La Unidad de Información Financiera (UIF) apeló el sobreseimiento del CEO de la empresa Techint, Paolo Rocca, y otros directivos en la llamada causa "Cuadernos" y pidió a la Cámara Federal porteña que revoque esa decisión.

El recurso de "apelación adhesivo" fue presentado por el organismo que preside Carlos Cruz luego de que el juez federal Julián Ercolini sobreseyera a Rocca, al director de la compañía Luis Betnaza y a otro miembro de la firma al momento de los hechos, Héctor Zabaleta, según se informó en un comunicado de la UIF.

El planteo fue hecho para que la Cámara Federal analice lo resuelto por el juzgado federal 11 que estuvo a cargo del fallecido juez Claudio Bonadio y ahora es subrogado por Ercolini. Es que en el sobreseimiento se consideró que los empresarios hicieron "pagos ilegales" -es decir coimas- pero en un "estado de necesidad".

Zabaleta y Betnaza aseguraron, como arrepentidos, que pagaron sobornos. Rocca alegó que supo de las coimas por los medios. Ercolini llega a la conclusión de que los pagos ilegales habrían tenido “como única y forzada motivación la de evitar serias afectaciones a la libertad e integridad de las personas que trabajaban en Venezuela en una de las empresas del grupo económico al que pertenecían (…) el daño que pudo haber supuesto el pago ilegal de una suma importante de dinero a un funcionario público del gobierno, habría estado justificado por la necesidad de salvar o evitar mayores daños cuya ocurrencia era inminente”.

Entre los argumentos, se mencionó el "recorte probatorio arbitrario realizado por el juez que en su propia resolución da cuenta de la existencia de pruebas pendientes", se explicó en el texto.

El recurso de apelación adhesivo está previsto en el artículo 439 del Código Procesal Penal de la Nación que "faculta a las partes a manifestar su discrepancia con la resolución en una instancia posterior a la originaria de la interposición del recurso"

"La UIF puso de manifiesto que carece de sustento fáctico y legal la decisión que da por acreditado el “estado de necesidad” alegado por los empresarios de la multinacional, en tanto ninguna evidencia ha logrado conectar los presuntos desembolsos de dinero con las medidas de fuerza tomadas por los gremios en la República Bolivariana de Venezuela" se agregó.

Por otro lado se cuestionó uno de los argumentos del fallo, según el cual el CEO del Grupo Techint, Rocca, "no estaba enterado" de lo sucedido.

Ercolini sobreseyó a los empresarios en una resolución en la que sí procesó al exsubsecretario de Coordinación y Control del Ministerio de Planificación Roberto Baratta.

"Resulta cuestionable que en un ilícito de estas características en que intervienen necesariamente dos partes, se sobresea a una de ellas mientras se procesa a la otra. Por ello sorprende que el Fiscal que investiga la causa -Carlos Stornelli- no haya apelado. Resta conocer la decisión que tomará al respecto el fiscal de Cámara", sostuvo la UIF en la comunicación que difundió.

La investigación vinculada a Techint se tramita por separado a la causa principal que ya fue enviada a juicio oral.

Ercolini tuvo por acreditado que existieron los supuestos pagos reseñados en los cuadernos del exchofer del Ministerio de Planificación Oscar Centeno, aunque eximió de responsabilidades a los empresarios, porque sostuvo que las erogaciones de dinero habrían sido para evitar "serias afectaciones a la libertad e integridad" de personas vinculadas con la multinacional.

Durante la investigación judicial, uno de los directivos de la corporación Techint sostuvo que los presuntos pagos estuvieron vinculados a la necesidad de que el Gobierno de Néstor Kirchner realizara gestiones ante la administración de Hugo Chávez en Venezuela en 2008, por la supuesta expropiación de la compañía siderúrgica Sidor.

"Entiendo que si bien la conducta endilgada a Betnaza y Zabaleta (de ordenar y ejecutar los pagos, respectivamente, a un funcionario público) podría tener relevancia penal en cuanto su adecuación típica, considero que, por los hechos acreditados que han sido reseñados, habría mediado una causal de justificación, en los términos del artículo 336, inciso 5to. del Código Procesal Penal de la Nación, que conlleva el dictado del sobreseimiento de los nombrados", sostuvo Ercolini.

"Su accionar habría tenido como única y forzada motivación la de evitar serias afectaciones a la libertad e integridad de las personas que trabajaban en Venezuela en una de las empresas del grupo económico al que pertenecían", afirmó el magistrado en esa resolución ahora apelada por la UIF.

La decisión de Ercolini no fue apelada por el fiscal de instrucción del caso, Carlos Stornelli, pero sí por la defensa del procesado Baratta, quien según la acusación recibió el pago de "dádivas" por parte de la empresa.

Fuente: Ambito.com