Acceder a las aguas de uso público que rodean a la propiedad es una misión prácticamente imposible para el ciudadano de a pie y hasta para los manifestantes que han denunciado a Lewis por bloquear el camino. Pero fue posible para un grupo de jueces, directivos del Grupo Clarín, exagentes de inteligencia y un ministro del gobierno porteño, quienes pasaron ahí unos días de descanso, masajes, pesca y esquí en octubre delañopasado. De no haber sido por un hacker que accedió al celular del ahora exministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D´Alessandro, y filtró los mensajes, nadie se hubiera enterado del cónclave. Los chats delatan que los participantes trataron de encubrir el viaje presentando facturas truchas. También demostrarían los delitos de dádivas, tráfico de influencias (particularmente en el fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación en la ciudad de Buenos Aires) o defraudación del Estado en el contrato para las grúas de acarreo de la ciudad.

El escándalo motivó grandes titulares en los principales medios de comunicación, una catarata de presentaciones judiciales, la renuncia de D´Alessandro y el descarrilamiento de la candidatura presidencial del entonces jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. A un año de la filtración que sacudió al país, Filtraleaks habló en exclusiva con el primer denunciante, analizó las decenas de causas presentadas en distintos juzgados del país y volvió a revisar los chats. Pese a la contundencia de las pruebas, las causas judiciales duermen apiladas en los cajones de los tribunales. El resto de los participantes del viaje a Lago Escondido sigue con su vida como si nada hubiera pasado.

Como la información de la visita a la mansión de Lewis se filtró a medios como Página/12 o El Destape, en distintos grupos de Telegram muestran como los jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques y Pablo Yadarola y el directivo de Clarín Jorge Rendo se complotaron para ocultar o tergiversar la información del encuentro. Los diálogos brotaron a horas de la condena a seis años de cárcel de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por irregularidades en el otorgamiento de obra pública de Santa Cruz en la llamada causa Vialidad. También en plena efervescencia por el mundial de futbol de Qatar. Las huellas que dejaron los participantes del viaje se conocieron en diciembre de 2022 pero dos meses antes, en la más absoluta soledad, un abogado presentó una denuncia en la justicia de Bariloche.

“Es un caso bastante descriptivo de un soborno, de un pago de jueces que estaban interviniendo directamente en asuntos de los sobornantes. Hoy está absolutamente cajoneado el expediente. El gran ‘éxito’ está marcado por haber logrado mandar el expediente de Bariloche a Comodoro Py, atendido por sus dueños, y es la punta del iceberg del funcionamiento del fuero federal en la Argentina y las idas y vueltas con la clase política, que pensaban que ese era un fuero manejable”, aseguró el abogado Marcelo Hertzriken Velasco, quien formuló la denuncia por violación de deberes de funcionario público, admisión de dádivas y tráfico de influencias agravado hacia jueces y fiscales. Esta causa, al igual que otras presentadas en el país, terminó cayendo en el bolillero de Comodoro Py.

A la par del escaso avance judicial, algunos de los denunciados por el viaje declararon ante la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados contra los integrantes de la Corte Suprema, bajo la acusación de «mal desempeño de sus funciones» y «manifiesta parcialidad» a la hora de emitir fallos judiciales, entre otras irregularidades. Uno de los diputados más activos de esa comisión, Rodolfo Tailhade, contó a Filtraleaks cuáles fueron sus primeras sensaciones al conocer los chats un año atrás. “Más allá de que alguien haya intrusado alguno de los teléfonos, fue un descuido muy grande de Marcelo D´Alessandro, la persona que supuestamente no debía tener estos deslices porque era el ministro de Seguridad y estaba en contacto con la policía”, sostuvo Tailhade, quien agregó:

“La segunda sensación que tuve fue de una gran ingenuidad mía porque pensé que con esto conseguíamos un elemento fundamental para demostrar lo que venimos diciendo hace años: que hay una mafia judicial que está manejada fundamentalmente por el poder económico y por Clarín. Ellos son el respaldo del macrismo en términos de impunidad y son la garantía de la persecución a Cristina. Claramente me equivoqué porque por ahora esas pruebas no han servido para gran cosa”. Como una suerte de búmeran, a principios de noviembre de 2023 Tailhade fue acusado de trabajar codo a codo con Ariel Zanchetta, un exagente de la Policia Federal acusado de espionaje ilegal, algo que el diputado niega rotundamente.

Del hackeo al celular de D’Alessandro se conocieron distintos intercambios de mensajes que en este informe se dividen en tres partes. La primera y más significativa responde al viaje a Lago Escondido. La segunda refiere a los intercambios de D’Alessandro con Silvio Robles, vocero del juez de la Corte Horacio Rosatti, y con el juez federal Sebastián Ramos, particularmente en el fallo sobre coparticipación, en el que el máximo tribunal dispuso que el gobierno nacional le pague a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95 por ciento de los fondos coparticipables. Los mensajes revelan, cuanto menos, una relación amistosa entre Rosatti y el macrismo, reflejada en unacolaboración alfilo de la ley enexpedientes judiciales que eventualmente llegarían altribunal supremo. En tercer lugar aparecen los chats de D’Alessandro con “el zar de las grúas”, el empresario Marcelo Violante, quien manejó durante varios años el negocio millonario del acarreo de vehículos en la Ciudad.

Los jueces, funcionarios y empresarios imputados por el viaje a Lago Escondido en su llegada al Aeropuerto Internacional Teniente Candelaria de Bariloche. La foto fue entregada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria ante el pedido de la fiscal María Candida Etchepare.

El viaje

Los chats y audios revelados forman parte de una filtración realizada por hackers en el sitio https://breached.vc/. Luego el contenido fue subido a https://patagonianfacts.com/ pero rápidamente fue bajado del sitio. Los chats filtrados fueron difundidos por medios como Tiempo Argentino, Ámbito Financiero, Página/12 y El Cohete a la Luna en base al contenido del teléfono de D´Alessandro. Se trata de mensajes y audios sostenidos en un grupo de Telegram llamado “Operación de Página|12”, y otro más reciente y con un contenido muy similar, titulado “Grupo Donato Contraataca”.

Ambos grupos de Telegram reunían a los siguientes integrantes:

• Marcelo D’Alessandro: diputado nacional del Frente Renovador de Sergio Massa entre 2013 y 2016, año en el que asumió como secretario de Justicia y Seguridad porteño. Luego de la renuncia de Diego Santilli en 2021 asumió como ministro de Seguridad de la Ciudad. Su celular fue presuntamente hackeado para filtrar los chats.

