Además le reprocha al MPA su «pasividad» por no abrir una investigación sobre el accionar policial y asegura que las medidas tomadas por ese organismo están «explícitamente prohibidas por el sistema interamericano de protección de derechos».

En un escrito de 15 páginas, el CELS expresa su «preocupación por la deficiente actuación de los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación en el marco de las protestas contra la reforma constitucional que se están produciendo en la provincia de Jujuy».

Allí detalla violaciones a la normativa nacional e internacional como las «detenciones arbitrarias y generalizadas contra personas que ejercen su derecho a protestar», el inicio de causas penales, la falta de medidas para resguardar la protesta, el «afán por perseguir a manifestantes» y la «absoluta falta de iniciativa para investigar los hechos de violencia policial».

Menciona además las «razzias policiales y heridos producto del uso desproporcionado de la fuerza».

«Todo esto es violación de los principios de objetividad, de respeto a los derechos humanos», afirma la organización de derechos humanos, y destaca que «principalmente se contrapone a los derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional y tratados internacionales de Derechos Humanos».

En este sentido, hace referencia a los derechos «a la libre asociación, a la libertad de expresión, a la protesta social, a la libertad ambulatoria, seguridad personal, a la vida e integridad física» y también «el deber reforzado (del Estado) de investigar todo accionar arbitrario y abusivo cometido por funcionarios miembros de una fuerza de seguridad, como en este caso».

Al repasar los hechos de los últimos días, el CELS concluye que «la respuesta judicial y de los ministerios públicos frente a un escenario que no se daba a esta escala desde las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, no parece terminar de ajustarse a esta realidad».

Más adelante, el organismo se refiere en particular a la actuación del MPA: «Nos preocupa que, en un contexto como este, el Ministerio Público de la Acusación se muestre absolutamente pasivo respecto a las amenazas ciertas, concretas, idóneas y actuales que enfrentan manifestantes e integrantes de las comunidades originarias, cuya libertad y seguridad personal, integridad física y vida se encuentran en serios riesgos, por el mero hecho de ejercer su del derecho a la protesta».

Y continúa: «También nos preocupa que, en cuanto el Ministerio Público de la Acusación decidió abandonar su estado de pasividad, lo haya hecho para plegarse y reforzar la actuación persecutoria y criminalizante de estas personas, en un notorio apartamiento de la ley por la cual debe velar».

Sobre la actuación de los efectivos, dice que los manifestantes «han sido atacados por la policía con piedras, palos y munición no letal pero con clara intención lesiva».

El CELS le reprocha al MPA que se abstenga de «brindar protección» y que en cambio se hayan iniciado «procesos de criminalización».

«El Ministerio Público de la Acusación a su cargo pasa completamente por alto que el Estado argentino asumió, hace casi 30 años, el compromiso internacional de proteger, facilitar e incentivar el ejercicio del derecho a la protesta social», afirma.

En esta línea, sentencia: «Cuando el Estado utiliza abusivamente la persecución penal de quienes protestan se está apartando deliberadamente de los compromisos asumidos con el sistema interamericano de derechos humanos».

«Los Estados están obligados a facilitar, proteger e, incluso, incentivar el derecho a la manifestación pública en tanto ella es indispensable para la consolidación democrática. Esto implica que no puede suprimirse sin más para proteger el uso rutinario del espacio público (en particular la actividad comercial o la circulación de personas o vehículos)», detalla el escrito.

Y agrega: «A pesar de este estándar que no admite lugar a dudas, hemos registrado que desde el Ministerio Público de la Acusación a su cargo se están iniciando causas penales sobre manifestantes prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos, dando lugar a claros procesos de criminalización».

De un modo más general, plantea que «una de las formas más habituales que tienen los Estados para desincentivar el ejercicio del derecho a la protesta es el uso extendido del sistema penal y contravencional para criminalizar a manifestantes y referentes», lo que califica como un «mal uso del sistema penal y contravencional» que «produce un grave efecto disuasorio en quienes se manifiestan, su círculo cercano y la sociedad en su conjunto, lo cual se contrapone por completo al deber que pesa sobre el Estado de proteger e incentivar el ejercicio del derecho a la protesta social».

Y va más allá: «Es particularmente relevante hacer mención de esto, ya que da cuenta de que la actuación que está llevando adelante el Ministerio Público de la Acusación está explícitamente prohibida por el sistema interamericano de protección de derechos».

«No es viable tratar el ejercicio de un derecho como si fuera un delito», enfatiza.

En otro tramo del escrito, el CELS le pide a la justicia federal y el MPA que «se abstengan de iniciar, o cesen de llevar adelante, acciones criminalizantes contra quienes ejercen legítimamente el derecho a la protesta, debiendo ajustar su actuación para, en caso de existir escenarios de conflicto, establecer mecanismos para resolverlos por fuera del sistema penal».

Expresa además su «extrema preocupación» por «la ola de imputaciones que está llevando adelante el Ministerio Público de la Acusación contra cientos de manifestantes, convalidando las detenciones arbitrarias», y remarca que la aplicación de «flagrancia al derecho de protestar» viola «toda la normativa local e internacional que ya hemos reseñado».

«Estas imputaciones violan los principios de objetividad y de respeto a los derechos humanos a los que ya hicimos referencia y que son de cumplimiento obligatorio para los fiscales en tanto está dispuesto en la ley orgánica que rige su accionar», completa.

Luego reprocha que «hasta el momento» no se conoce que el MPA «haya iniciado actuaciones referidas al accionar policial que ya ha producido cientos de heridos y detenciones ilegales». Y menciona las «imágenes que muestran a efectivos policiales utilizando munición no letal a corta distancia y a zonas vitales, arrojando piedras, palos, utilizando gomeras, deteniendo sin identificación, utilizando vehículos no oficiales, entre otras ilegalidades, en una verdadera cacería de manifestantes que desde las fiscalías de Jujuy parecen convalidar».

El hecho de que no se haya iniciado una investigación por parte del MPA respecto de ese accionar policial, dice el CELS, «es absolutamente violatorio del deber reforzado de investigar que pesa sobre las espaldas del Estado, cuando hechos de estas características son cometidos por funcionarios públicos».

«La convalidación de este accionar policial, y la formación de causas penales contra manifestantes, denota la total falta de independencia del Ministerio Público de la Acusación respecto al Poder Ejecutivo Provincial», asegura.

Sobre el final, expone un petitorio en el que solicita al MPA que instruya a los fiscales para que realicen los controles judiciales debidos sobre las personas detenidas y resuelva la situación de ilegalidad en las detenciones de manifestantes que se vienen registrando, se abstengan de convalidar las detenciones policiales arbitrarias que recaigan quienes se encontraban ejerciendo su derecho a protestar, se abstengan de iniciar acciones criminalizantes contra quienes estén ejerciendo su derecho a la protesta y archiven las actuaciones penales en curso que ya se encuentren formalizadas.

Además, pide que le ordene a los fiscales que «inicien urgentemente investigaciones penales exhaustivas, serias y responsables tendientes a esclarecer los hechos de violencia policial desarrollados en las últimas jornadas en distintos puntos de la provincia de Jujuy».