El constitucionalista Gil Domínguez señala que las medidas adoptadas por el presidente son motivo de juicio político. Este DNU, que extiende la jornada laboral sin pago de horas extras y permite compensaciones injustas, desata una ola de preocupación en la sociedad.

Entre las consecuencias más inmediatas, se destaca la desregularización de los alquileres, lo cual amenaza con afectar a la clase media. Esta medida, sumada a la eliminación de derechos laborales y la apertura a la liberación de precios en servicios esenciales como las prepagas, profundiza la incertidumbre y la inestabilidad económica.

El cierre del Congreso y la declaración de estado de sitio alimentan el malestar social y generan inquietud sobre la preservación de las instituciones democráticas. Se cuestiona la capacidad del presidente, mientras se critica la desinformación mediática que encubrió las implicaciones reales de estas decisiones.

El análisis de estas medidas apunta a un deterioro significativo en los derechos ciudadanos y las condiciones de vida de la población. Se manifiesta una postura de rechazo y movilización por parte de sindicatos y diversos sectores de la sociedad, demostrando un quiebre en la confianza y el respaldo al gobierno.

El DNU de Milei deja al descubierto una agenda que atenta contra los intereses populares, promoviendo un escenario de incertidumbre y descontento que se refleja en las calles.