• Julián Ercolini: titular desde 2004 de uno de los 12 juzgados federales de Comodoro Py. Tiene 60 años, es docente universitario y es el juez que instruyó la causa Vialidad, que condenó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es el juez federal que atribuyó al Grupo Indalo una venta simulada de sus empresas y detuvo a sus accionistas Cristóbal López y Fabián de Sousa cuando, de acuerdo a los propios accionistas, se negaron a colaborar con Mauricio Macrì.

• Carlos Mahiques: juez de la Cámara Federal de Casación Penal. Llegó a ese tribunal en 2017 gracias a un traslado desde la otra Cámara de Casación, la porteña, que trata delitos ordinarios. Antes fue ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en el gobierno de María Eugenia Vidal. En septiembre de 2021 “Coco” declaró la prescripción de la causa contra Joe Lewis por la compra de más de 10 mil hectáreas en Lago Escondido.

• Juan Bautista Mahiques: hijo de Carlos. Durante el gobierno de Cambiemos fue el representante del poder ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura. Actualmente es el jefe de los fiscales de la Ciudad. Fue subsecretario de Asuntos Penitenciarios del gobierno de Mauricio Macrì. Durante su gestión se denunció el espionaje de detenidos como el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el exministro de Economía Amado Boudou, el sindicalista Omar Suárez y el vicepresidente de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra. La intercepción de esas comunicaciones contó con el visto bueno del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, quien es compadre de Marcelo D’Alessandro.

• Pablo Cayssials: titular desde 2009 de uno de los juzgados de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal. Es un juzgado clave en las causas contra la exprocuradora Alejandra Gils Carbó. En 2015 suspendió una resolución que ordenaba la adecuación de oficio del Grupo Clarín. En el juzgado Contencioso Administrativo Federal N°9 que comanda hay al menos 82 expedientes vinculados al emporio mediático que dirige Héctor Magnetto.

• Pablo Yadarola: juez del fuero Penal Económico desde 2015. Candidato del radicalismo a la Cámara Federal. Procesó al exministro Julio De Vido y al extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray, por tentativa de contrabando en la causa por la valija con 800 mil dólares que el venezolano Guido Antonini Wilson quiso ingresar al país el 4 de agosto de 2007.

• Tomás Reinke: asesor en comunicación, consultor y presidente de la empresa MediaBit SA, especializada en el diseño y ejecución de campañas digitales. Ocupó cargos importantes en los diarios Clarín y Olé, y por casi 8 años estuvo en la dirección comercial de El Cronista Comercial y las revistas Apertura e Information Technology. Fue exjefe de Legales de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), antes de su reorganización en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

• Leonardo Bergroth: exfuncionario de los servicios de inteligencia de la SIDE. Su rol y posición actual son desconocidos.

• Pablo Casey: abogado y sobrino de Héctor Magnetto. Director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín. Siendo estudiante de abogacía ingresó a Papel Prensa a fines de 1987. Fue abogado de Radio Mitre, de Cablevisión, del estudio Sáenz Valiente & Asociados y es uno de los gerentes con mayor peso del grupo.

• Jorge Rendo: presidente del directorio del Grupo Clarín y número dos de Héctor Magnetto en el multimedio. Es un directivo histórico del Grupo Clarín y estuvo involucrado en el escándalo de Lago Escondido, en el que aparece como el anfitrión del viaje de magistrados y funcionarios.

¿Qué revelan los chats filtrados?

1. El viaje

El primero de los grupos surgió como respuesta a un artículo publicado el 17 de octubre por Raúl Kollmann e Irina Hauser, que daba cuenta de un “cónclave político judicial secreto” en la mansión del magnate británico Joe Lewis. Visiblemente molestos, los viajantes crearon el grupo en Telegram para ocultar la noticia. En los chats los hombres mencionados cranean maniobras para justificar el viaje. La salida preferida es conseguir facturas truchas; también barajan excusas como acordar que solo fueron a pescar. Sondean jueces para intentar frenar el avance de investigaciones y hablan con jefes editoriales y periodistas de Clarín, La Nación, C5N o Infobae, con el objetivo de que el viaje no se siga exponiendo públicamente. Uno tras otro los mensajes hablan del seguimiento realizado por distintos medios, incluso denigrando a algunos como El Destape. Las filtraciones de los chats se conocieron en Noviembre del año pasado.

Hay claras amenazas a funcionarios públicos, como el caso de José Alejandro Glinski, director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). A Glinski lo señalan como el responsable de que se hayan filtrado las planillas de vuelo. Buscan, en palabras de Mahiques, “cargarse” a la PSA.

Hay un segundo chat filtrado que lleva el nombre “Grupo Donatto contrataca”. Reúne a los mismos miembros del primero y el contenido es muy similar. Creado días después, parecen extremar los cuidados. Acusan el golpe de la filtración, son más discretos, piensan en estrategias y en ocultar lo máximo posible las evidencias del viaje. Además intercambian comentarios misóginos sobre la expresidenta del Consejo de la Magistratura, y quien da nombre al chat, Adriana Donato.

Apenas inaugurado el chat el juez Julián Ercolini comenta: “El apellido Donato me lleva a pensar en mollejas”. “Molleja” o “molle” es el apodo de Pablo Casey. En el armado de la estrategia para zafar del viaje a Lago Escondido, el ministro D’Alessandro propuso al resto del grupo de Telegram: “Victimicémonos con que fuimos espiados, así el próximo viaje podemos llevar a Donato y nadie va a sospechar”. Carlos Mahiques aporta: “Para alegría del amigo PC”, todo indica que en relación a Pablo Casey, el gerente de relaciones institucionales del Grupo Clarín. Donato es hoy asesora del fiscal Mahiques.

El organizador del encuentro en Lago Escondido habría sido Jorge Rendo, quien en un audio filtrado confirmó la presencia en la reunión de “gente de La Nación”. El contingente llegó en un avión privado al aeropuerto de Bariloche y los integrantes subieron en vehículos que suele usar Lewis y viajaron en helicóptero a un centro de esquí cercano. Las facturas del vuelo y otros comprobantes fueron incorporados al expediente judicial.

