El Departamento de Justicia de Estados Unidos capacitó fiscales en Mendoza. Un apéndice de la OEA prepara un cónclave de magistrados en el CCK. Juan Bautista Mahiques preside desde la semana pasada la International Association of Prosecutors. | Por Pablo Dipierri

El viejo Plan Cóndor que utilizó Estados Unidos en la década del 70’ para apoyar las dictaduras latinoamericanas mutó a pulpo judicial para la subordinación e inhibición de los dirigentes populares, en la región en general y Argentina en particular. En lugar de entrenar a militares y policías en prácticas de contrainsurgencia, el Gobierno norteamericano apela sistemáticamente al adoctrinamiento de jueces y fiscales para la realización de investigaciones sin más sustento que la persecución e interpretaciones del Derecho sin más asidero que la condena moral sin pruebas ni racionalidad jurídica.

Entre el viernes y el sábado pasados, el Polo Judicial de Mendoza fue el escenario elegido por el Departamento Judicial de Estados Unidos para desarrollar jornadas de capacitación a fiscales de todo el país en “Investigación y Persecución de Delitos Transnacionales Complejos en el Sistema Acusatorio”. Bajo la modalidad de “talleres”, la propuesta fue organizada de manera conjunta por el Procurador General de Mendoza, Alejandro Gullé, que -a la sazón- preside el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, y la asesora legal residente de la Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación de los Sistemas de Justicia (Opdat) de la embajada estadounidense en Buenos Aires, Josephine Thomas.

Tras el evento, Gullé explicó que “la Opdat capacita en todo el mundo sobre la temática de delitos transnacionales y sistema acusatorio”, y agregó: “tuvimos la oportunidad de escuchar a jueces y fiscales de Estados Unidos que tienen una vasta experiencia en esta temática”.

Según el portal del diario Los Andes, “la fiscal general del distrito Medio de Florida y coordinadora del área de delitos de Cuello Blanco, Oficina Ejecutiva de Fiscales Federales del Departamento de Justicia de EEUU, Amanda Riedel, expuso en complejidades en los juicios por jurados y el uso de la prueba extranjera en juicio.

Entre los expositores más afamados de la cita, se lo pudo ver a Daniel Petrone, juez de la Sala I de la Cámara de Casación Penal, cuyo apellido quedó grabado en la historia reciente de la Argentina por la cantidad de veces –y la intensidad en cada una de ellas- que pronunció su nombre la vicepresidenta Cristina Kirchner en el alegato final de la Causa Dólar Futuro. La líder del Frente de Todos (FdT) fue sobreseída en esa investigación, cuyo trámite jamás debió iniciarse si se considera que se juzgaba una decisión política sobre la esfera económica y los principales beneficiarios de esa iniciativa del último gobierno kirchnerista habían sido los amigos del ex presidente Mauricio Macri, quienes compraron dólares antes que el calabrés asumiera la primera magistratura y se frotaban las manos con la devaluación del peso que el ex ministro de Economía Alfonso Prat Gay instrumentaría no bien tomó posesión Cambiemos.

Fiscales del mundo, uníos

El fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, asumió el pasado 27 de septiembre como titular de la International Association of Prosecutors (IAP, por su sigla en inglés), organismo que nuclea, coordina y articula entre más de 350 mil fiscales de 177 países y territorios en todo el mundo. Hijo menor de la dinastía que porta su apellido, el flamante capo de la IAP fue denunciado por la colega de Petrone en la Sala I de la Cámara de Casación, Ana María Figueroa, quien dio a entender que Mahiques fue a presionarla su despacho para que fallara a piacere del macrismo en la Causa del Memorándum de Entendimiento con Irán por el Atentado a la AMIA.

La IAP, según el comunicado que llegara a la redacción de La Patriada desde la vocería de su nuevo presidente, cuenta con 179 miembros: 131 son fiscalías, 41 son asociaciones de fiscales y 7 son organizaciones internacionales. “El argentino es el primer latinoamericano en ocupar el cargo y logró el apoyo del comité ejecutivo integrado por Estados Unidos, Corea del Sur, Reino Unido, Francia, Canadá, Dubái, Azerbaiyán, Croacia, Argentina, Australia, Georgia, Uganda, Sudáfrica, Tailandia, Chile, Hungría, Grecia y Bahréin”, reza el parte de prensa.

En la ceremonia previa al acto de su investidura, brindó un discurso con el foco puesto en “las persecuciones que sufren los fiscales de Latinoamérica”. Aclarando que se dirigía a sus contertulios como jefe de los fiscales porteños y vicepresidente aun en ejercicio de la IAP, mentó casos como el del fiscal guatemalteco Juan Francisco Sandoval, quien –al decir suyo- “intentó investigar al presidente Alejandro Giamattei y fue destituido, luego de lo cual debió abandonar el país para salvaguardar su vida”. También se refirió a la Asamblea Legislativa salvadoreña, “con mayoría del oficialismo de Nayib Bukele”, y la exoneración del fiscal Raúl Melara así como a los magistrados de la Sala en lo Constitucional de la Corte Suprema”.

