De la misma manera que con Télam, el gobierno de Javier Milei aceleró contra otra de las obsesiones que fueron eje de su campaña: el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

Días después de que designaran al economista Carlos Luis Pirovano -alguien que nunca antes tuvo relación con el cine- como presidente del organismo descentralizado y autárquico, la Asociación de Trabajadores del Estado del INCAA (ATE-INCAA) informó en un duro comunicado cómo será el desguace contra el Instituto y el cine argentino.

Se confirmaron los despidos de 170 trabajadores, en muchos casos integrantes de los comités de clasificación de proyectos y tutores de proyectos de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización de Cinematográfica (ENERC).

Los ceses también alcanzan a otras áreas del INCAA que se encuentran bajo modalidad de locación de obra y locación de obra por especialidad, a cuyos trabajadores apartaron de la Institución.

En una reunión que mantuvo ATE con Pirovano, el flamante presidente del INCAA descartó rotundamente la posibilidad de dar marcha atrás con la medida y reincorporar a los trabajadores, bajo el argumento de que el instituto gastaba en sueldos y funcionamiento más del 60% de su presupuesto, incumpliendo así con la Ley de Cine.

Inclusive, Pirovano redobló la apuesta: aseguró que continuará en una segunda etapa con nuevos despidos de planta transitoria, retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas para la planta permanente.

El brutal plan de ajuste contra el INCAA

Además de los despidos masivos, el plan de desguace no solo busca modificar los puntos más cuestionados del INCAA sino también los que mejor funcionan y refuerzan la identidad del cine argentino frente al resto del mundo.

En ese sentido, buscan el cierre del canal Cine.Ar TV y de la plataforma de streaming gratuita Cine.Ar Play, en la que se pueden encontrar desde estrenos hasta clásicos totalmente remasterizados.

También tienen planeado el cierre y posterior venta del complejo Gaumomt, uno de los principales espacios INCAA del país. Cabe destacar que el emblemático cine, que actualmente cuenta con tres salas, fue reinaugurado en 2021 con una inversión de más de 50 millones de pesos.

El plan de ajuste también apunta a limitar o discontinuar las tareas de control del área de Fiscalización y al cierre de programas de alcance federal.

En ese orden, también aparecen algunos de los puntos más controvertidos: el cierre de la escuela ENERC, una de las escuelas de cine más prestigiosas de Latinoamérica en el que de 4000 aspirantes anuales a ingresar solo consiguen cupo 10 por carrera.

Por otro lado, también buscarían un sistema de esponsorización para festivales, incluido el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, único Festival latinoamericano calificado por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF) como Categoría ‘A’.

La misma suerte correría el mercado Ventana Sur, el espacio que reúne a actores y actrices de la industria audiovisual para promover la coproducción, financiación y distribución internacional de contenidos

El Fondo de Fomento Cinematográfico, establecido en la Ley 24.377, conocida como “ley de cine» de 1994- es la principal fuente de financiamiento del INCAA.

Se integra con un impuesto del 10% sobre el precio de las entradas de cine, el 10% del precio de venta de “videogramas grabados” (como DVD) y el 25% de la recaudación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), a partir del impuesto a la facturación de los canales de TV y servicios de cable, y otros ítems menores.

Y aunque inevitablemente la gestión de Pirovano declame la intención de más fomento para el cine, es impensable que los gravámenes que la propia Ley de Cine establece recaigan -también- en las plataformas de streaming que, prácticamente, son todas extranjeras.