2. Corte Suprema y coparticipación

El 29 de diciembre de 2022 trascendieron nuevas conversaciones de Marcelo D’Alessandro que parecen mostrar cómo este instruía al vocero de la Corte Suprema, Silvio Robles, la forma en que tenía que fallar en determinadas causas mientras Robles le explicaba al funcionario porteño lo que debía hacer para que una causa llegara al máximo tribunal. La Corte acababa de fallar a favor de la Ciudad de Buenos Aires en un epediente en el que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta demandó al de Alberto Fernández por la quita de una parte de la coparticipación. De la filtración se desprende que el 9 de noviembre de ese año Robles, director general de la vocalía del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, le envió a D’Alessandro el link de una nota titulada: “El juez Rosatti seguirá al frente del reclamo de CABA contra Nación por la coparticipación”.

D´Alessandro y Robles se conocen hace años. Según el diario Perfil llegaron juntos a la fiesta de cumpleaños del fiscal de la Ciudad, Juan Ignacio Mahiques, el 15 de agosto del año pasado en el restaurante “El Secreto” del Hotel Four Seasons. Bajo el argumento de la cercanía y la consiguiente incompatibilidad, el Estado recusó a Rosatti en la causa de coparticipación. El temor de parcialidad no fue tenido en cuenta y Rosatti siguió interviniendo en el caso.

El empleado de la Corte compartió la novedad con D’Alessandro con una frase irónica: “Espero que hagas sacar el ´fallo Robles´”. Días más tarde, según los chats filtrados, entró a jugar la disputa que Juntos por el Cambio mantenía en aquellos días con el Frente de Todos por la integración del Consejo de la Magistratura. “En 5 te paso letra para que vos lo muevas”, le dijo el vocero de Rosatti, quien también preside el Consejo, sugiriendo el modo en el que Juntos por el Cambio debería seguir la discusión en la justicia para birlarle una banca al oficialismo.

“Contencioso o pueden ir a la Corte considerando que hay que ejecutar la sentencia. Pero todo depende de quién (puede ser juez o alguien que sea considerado parte). Tienen dos opciones: o demandan donde está el expediente (que está en Corte o Contencioso) o nueva demanda en el Contencioso”, dicen los chats filtrados. Finalmente Luis Juez, que peleaba por el lugar de Martin Doñate en el Consejo, se presentó ante el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal para reclamar un espacio, pedido que fue rechazado e hizo que vaya a la Corte. El máximo tribunal le dio la razón habilitando su asunción y revocando el nombramiento de Doñate.

Otro tramo de las conversaciones filtradas, en este caso atribuidas a D’Alessandro y el juez federal Sebastián Ramos, se revelaron poco después de que el magistrado concurriera a la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados para declarar como testigo en el proceso abierto contra los cuatro jueces de la Corte Suprema. Allí dijo no estar comprendido por las generales de la ley. Ramos fue el juez que, en plena feria judicial, archivó la causa por esos audios. En todos los chats filtrados D’Alessandro y Ramos se tratan con una excesiva confianza: uno es «Tano» y el otro es «Seba». El 23 de julio de 2021 Ramos felicita a D’Alessandro por su designación como ministro del gobierno porteño.

En mayo de ese año Ramos le pide acelerar la entrega del cuerpo de una anciana fallecida que la policía retrasaba. “¡Estoy empujando todo lo posible! La fiscal es una pelotuda”, le dice D’Alessandro. Finalmente el ministro consigue que le entreguen el cuerpo y el juez agradece que la familia de la fallecida fue atendida “1.000 puntos” por el comisario. El ministro de Seguridad en ese momento contestó: “Era la idea amigo! Sino lo parto”. El último chat filtrado entre D’Alessandro y Ramos corresponde al 26 de enero de 2022. A las 23:30 Ramos le agradece a D’Alessandro por la entrega de un auto. Los motivos no quedan claros.

3. “El zar de las grúas”

La tercera tanda de chats vincula a D’Alessandro con Marcelo Violante, empresario que manejó durante décadas el negocio millonario de las grúas y playas de estacionamiento en la Ciudad. Al frente de Dakota S.A., Violante estuvo a cargo durante 20 años del acarreo de autos en infracción. Hasta septiembre de este año pagaba la irrisoria suma de 55 mil pesos mensuales, con una concesión vencida y con el precio que deben girar a la Ciudad congelado desde 2014. Mientras tanto el costo del acarreo para el infractor no paró de subir, de 350 pesos en 2014 hasta llegar a los 9.500 pesos este año.

Los chats parecen mostrar que D’Alessandro usaba su influencia en la justicia porteña para hacerle favores a Violante y que el empresario retribuía esos favores pagando coimas. El 14 de junio de 2019 Violante le escribe a D’Alessandro para que medie ante Carlos Rolero, fiscal penal de la Ciudad de Buenos Aires, y evitar así una probation contra el presidente de su empresa por violar una clausura.

Ese mensaje de whatsapp continúa y Violante pregunta: “¿Se podrá solamente pagar la multa sin la probation? Porque si no va a quedar el antecedente”. Violante hace referencia a Rubén Laghezza, titular de Brewda Construcciones S.A., parte del grupo Dakota. “Si, me acuerdo. Ya está para resolver. Yo hablo”, le responde D’Alessandro, quien le pide tiempo para hablar con el fiscal.

El 11 de julio de 2019 Violante le escribe a D’Alessandro para decirle que «no pude juntar todo» y que «antes de fin de mes te integro el 100 por ciento». El empresario le asegura que tiene «60 verdes en dos sobres abiertos de 30 verdes cada uno» y «50 lucas que están descubiertas». Dos meses más tarde Violante le avisa al entonces ministro de Seguridad que necesita verlo «por el chat que te mandé» y «de paso te llevo los 50 mil». 10 días más tarde uno de los chats menciona al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. La idea es hacer unos “negocios”.

A principios de 2020 Violante le pide a D’Alessandro que hable con José Luis Giusti, ministro de Desarrollo y Producción de CABA. El plan es avanzar sobre distintas licitaciones para la construcción de estacionamientos en la Ciudad. D’Alessandro le responde que se va a ocupar y el empresario le advierte que tiene «miedo que lo caguen» porque «se presentaron unos cuantos».

