La mayoría de los jueces, conformada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, expulsó al secretario de administración, Héctor Marchi, por intentar enviar auditorías al Congreso que hasta el momento no habían sido difundidas.

Estas auditorías incluyen irregularidades millonarias en la OSPJN, como la pérdida de 3 mil millones de pesos en 2022, faltantes de 30 mil medicamentos y compras directas, entre otras.

El cuarto juez, Ricardo Lorenzetti, cercano al funcionario desplazado, criticó la medida tomada por sus colegas. Lorenzetti denunció que sancionar a un funcionario por presentar informes sobre la Obra Social es muy grave y que esto afecta el prestigio jurídico y social de la Corte.

Además, afirmó que la medida no tiene motivaciones administrativas y que es inaplicable mandar a Marchi a una Cámara porque como secretario del alto tribunal tiene rango de camarista, y sería como agregar un juez más.

Este escándalo ha generado una profunda guerra interna en la Corte, lo que afecta su imagen pública y el funcionamiento del Poder Judicial.

Héctor Marchi, manejó los fondos y muchas de las cuestiones institucionales más sensibles del máximo tribunal en los últimos 15 años y respondía al juez Ricardo Lorenzetti.

Como mencionamos más arria, la decisión fue tomada por tres de los cuatro jueces del tribunal -Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz-, mientras que Ricardo Lorenzetti se opuso duramente al desplazamiento de Marchi. La interna de poder entre los magistrados escaló nuevamente frente al intento de juicio político en su contra.

Además, Marchi está en la lista de testigos que todavía deben presentarse a declarar ante la comisión de juicio político en Diputados por presunto mal desempeño y es uno de los denunciados por los diputados de la Coalición Cívica (CC) por el manejo de fondos y finanzas de la Corte durante las presidencias de Lorenzetti.

Asimismo, tanto Lorenzetti como Marchi han sido denunciados incluso por diputados de la Coalición Cívica por presunto enriquecimiento ilícito. La resolución por mayoría traslada a Marchi a un tribunal inferior, la Cámara de Apelaciones del fuero de la Seguridad Social.