Luego de haber disparado un sinfín de críticas de todos los sectores políticos, incluso los propios, por la designación unilateral de jueces para el máximo tribunal, Macri y Lorenzetti acordaron cómo será el proceso de incorporación. La transparencia y la República a un segundo lugar.
Pep - Redacción En Orsai // Jueves 17 de diciembre de 2015 | 11:07
Las críticas no se hicieron esperar cuando se publicó el decreto presidencial que designaba en comisión a dos magistrados para el máximo tribunal del país. El mismo Ricardo Lorenzetti recibió con buenos ojos las designaciones, pese a que violaban la misma Constitución Nacional y las leyes vigentes para el nombramiento.
El presidente de la Nación y el de la Corte Suprema mantuvieron una reunión donde decidieron postergar la asunción de los nuevos jueces, hasta el mes de febrero.
El resultado de la reunión fue comunicado como que “dado lo avanzado del año judicial y que restan solamente dos acuerdos de la Corte y el receso durante el mes de enero, aparece como prudente realizar las incorporaciones en un momento de plena actividad judicial”.
Pero lo que fue presentado como un simple acuerdo, es en verdad reconocer que el decreto emitido por Macri viola las leyes y los procedimientos para la selección de los magistrados cortesanos. Sin embargo, ambos coincidieron en destacar “la plena vigencia del Decreto 83/2015”.
Lo que no reconocieron ambos fue que el debate debía pasar por el Senado antes de integrar el máximo tribunal. Con una vaguedad inusitada el comunicado de la reunión destaca que “la necesidad de integrarla con dos nominaciones en un tiempo oportuno, objetivo institucional para el cual colaborarán tanto el Poder Ejecutivo de la Nación, como la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en sus relaciones con el Honorable Senado de la Nación”.
Así, ambas figuras se presentan como los únicos que decidieron cómo se tiene que integrar la Corte. Pero lo que parece como un acuerdo, es simplemente el camino que nuca debió haber sido vulnerado por el Presidente, que los Ministros cortesanos deben ser nombrados con acuerdo de la Cámara alta.