La investigación judicial

1. El viaje

La denuncia penal por el viaje a Lago Escondido fue presentada el 24 de octubre de 2022 por el abogado Marcelo Hertzriken Velasco en la justicia de Bariloche. Si bien nació en Buenos Aires, hace tres décadas Velasco se fue al sur para radicarse en General Roca, trabajando fundamentalmente en la defensa de víctimas de abusos y violaciones. En octubre del año pasado estaba en Buenos Aires cuando leyó las notas de Página/12 y El Destape dando cuenta del viaje a Lago Escondido. “Llamé a Bariloche y me confirmaron que así había sido. A mano alzada porque ni tenía notebook hice la primera denuncia al Consejo de la Magistratura. El domingo o lunes vuelvo a Roca y hago la denuncia en la fiscalía federal de Bariloche”.

La conducta juzgada era la violación de los deberes de funcionario público, admisión de dádivas y tráfico de influencias agravado hacia jueces y fiscales, todos delitos contemplados en el Código Penal. “Capítulo aparte merece el presunto regalo de ser trasladados, alojados y racionados, cuando no paseados, a costas de integrantes del PRO y del propio magnate inglés Lewis quien los habría recibido en su residencia”, señaló Velasco en la denuncia.

La fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare, a quien los miembros del chat buscaron convencer para que desestime la denuncia, pidió imputar a los 10 involucrados en el viaje por presunta comisión de delitos de acción pública. Etchepare le pidió a la jueza federal Silvina Domínguez que se levante el secreto fiscal y bancario de todos los nombrados y de las empresas, al tiempo que le pidió a la AFIP y a la DGI que analice las facturas presentadas.

El 5 de diciembre de 2022 el presidente Alberto Fernández habló en cadena nacional y el ministro de Justicia Martín Soria se presentó en la causa abierta en Bariloche. La denuncia del gobierno pidió varias medidas de prueba como la entrega de los celulares de todos los implicados y el secuestro de los mismos. El escrito presentado por el ministro de Justicia incluyó un pedido para aceptar al Estado Nacional como querellante. La Cámara Federal de Casación rechazó ese pedido. En una resolución que lleva la firma de los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, el máximo tribunal penal consideró que las circunstancias del viaje bajo investigación «no permiten observar que pudieran generar un perjuicio directo a las atribuciones o deberes del ministerio de Justicia». Velasco, el abogado denunciante, también fue rechazado como querellante.

El 23 de marzo de este año la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que la investigación por el viaje a Lago Escondido salga de la justicia de Bariloche y pase a los tribunales de Retiro. La sala I del máximo tribunal penal federal del país dispuso “declarar competente al juzgado nacional en lo Criminal y Correccional Federal 2” de la ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Sebastián Ramos, el mismo que aparece en los chats recibiendo favores de D’Alessandro. Los jueces de Casación Daniel Petrone y Diego Barroetaveña compartieron el criterio del juez de la sala II de la Cámara Federal porteña, Eduardo Farah, quien sostuvo que la justicia de Bariloche debía inhibirse y enviar la investigación a Comodoro Py.

Petrone y Barroetaveña aceptaron además que se excuse el tercer integrante de la sala, el juez Carlos Mahiques, para intervenir en el caso ya que es uno de los imputados. En el expediente que cayó en manos de Ramos fueron denunciados Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials, Juan Bautista Mahiques, Marcelo D’Alessandro, Leonardo Bergroth, Tomás Reinke, Pablo César Casey y Jorge Rendo por el presunto delito de dádivas y tráfico de influencias. El fiscal de la causa era el fallecido Federico Delgado, pero tras su muerte lo reemplazó Carlos Rívolo, quien se excusó de intervenir en la denuncia. Adujo “violencia moral” debido a que su nombre aparece entre los contactos frecuentes de D’Alessandro, aunque no aparezca entre los miembros del chat.

De los documentos que aparecen en la causa surge que los implicados recibieron un servicio de masajes y volaron en helicóptero hasta lo alto del cerro Perito Moreno para esquiar fuera de temporada. Al expediente se agregaron las facturas de Flyzar, la empresa que alquiló el avión en el que viajaron. Un documento del 13 de octubre, el mismo día del viaje, muestra que Flyzar le cobró 120 mil pesos a cada uno. Hidden Lake, el nombre de la empresa que maneja la estancia, les extendió a todos los visitantes una factura por 605 dólares el 28 de octubre de ese año. Cobraron “servicio de alquiler” por un “evento 13/10/2022 al 15/10/2022”. Otras corresponden a Bergroth de fecha 17 y 19 del mismo mes por la suma de $120.000 y $60.000 respectivamente. “Estas últimas resultan posteriores a la fecha en que habría viajado y por un monto superior. Llama la atención que en todos los casos los pagos figuran como efectuados en la modalidad ‘contado’ y que el pago se realizara el mismo día del vuelo”, escribió la fiscal Etchepare antes de que la causa pasara a Comodoro Py.

Henritzken Velasco recordó a este medio la testimonial que le toma Etchepare a Nicolás Von Ditmar (el administrador de la estancia de Joe Lewis) para ingresar las facturas. “Directamente es algo que salta a la vista que fue consensuada. Tenés un testigo y no le preguntás nada. Venís, decís lo que quieras, ni siquiera le preguntás quiénes viajaron, quiénes estuvieron, qué hicieron. No, nada. Fue una testimonial de ingreso de las facturas, previamente consensuada. Esa sería la primera etapa del delito, el contubernio”, detalló el letrado.

“El expediente está parado desde mayo/junio, que fue cuando se unificaron todas las causas. El expediente si seguía en Bariloche terminaba en una indagatoria muy rápida, un procesamiento, el pedido de suspensión de estas personas al Consejo de la Magistratura y el pedido de desafuero al Congreso Nacional. En esa línea iba la jueza María Silvina Domínguez, pero ella se jubiló y por otro lado nos sacaron la causa arteramente”, afirmó el abogado desde General Roca y agregó: “Con lo que denuncié yo, lo que hizo Silvina y lo que trascendieron los chats en un país con independencia de poderes real estos tipos estarían presos, o por lo menos condenados y fuera de sus cargos. Ahora tienen serias posibilidades no solo de ser absueltos, sino que a la primera de cambio, si gana alguno de los dos candidatos de la derecha (N. de la R.: Javier Milei o Patricia Bullrich), probablemente alguno de ellos hasta termine en la Corte Suprema”.

Días antes de la denuncia penal, Velasco solicitó el inicio de un proceso disciplinario ante el Consejo de la Magistratura. En el momento en que explotaron los chats, otro de los denunciantes subió a la web un modelo para denunciar a los jueces ante el Consejo de la Magistratura. De esa forma se acumularon en un año más de 400 denuncias contra los integrantes del chat en el Consejo. Todas están incorporadas en un expediente en el Consejo, que parece hacer todo lo que puede para bloquear la investigación.

