Diego León Barreto para ocupar cargos políticos y partidarios porque no pudieron justificar el origen de fondos de la campaña electoral de 2012. El plazo de la "inhabilitación" es por "seis meses" para "el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegidos" en puestos "públicos nacionales" y como "autoridades de partidos políticos" y el desempeño en ambos cargos en ese lapso, dice la resolución del magistrado que anticipó ayer el portal Diario Santa Fe. La prueba es el propio "balance del PRO" firmado por el cómico y ex embajador en Panamá y sus asistentes que "impide conocer en forma completa y real el origen y destino de los fondos de la campaña" de 2012, en la que Torres del Sel resultó electo diputado nacional, aunque luego cedió su banca a su colega Luciano Laspina, quien hoy preside la comisión de Presupuesto de la Cámara.
La investigación se remonta a agosto de 2015 cuando el fiscal federal Nº 2 Walter Rodríguez imputó a Torres del Sel, Principato y León Barreto, pero el juez Rodríguez los absolvió por prescripción de la causa y ordenó su archivo. El fiscal apeló porque a su juicio el plazo de prescripción estaba suspendido desde que Torres del Sel y León Barreto eran funcionarios públicos. El 6 de diciembre de 2016, la Cámara Nacional Electoral le dio la razón al fiscal y ordenó reabrir el proceso. El intendente León Barreto intentó zafar con un recurso extraordinario -que sus abogados Guillermo Salerni y Leandro Fernando de Salvi? presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero fracasó. Y el 27 de junio último, la Corte rechazó el planteo y dejó firme la sentencia de la Cámara.
Ante los imperativos, el juez Rodríguez no tuvo otra que investigar. Y el fallo es concluyente: resolvió "inhabilitar" a Torres del Sel, Principato y León Barreto "por el plazo de seis meses para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegidos en las elecciones a cargos públicos nacionales y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos y para el ejercicio de cargos públicos y partidarios". Y remitió copia al Concejo Municipal de Funes, que ahora deberá resolver la situación del intendente, en lo que preanuncia otro capítulo del escándalo político.
Según el juez, el balance del partido de Mauricio Macri de 2012, que firmaron los tres imputados "impide conocer en forma completa y real el origen y destino de los fondos de campaña", informó el colega Nicolás Lovaisa.
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El trío del PRO -sigue el juez? "no presentó los extractos bancarios de las dos cuentas declaradas y registradas en el Banco de la Nación Argentina, por lo que no se pudo hacer un análisis de las mismas" y aseguró que en el balance faltan la "acreditación del origen y/o destino de los fondos recibidos por parte del presidente y tesorero del partido y los responsables políticos y económico?financiero de la campaña".
Torres del Sel y compañía nunca subsanaron las "observaciones" que formuló la Cámara Nacional Electoral y se olvidaron de informar partidas pendientes de cobro provenientes de aportes públicos del año 2011 por 50 mil 985 pesos, aportes públicos para boletas de diputados generales por 213 mil 441 pesos; aportes por diferencia de la primarias para diputados nacionales por la suma de 5.188 pesos y una lista de aportes privados.
En su defensa, Torres del Sel reprochó al fiscal que el "incumplimiento" que le achacaba era "formal" e "insignificante" y que "en caso de aplicarse las graves sanciones que prevé la ley existiría una desproporción entre la falta cometida y la pena".
El fiscal desmintió el supuesto "incumplimiento insignificante" que argumentó el actor cómico. "La alegada insignificancia no es tal" porque se trata de conductas que "se adecúan a figuras típicas penalmente reprochables y por lo tanto merecen ser llevadas a juicio y en su caso, penadas". Y advirtió que los dirigentes del PRO "no pueden acreditar debidamente el origen y destino de los fondos recibidos".
Fuente: https://www.pagina12.com.ar
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