A fines de mayo, el gobernador Gerardo Morales inició un proceso de reforma constitucional que incluía restricciones al derecho a la protesta, a los derechos de las comunidades indígenas y a la defensa de los recursos naturales. Aunque la Convención Constituyente debía sesionar durante noventa días, la Asamblea acortó el plazo a tres semanas y así excluyó del debate a diversos sectores sociales, entre ellos a las comunidades indígenas que venían pidiendo que el gobierno cumpliera con su obligación de implementar los mecanismos de consulta previa, libre e informada.

Cuando amplios sectores de la sociedad jujeña salieron a las calles para protestar contra el contenido y el proceso de la reforma constitucional, el gobierno los reprimió. Los momentos de mayor movilización y violencia estatal fueron entre el 17 y el 20 de junio, mientras les convencionales constituyentes aprobaban la reforma.

La decisión de restringir derechos por vía constitucional y la de reprimir las protestas son apuestas políticas del gobierno provincial. Busca contar con herramientas para desarticular la oposición a las industrias extractivas -en especial las relacionadas con el litio, aunque no únicamente- que pretenden explotar tierras indígenas. Además, apunta a consolidar el enfoque restrictivo de los derechos de asociación y de reunión orientado a disciplinar con violencia el conflicto social.

Represión en las rutas y en la ciudad

La nueva Constitución jujeña fue aprobada la noche del jueves 15 de junio. Desde el viernes 16 hubo movilizaciones de rechazo en distintos puntos de la provincia. Las comunidades indígenas se manifestaron cortando rutas. El sábado 17 el cuerpo de infantería de la policía jujeña avanzó sobre las concentraciones disparando balas de goma y arrojando gases lacrimógenos. Provocaron decenas de personas heridas y detenciones arbitrarias, incluyendo a personas menores de edad, legisladores y trabajadores de prensa. Las organizaciones y los medios de comunicación denunciaron la presencia de policías de civil con actitudes violentas. El martes 20 por la mañana les convencionales sancionaron la reforma, luego de que el gobernador retirara dos de los artículos. Las protestas continuaron, la policía buscó impedir que les manifestantes llegaran hasta la Legislatura, donde se realizaba la sesión, con un nuevo operativo violento.

La arbitrariedad y la violencia policial caracterizaron todos los operativos de la última semana. Entre las personas heridas un hombre fue impactado en su cabeza por una granada de gas. Policías dispararon balas de goma contra manifestantes desde arriba de edificios, como francotiradores. Camionetas sin identificación trasladaron efectivos con sus caras cubiertas que detuvieron gente en la calle y allanaron viviendas. Al menos 56 personas fueron detenidas y hubo decenas heridas. Si bien el jueves 22 por la noche hubo liberaciones, aún hay detenides. A muchas personas se les obstaculizó el contacto con sus defensores.

Al mismo tiempo, el gobierno provincial organizó una campaña mediática para estigmatizar a les manifestantes. El gobernador en persona puso a circular noticias falsas para intentar instalarse como víctima de una violencia organizada “desde afuera” (desde Buenos Aires o desde Bolivia).

Protestar es un derecho: cómo lo defendemos

Junto con un grupo de organizaciones presentamos una carta a la Convención Constituyente para expresar nuestra preocupación por las restricciones a la vigencia de los derechos humanos que proponía la reforma. Una vez aprobada, hicimos una nueva presentación en conjunto que exigía la suspensión de la reforma y la apertura de espacios de diálogo.

Durante la represión, pedimos al poder judicial provincial que protegiera a les manifestantes. Con la organización jujeña Andhes presentamos un habeas corpus colectivo preventivo en defensa de las comunidades indígenas, para que pudieran ejercer la libre circulación y el derecho a la protesta. Además, ante el poder judicial federal presentamos otro habeas corpus para que las fuerzas federales no repriman en las rutas nacionales. Al mismo tiempo, enviamos información y pedimos intervención a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mantuvimos una conversación con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, pedimos al relator especial sobre los derechos de pueblos indígenas una acción urgente y compartimos los hechos con el relator especial de derecho a la libertad a la reunión pacífica y asociación. La CIDH se pronunció el martes 20 y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU lo hizo el miércoles 21.

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PRUEBA ESENCIAL
El celular de Milman podría implicar a altos funcionarios en el intento de asesinatohttps://t.co/eZ5cz1FY4G pic.twitter.com/gGT6bhuz00

— En Orsai (@EnOrsai) June 23, 2023