El juicio político

Más allá de que las denuncias por el viaje a Lago Escondido estén hoy archivadas, algunos de los denunciados declararon en el marco de un juicio político a los integrantes de la Corte Suprema, acusada de «mal desempeño de sus funciones» y «manifiesta parcialidad» a la hora de emitir sus fallos judiciales, entre otras irregularidades. El proceso empezó en enero de 2023 en la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados, con la participación de legisladores, abogados y asociaciones de juristas y continúa desarrollándose hastael día de hoy.

En la audiencia del 23 de febrero los jueces federales Sebastián Ramos y Alejo Ramos Padilla brindaron su testimonio. La convocatoria de ambos magistrados federales estuvo vinculada a la causa judicial derivada de la filtración de las conversaciones atribuidas a Silvio Robles y Marcelo D´Alessandro. Ramos señaló que «dictar el archivo» de la causa «fue una medida urgente» y aclaró que «en esa causa se pudo habilitar la feria judicial porque se solicitaba medidas como el aseguramiento urgente de una medida de prueba», como el allanamiento de un teléfono celular. Por el contrario, el juez Ramos Padilla manifestó que «si lo que van a discutir acá es la utilización o no de las escuchas en un proceso de juicio político, quiero recordar que lo hicieron durante tres años conmigo mientras llevaba varias causas».

En la audiencia del primero de agosto, los diputados nacionales del Frente de Todos cuestionaron la resistencia de Silvio Robles a responder las preguntas sobre el fallo del máximo tribunal por la coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires. “Fue penoso lo de Robles”, sostuvo Tailhade, quien explicó: “Casi todas las preguntas las evitaba invocando el artículo 18 de la Constitución Nacional que prohíbe que alguien esté obligado a autoincriminarse. Sobre esa base este hombre se negó a responder prácticamente la totalidad de las preguntas aún cuando muchas de las preguntas no tenían que ver con posibles hechos delictivos en los cuales él estuviera involucrado. No quería darnos absolutamente ninguna información de nada que nosotros pudiéramos usar. Y D’Alessandro anduvo más o menos por el mismo camino”.

El 29 de agosto una nueva audiencia contó con la esperada presencia del exministro de Seguridad. Se negó a confirmar si conocía a Silvio Robles, colaborador y mano derecha de Horacio Rosatti. Dijo que las conversaciones que se difundieron “fueron una operación de inteligencia” y se negó a declarar. También fue interrogado el secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, Juan Manuel Olima Espel, por su participación en uno de los chats filtrados. El 25 de septiembre de 2020 D’Alessandro le pidió a Olima que le enviara un dictamen por el que procurador general de la Nación Eduardo Casal reconocía la competencia de la Corte Suprema para intervenir en el reclamo por los fondos coparticipables que hacía el gobierno porteño. Lo llamativo es que Olima se lo pasó antes de que estuviera subido al sistema. “Olima dijo que las conversaciones esas eran verdaderas. Dijo que no tenía absolutamente nada irregular, pero lo que nosotros buscábamos era que nos confirmara que efectivamente mantuvo esas conversaciones porque eso nos permite decir que el resto de las conversaciones que aparecieron de la misma manera también son verosímiles”, razonó Tailhade.

El 11 de octubre la comisión concluyó la etapa de investigación por mal desempeño contra los magistrados. El informe fue aprobado y se trasladó a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti para que tengan la posibilidad de hacer su descargo por escrito o presentarse el martes 7 de noviembre para hacerlo en persona. No se presentaron. Los cuestionamientos a los integrantes del máximo tribunal incluyen los fallos del 2×1 en favor de los represores, de la reforma del Consejo de la Magistratura y de coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.

La defensa

Al otro lado del ring el juez Pablo Yadarola, uno de los participantes del viaje a Lago Escondido, presentó una denuncia por presunto espionaje ilegal y la misma recayó en el juzgado de Julián Ercolini, otro de los huéspedes de Lago Escondido. Según el medio Diarioar, el 4 de diciembre el juez Ercolini se excusó apelando a la figura de “ausencia momentánea del juez” y le pidió al magistrado Marcelo Martínez de Giorgi que asuma momentáneamente la investigación. La presentación de Yadarola por espionaje ilegal coincide con la contraofensiva que los participantes de viaje tejieron en los chats filtrados.

A fines de diciembre de 2022 Marcelo D’Alessandro denunció al diputado Rodolfo Tailhade por presunto espionaje ilegal. D’Alessandro señaló que Tailhade dijo en un programa radial que se iban a conocer nuevas filtraciones del celular del ministro de Seguridad y que lo difundió en sus redes sociales. “Dicha circunstancia llama poderosamente mi atención en cuanto a cómo esta persona tuvo a su alcance tales conversaciones antes que cualquier otra”, planteó en la denuncia, obviamente presentada en Comodoro Py.

En diálogo con Filtraleaks, Tailhade refutó esa teoría: “¿Por qué D’Alessandro me señaló como un posible responsable de las filtraciones? Porque el día en que se conocieron los chats yo hacía mi columna en la radio AM 530. Yo miré rápidamente los chats, agarré lo que más me interesaba que era la conversación de Robles y D’Alessandro por los fallos de la Corte y con eso hice la columna de ese día. A partir de ahí me empezaron a señalar como que fui el primero que empezó a hablar de los chats que yo sabía de los chats antes de que tomara estado público, cosas que eran todas mentiras”.

2. Corte Suprema y coparticipación

A 20 días de presentada la denuncia por los chats entre Robles y D´Alessandro, el juez federal Ramos desestimó las acusaciones por considerar que no se puede tomar como prueba un material obtenido mediante espionaje ilegal. La causa judicial quedó a cargo de Ramos luego de que otros magistrados se excusaran por diferentes razones. En primer lugar la tomaría Ariel Lijo, quien estaba de vacaciones, por lo que la denuncia pasó a la jueza María Servini, que se excusó de intervenir por conflictos previos con D’Alessandro. A partir de ahí la magistrada asignada fue María Eugenia Capuchetti, quien interviene en la causa por el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Como la jueza también estaba de vacaciones, el expediente pasó a Ramos.