Desde la misma perspectiva, se solidarizó con su colega colombiana Silvana Uribe, que “investigó a los manifestantes de la llamada Primera Línea y luego recibió mensajes que le decían que si continuaba con su accionar la mandarían a ‘dormir con los angelitos’”. De igual manera, cifró los avatares de la ecuatoriana Diana Salazar, quien notificó a 93 legisladores del inicio de una investigación penal en su contra pero fue convocada a comparecer ante la Asamblea Nacional para rendir cuentas por sus actos, entre rumores de que se le iniciaría un juicio político; y la historia de la procuradora general adjunta y fiscal anticorrupción de la Provincia de Entre Ríos, Cecilia Goyenenche, despojada de su cargo por un jurado de enjuiciamiento que se forjó luego de que denunciara al ex gobernador Sergio Urribarri.

Su lista fue extensa pero selectiva. Así como atribuyó a “sectores mapuches” el incendio de la casa del fiscal chileno Luis Morales, lo cual calificó como “un acto de terrorismo”, omitió cualquier referencia a la literatura periodística de Clarín sobre el fallecido mandamás de la UFI-AMIA, Alberto Nisman, y el fulgurante Diego Luciani. “Los hechos que acabo de mencionar –dijo Mahiques- son una muestra representativa de una problemática estructural con gravísimas consecuencias para toda la región de Latinoamérica: hoy en día, los fiscales que investigan al poder político, a organizaciones criminales o graves hechos de corrupción son amedrantados, ellos y sus colegas, perseguidos y destituidos irregularmente o bien amenazados y, en el peor de los casos, asesinados”.

La agenda de su ascenso matchea algorítmica y políticamente con el temario de la vendimia judicial en Mendoza. Al respecto, el gerente judicial de Horacio Rodríguez Larreta advirtió que es preciso “proteger y capacitar a los distintos operadores de la Justicia y, en especial, a los representantes del Ministerio Público Fiscal, quienes, según disponen las directrices de Naciones Unidas, son miembros esenciales de la administración de justicia”.

Párrafo aparte dedicó a la necesidad “indispensable” de formación. Habló, en ese sentido, de “escuela judicial” y hasta se licenció para el verso poético: “cabe por tanto acá la máxima que indica que la vocación sin formación es un sueño irrealizable pero la sola formación sin vocación es el destino de los burócratas”, expresó. Remember Mendoza, frijoleros.

Jonás en su ballena

Mientras el radicalismo cuyano oficia de anfitrión del Departamento de Justicia de Estados Unidos y Mahiques se expande a escala planetaria para articular fiscales contra los gobiernos que reniegan más o menos de Washington, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), en alianza con la agencia International Narcotics and Law Enforcement (INL) de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), anuncian el Seminario Internacional “La implementación del sistema acusatorio en la Justicia Penal Federal en Argentina” para los próximos 18 y 19 de octubre, en el Salón de Honor del Centro Cultural Kirchner (CCK). Evento gratuito organizado por los herederos de Spruille Braden, ya tiene diseñado un formulario de inscripción y en la gacetilla dice que el objetivo es doble: “por un lado, compartir la experiencia nacional e internacional en torno a la implementación de un sistema adversarial; y por el otro, dar a conocer los principales resultados del proyecto que CEJA, INECIP y UNODC se encuentran ejecutando con financiamiento de la agencia INL de la Embajada de Estados Unidos en Argentina”.

CEJA se autopercibe como “un organismo intergubernamental, con autonomía técnica y operativa, establecida por resolución de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en cumplimiento de los mandatos contenidos en el Plan de Acción de la Segunda Cumbre de las Américas (Santiago, abril de 1998) y las recomendaciones adoptadas en las Reuniones de Ministros de Justicia u otros Ministros, Fiscales y Procuradores Generales de las Américas (REMJA)”.

Al cierre de este artículo ni el Ministerio de Cultura, a cargo del CCK, ni el Ministerio de Justicia supieron dar precisiones a este medio sobre la organización del seminario. Sin embargo, un magistrado de la Cámara de Casación susurró en off que estos hechos demuestran que el compromiso del embajador Edward Prado para asistir al Poder Judicial local en su lucha contra la “corrupción política” era solo una avanzada.

Prado fue admitido como embajador estadounidense en Argentina el 8 de mayo de 2018, el mismo día que Macri anunció el acuerdo con el FMI. No hay subordinación económica y financiera sin una arquitectura jurídica que la petrifique.