Habitualmente, De la Sota tarda varios días en pronunciarse sobre críticas o denuncias contra su gobierno o su figura. Pero esta vez, la gravedad del hecho –que contratistas del Estado hagan de intermediarios entre el gobierno provincial y periodistas para desviar pauta oficial a través del sector privado, según lo que denuncia el abogado que hizo conocer el video en las redes sociales- lo llevó a hacer declaraciones más rápido de lo habitual.

“Cuando interviene otro poder del Estado, dejo que actúe. Creo que hay denuncia judicial. Sería una improlijidad de mi parte emitir una opinión”, aseguró De la Sota a radio Mitre Córdoba (Grupo Clarín), a pesar de que todavía no se conoce que la oposición haya radicado la denuncia.

“Si hay un funcionario involucrado, le pediremos que se ponga a disposición de la Justicia”, prometió el mandatario, aunque luego dijo que no le gusta “perder tiempo en cosas que no tienen sustancia”.

“Tuve que preocuparme por infinidad de denuncias que se han hecho. Todas fueron desechadas por el Poder Judicial”, desafió De la Sota, que por estas horas va a ser denunciado por dirigentes del radicalismo, el macrismo, el kirchnerismo, el vecinalismo y el juecismo ante la Justicia por el contenido de la cámara oculta.

La Oposición también comunicó que va a hacer una presentación ante la Fiscalía General de la Provincia, debido a que el empresario que aparece en la cámara oculta oficiando de vocero de los intereses del gobierno de De la Sota es director de una empresa que es contratista del Estado (se encarga de la cobranza tributaria provincial).

En el video (difundido y editado por el abogado Marcelo Touriño, que afirma querer desenmascarar el proceder extorsivo del periodista) se ve al empresario trasladarle al periodista Tomás Méndez, conductor del programa ADN (Canal 10 Córdoba), una oferta del gobierno provincial por 500 mil pesos anuales en pauta oficial o privada a cambio de difundir información que perjudique a “todo el arco opositor”.

Hermann Karsten, director de Colector, le sugiere acordar con la administración delasotista algunos temas en los cuales podía criticar al gobierno provincial, como maniobra distractora. Y a la vez, que la pauta sea vehiculizada a través de firmas que no levanten sospechas sobre la independencia del programa.

Así, en el editado se nombra al operador delasotista Horacio Miró y al empresario Walter Poplawsky, de la constructora Britos, la principal empresa beneficiada por la obra pública en la provincia.