La denuncia había sido elevada por el abogado Gastón Marano luego de que salieran a la luz las filtraciones. Marano es el abogado de “Los Copitos”, defensor de Gabriel Carrizo, procesado y detenido por el intento de asesinato a la expresidenta. “Marano se presenta en el juzgado de Capuchetti y dice que tomó conocimiento por los medios de comunicación de que la Corte estaba arreglando fallos. Esa denuncia inmediatamente fue cerrada sobre la base de que había sido una filtración ilegal, que eso no estaba en condiciones de que se diera como prueba para sostener la iniciación de una investigación. Yo estoy seguro de que esa denuncia la mandó a hacer Robles o Rosatti. Tenían todo arreglado en Comodoro Py para que de manera inmediata eso se cerrara e impidiera que en otros juzgados, o en la comisión de juicio político, se usaran los chats como prueba. ¿Por qué? Porque ya en una causa judicial se declaró que era prueba ilegal”, explicó Tailhade.

El 2 de enero el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, presentó una nueva denuncia contra Silvio Robles por supuesto «tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público» ante las filtraciones de chats que mostrarían un vínculo entre el gobierno porteño y ese tribunal. Zamora exigió «como cautelar la inmediata entrega de sus teléfonos de uso oficial» para someterlos a pericias y lograr «la pronta aclaración de esta situación que está generando una gravedad institucional sin precedentes». Apenas tres días después Zamora denunció que Robles «al final no entregó el celular» y consideró que «seguramente está muy contento» porque la causa en la que lo denunció pasó a los tribunales de Comodoro Py.

El juez a cargo del expediente, Guillermo Molinari, ordenó que el funcionario de la Corte entregara su teléfono. Robles estaba de vacaciones en el exterior, por lo que realizó presentaciones en la causa a través de su abogado Matías Ledesma. Robles hizo saber, a través de su letrado, que le preocupaba que la Policía Federal Argentina fuera a su casa y a la de su hijo en los últimos días y que esas actuaciones no estuvieran incorporadas al expediente digital. Fuentes de la cartera de Seguridad confirmaron que la PFA concurrió al domicilio del funcionario de la Corte para notificarlo de un oficio que había mandado el juez de Santiago del Estero. El juez Molinari declinó la competencia y envió la causa a los tribunales de Comodoro Py. La razón fundamental para desprenderse del expediente fue que los hechos sucedieron en la Ciudad de Buenos Aires.

Al gobernador santiagueño le siguió los pasos el de La Rioja, Ricardo Quintela, quien presentó el 6 de enero una nueva denuncia penal, en este caso contra Robles y D’Alessandro «por ser responsables de los delitos de tráfico de influencias y violación de los deberes como funcionarios públicos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del gobierno de CABA». Quintela pidió que se allane el ministerio de Justicia y Seguridad porteño y que se secuestren los teléfonos de Robles y de su interlocutor en el gobierno de la Ciudad. Su pedido corrió la misma suerte de Zamora.

A fines de enero el gobernador bonaerense Axel Kicillof denunció penalmente a Robles y D’Alessandro por los delitos de tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Kicillof hizo la denuncia en los tribunales federales de La Plata y el caso le tocó al juez federal Alejo Ramos Padilla. Semanas más tarde declaró que su juzgado es incompetente para investigar la denuncia pero no archivó la causa: sugirió investigar los hechos denunciados y remitió las actuaciones al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°5. En su fallo, Ramos Padilla advirtió que no hay pruebas para sostener que la filtración de los supuestos chats que motivaron esta denuncia hayan tenido origen en hechos de espionaje ilegal. El magistrado de La Plata se excusó tras comprobar la existencia de al menos otras cuatro denuncias presentadas en Santiago del Estero, La Rioja y la ciudad autónoma de Buenos Aires, con el mismo objeto procesal.

3. “El zar de las grúas”

Por instrucción del presidente Alberto Fernández, el ministro de Justicia Martín Soria presentó una denuncia penal el 6 de enero. La denuncia requería que se investigue a Marcelo D’Alessandro “por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y exacciones ilegales”. En uno de los tramos pidió investigar los presuntos hechos de corrupción vinculados al servicio de grúas de remolque de la Ciudad de Buenos Aires operado por la empresa Dakota S.A.

Al respecto el escrito destacó que “Dakota S.A. fue la encargada de la concesión del servicio de grúas y playas de estacionamiento de la Ciudad de Buenos Aires hasta que un escándalo sin precedentes en la historia de la Capital Federal terminó de forma abrupta el contrato: el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires solamente cobraba un canon de $55.000 por mes”, y agregó que ese canon irrisorio fue mantenido “por decisión política del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a pesar de que la Auditoría General de la Ciudad emitió informes advirtiendo que la relación entre lo recaudado y la cuota mensual que paga la concesionaria no tenía sustento alguno ya que el canon estaba sin actualizar desde el 2014”.

En paralelo el 16 de febrero la Inspección General de Justicia (IGJ) pidió la nulidad de Dakota. «No hay norma de funcionamiento en la Ley de Sociedades que no haya sido violada por esta sociedad», dijo al diario Página 12 el titular de la IGJ Ricardo Nissen, luego de que la entidad encontrara «graves y reiterados» incumplimientos en los balances, registros y estados contables de la empresa que estuvo a cargo hasta 2022 del servicio de acarreo en la Ciudad de Buenos Aires.

En su escrito la IGJ invocó el artículo 19 de la Ley de Sociedad Comerciales, que establece que «cuando la sociedad de objeto lícito realizare actividades ilícitas, se procederá a su disolución y liquidación a pedido de parte o de oficio», para solicitar la disolución de la firma a la justicia. La resolución lleva el número 94 y está firmada por el subinspector General de Justicia, Manuel Cuiñas Rodríguez. Mientras la IGJ investigaba las irregularidades en las operaciones de Dakota, el gobierno porteño prorrogaba el inicio de una nueva licitación para adjudicar el servicio de acarreo.

El contrato con Dakota y con BRD, la otra empresa que operaba el sistema, fue dado de baja en septiembre de 2022 por el gobierno de la Ciudad, acorralado por la presión que la oposición ejerció en la Legislatura para revocar las concesiones. A fines de septiembre de este año tres empresas fueron preseleccionadas para brindar el servicio de acarreo de autos en la ciudad: dos están vinculadas a la recolección de residuos en el país y la otra a un poderoso empresario de buena relación con el peronismo cordobés. Las empresas que operaron durante 20 años con la licitación vencida, Dakota y BRD, quedaron afuera.

El hacker misionero

A la par del escándalo de las filtraciones, medios como La Nación, Clarín o Infobae le dieron una importante cobertura a quien de entrada bautizaron como “el hacker misionero”: el joven Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro. A fines de junio el juez Marcelo Martínez de Giorgi detuvo a cuatro sospechosos de haber vulnerado los teléfonos de jueces de la Corte Suprema y de la Cámara Federal de Casación Penal: los misioneros Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, Santiago Machado, Nelly Valdés, y el expolicía federal Ariel Zanchetta. Nuñes Pinheiro confesó haber accedido al teléfono de Marcelo D’Alessandro.

El imputado explicó su modus operandi: dijo que alguien que no conocía le pedía por Telegram que recuperara una línea y cuando lo conseguía le enviaba los códigos de recupero de las distintas aplicaciones. “La información de la persona a hackear me la pasaba Eljuanxd (nombre de usuario)”, explicó Nuñes Pinheiro y detalló que cobraba entre 8.000 y 15.000 pesos en criptomonedas por cada cuenta hackeada. Del usuario Eljuanxd no se conoce su identidad, aunque en otro tramo de sus declaraciones Nuñes Pinheiro dijo que para agilizar sus búsquedas recurrió a una página de la deep web llamada «Dark PFA», cuyo referente era un usuario identificado como «Pr1sox”.

Una investigación judicial a cargo del fiscal federal Franco Picardi en Comodoro Py descubrió que Pr1sox es en realidad Tomás Patricio Hvalica, vive en Quilmes Oeste junto a su madre y tiene 19 años. Hvalica consiguió datos del Renaper para los objetivos de Nuñes Pinheiro, entre los que se encontraban D’Alessandro y otros jueces y fiscales. A una semana de entregarse en los tribunales de Comodoro Py, la defensa de Elías Nuñes Pinheiro pidió su excarcelación al sostener que «no hay posibilidad de influir sobre las pruebas ni en esta causa ni en las causas conexas».

Los abogados Sebastián Noguera y Marcos Kapko recordaron que el joven «solo ha tenido participación en el recupero de líneas que no le pertenecían por encargo de un sujeto a quien no conocía» y “con total ignorancia de las funciones políticas y judiciales de las víctimas de esas maniobras fraudulentas». En el escrito los abogados aseguraron que la conducta delictiva de su defendido es idónea, y señalaron que eso se ve «por la torpeza de la maniobra dado que ha dejado rastros tecnológicos que son incompatibles con la verdadera figura de un hacker».

Justo en la víspera del aniversario de las filtraciones a Lago Escondido, el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó que se investigue a Rodolfo Tailhade por su supuesto vínculo con el expolicía Ariel Zanchetta, detenido en Junín por realizar pedidos de informes sobre los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos entre otros magistrados. El Ministerio Público detectó que Zanchetta habría realizado más de dos mil pedidos de informes personales, supuestamente con fines periodísticos.

A principios de noviembre empezó a circular la información de que Tailhade se encontraba entre los contactos de Zanchetta. Juntos por el Cambio y sus medios de comunicación afines levantaron la noticia recordando el rol activo que siempre tuvo el diputado con el juicio a la Corte Suprema. “Hace 17 días me presenté ante el juez y le pedí que me citara de inmediato si lo consideraba necesario para la investigación. No me mueven un pelo las operaciones de la mafia”, fue la respuesta de Tailhade.

Los chats que fueron difundidos por medios como La Nación, en todo caso, dejan expuesto al expolicía de la federal. En uno de los tramos, quien sería Zanchetta le ofrece a Tailhade información sobre causas y denuncias contra la exdiputada Elisa Carrió. También le ofrece “algo que te puede interesar” sobre el senador Luis Juez. Tailhade se limita a responderle “Gracias” repetidas veces a quien decía trabajar para un medio de Junín. El 4 de diciembre le ofrece acceso a los chats de Lago Escondido que le pasó la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Esa información ya había tomado estado público en la medianoche del 4.

El 7 de noviembre el entonces candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, consideró que el juicio político a la Corte Suprema debería suspenderse. “Entiendo que no es momento de discutir el comportamiento de ningún juez de la Corte, porque, de alguna manera, si había alguna acusación cierta o falsa, se podía ensuciar con el proceso electoral”, sostuvo Massa en declaraciones a la radio Cadena 3 de Córdoba. Ese mismo día, los diputados del oficialismo levantaron la reunión de comisión ante la ausencia de los jueces Lorenzetti y Maqueda.

Todo sigue igual

Apenas se conoció el contenido de los chats el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, salió a respaldar al ministro Marcelo D’Alessandro. “Estamos frente a una nueva operación del kirchnerismo que recurre a la manipulación de la información y al espionaje ilegal. Intentan distraer la atención de los temas importantes y generar la sensación de que somos todos lo mismo”, sostuvo Larreta.

El 3 de enero D’Alessandro anunció que se tomaba una licencia «temporaria» para “ordenar mis cosas familiares, preparar la defensa para demostrar la falsedad de las operaciones infames a las que pretenden someternos». Después de meses de licencia y blindaje de parte de sus aliados de Juntos por el Cambio, presentó la renuncia. Ya metido de lleno en campaña, el por entonces candidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta se sacó un problema de encima y designó a Eugenio Burzaco para reemplazar a D’Alesandro.

El ministro renuncaido anunció su salida del gobierno porteño a través de un hilo en su cuenta de Twitter. «Le comuniqué al jefe de gobierno mi decisión de dar un paso al costado para convertirme en querellante de la causa que investiga la operación ilegal de inteligencia en mi contra», afirmó el exministro y agregó: “Sobre el hackeo, ya tenemos los responsables. Ahora vamos a encontrar al que lo ideó, financió y ordenó. Todos y cada uno de ellos van a tener que dar explicaciones ante la justicia. Los argentinos merecemos saber la verdad. Esto no va a quedar impune”.

D’Alessandro se retiró de la vida pública luego del escándalo de Lago Escondido. Apenas se dedica a tuitear, fundamentalmente sobre temas de seguridad. Sin embargo a principios de septiembre, en diálogo con Radio Rivadavia, le hizo un guiño al jefe de gobierno electo y por entonces candidato de Juntos por el Cambio, Jorge Macri. Ante la consulta sobre si trabajaría con el primo de Mauricio Macri en un eventual mandato, D’Alessandro respondió: «Tengo diálogo constante con Jorge Macri y estoy a disposición para lo que necesiten». Filtraleaks intentó contactarse con el exministro, pero desde su entorno respondieron que “no tenemos comentarios al respecto”.

Para el resto de los imputados la vida sigue igual. Carlos Mahiques se mantiene como juez de la Cámara Federal de Casación Penal. En mayo fue apartado de una causa que tiene a Cablevisión como querellante, por haber protagonizado el viaje a Lago Escondido del que también habrían participado directivos del Grupo Clarín, empresa que controla a la operadora de cable. La decisión adoptada en la sala segunda del máximo tribunal penal se produjo en el marco de un expediente iniciado por una denuncia presentada por Cablevisión en 2014 para que se investiguen supuestas arbitrariedades en el marco de un concurso público para la adjudicación de bandas de frecuencia destinadas a telefonía celular. La jueza Ana María Figueroa, que junto a Ángela Ledesma conformaron la mayoría que votó por hacer lugar en la recusación, señaló que “la particular damnificada es una empresa cuyos altos directivos viajaron -al menos una vez- junto con el magistrado nombrado, lo que pone en evidencia un conocimiento y vínculo previo, que contamina la imparcialidad que cualquier magistrado debe guardar frente al caso que le toque resolver y no un simple contacto personal”.

A principios de octubre el hijo de “Coco”, Juan Bautista Mahiques, presidió en Londres la 28º Conferencia Anual y Asamblea General de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP), un encuentro mundial se fiscales. Allí se refirió a la “independencia que requiere la magistratura frente a las presiones políticas y la necesidad de que los fiscales gocen de protección para poder investigar al crimen organizado”. Mahiques sigue siendo fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires.

El juez federal Julián Ercolini sigue integrando el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N.º 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ercolini quedó a cargo de una denuncia contra el candidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, por unos comentarios en los que desalentó el uso de plazos fijos en pesos y calificó a la moneda argentina como «excremento». Según surgió de la presentación de la abogada Valeria Carreras, los comentarios «no hacen otra cosa que agitar el delicado momento económico» que atraviesa el país.

El juez Pablo Cayssials se mantiene a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°9. En octubre de 2023 declaró inconstitucional la modificación de la Ley de Impuesto a las Ganancias para los magistrados nombrados a partir de 2017. La norma dispone que estarán alcanzados por ese tributo los magistrados, funcionarios y empleados del poder judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir de ese año inclusive. La decisión de Cayssials se tomó ante una demanda presentada por José Luis Agüero Iturbe, el fiscal general adjunto ante la Cámara Federal de Apelaciones de los tribunales de Comodoro Py.

Pablo Yadarola sigue siendo juez en lo Penal Económico. A fines de mayo de 2023 formuló un planteo de recusación contra el fiscal Federico Delgado en la causa por el viaje a Lago Escondido. Lo hizo bajo el argumento de que el representante del Ministerio Público habría tomado en cuenta una presentación del ministro de Justicia, Martín Soria, considerada como «disparatada» por parte del magistrado. «El fiscal calificó los hechos como ‘corrupción’, cuando, en virtud de la función desempeñada, debería abstenerse de abrir la boca en la prensa e investigar objetivamente los hechos, que no tienen nada de corrupción», apuntó el magistrado. Agregó que, más allá de eso, «su actuación evidencia que no tiene ningún tipo de objetividad».

Yadarola también se expresó en contra de que el fiscal haya pedido el apartamiento del juez del caso, Sebastián Ramos. De acuerdo a la presentación de Yadarola, el fiscal hizo esa petición «aludiendo al debido proceso, la imparcialidad, criterios de justicia, Aristóteles, y otras lindas proclamas» y, a su modo de ver, «si Aristóteles supiera que lo citan para fundar una acusación penal con fuente exclusiva en prueba falsa, se iría de Atenas».El 8 de junio la Cámara Federal porteña ratificó a Federico Delgado en la investigación por el viaje de jueces, funcionarios porteños y empresarios del grupo Clarín. El fiscal federal murió el 27 de agosto a sus jóvenes 54 años, aquejado por un cáncer de pulmón.

Jorge Rendo y Pablo Casey siguen ocupandocargos directivos en el Grupo Clarín.

Tomás Reinke continúa vinculado al universo de la publicidad y la comunicación.

Del exSIDE Leonardo Bergroth no se conocen datos.

Tramitación sospechosa

Dándose un baño de realidad, Tailhade señala que la investigación judicial de cómo se filtraron los chats avanza a gran velocidad, mientras que las causas vinculadas a los presuntos delitos revelados perecen en cajones de Comodoro Py. “Hoy vos tenés dos causas, la que investiga la dádiva y la que investiga el espionaje porque ¿qué denunció Yadarola? Denunció que la PSA fue la que filtró de manera ilegal la información del vuelo respecto de quiénes son los que viajan en tal aeronave. Dice Yadarola que la PSA, el gobierno, autoridades gubernamentales se valieron de inteligencia ilegal y a través de espionaje sacaron información con la cual difundieron este viaje. Y la causa de Yadarola tiene un nivel de avance, de medidas de prueba, de actividad absolutamente superior a la otra, porque claramente la mafia lo que busca es encontrar a los responsables de la filtración pero no investigar a los jueces que cobraron esas dádivas para ir a Lago Escondido”.

“Acá están interviniendo jueces que probablemente en términos dogmáticos o técnicos la tengan muy clara, pero como son parte de una mafia van a hacer prevalecer el derecho a la privacidad de los jueces y funcionarios involucrados sobre el interés público”, advierte un resignado Tailhade. A varios kilómetros de distancia Marcelo Hertzriken Velasco, quien formuló la denuncia original ante los tribunales federales de Bariloche, envía una nota al juez federal Sebastián Ramos invocando “el derecho a la información del denunciante”. Velasco ordena conocer el estado de la causa, si a los imputados “los va a llamar o no a indagatoria, si lo ha hecho, si ha dispuesto el sobreseimiento de los mismos, su procesamiento o su falta de mérito”.

“Si está aguardando el resultado de este año electoral para ver qué temperamento adopta, siguiendo las prácticas del fuero federal penal de Comodoro Py, que se ha constituído en una verdadera agencia de tráfico de influencias, que no se compadece con los estándares mínimos de transparencia y buena fé procesal”, continúa la carta del abogado radicado en General Roca y advierte: “Sabrá disculpar el lenguaje, pero 33 años de profesión más de 40 condenas a perpetua que he propiciado en la región, casi 10 mil juicios orales, me dan el oficio suficiente para entender como sospechosa la tramitación del caso”.