La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) siguió y espió a la modelo Maria Florencia Cocucci durante cuatro meses sobre la base de una pre-causa falsa armada por el gobierno de Mauricio Macri. Acusaron a Cocucci como parte de una organización yihadista terrorista, tácitamente el Estado Islámico (ISIS).

Se trata de la joven que viajó a Cancún con el fallecido Alberto Nisman: Había incertidumbre sobre la posibilidad de que Cocucci cuente tratos económicos de aquel viaje e incluso el estrecho vínculo entre Nisman y Leandro Santos, acusado de proxenetismo.

Desde la muerte del fiscal, se produjo un dramático hostigamiento a Cocucci, con amenazas y extorsiones, lo que fue denunciado por el abogado de la modelo Omar Saker. El próximo jueves, Santos debe declarar de manera remota ante el juez federal Sebastián Casanello que lo imputa por amenazas y coacción agravada.

ESPIONAJE

El espionaje macrista a Cocucci motivó una investigación de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia que preside el diputado Leopoldo Moreau. La AFI que conducía Gustavo Arribas le pidió al juez Sebastián Ramos una autorización para intervenir cuatro líneas telefónicas vinculadas a Cocucci, incluyendo la de un hermano.

Con la firma de Hernán Martínez Palacio, director de dictámenes, la AFI señaló que una persona llamada Juan Carlos se presentó en la Policía Nacional de España para advertir que se estaba armado un atentado yihadista cuya planificación se hizo en la Triple Frontera de Argentina-Brasil-Paraguay y que participaría un grupo integrado por sirios, libaneses, venezolanos y argentinos. El ataque sería en España o Francia a finales de agosto de 2016. En el pedido al juez Ramos se da a entender que la información provenía justamente de la Policía Nacional de España.

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Pero la AFI no sólo intervino teléfonos sino que además hizo un seguimiento de la chica. Pero pasados casi cuatro meses, el juez Ramos pidió un informe sobre lo que se hubiera encontrado y, obviamente, no existía ni una escucha ni ninguna evidencia de la participación de Cocucci en actividades yihadistas. Por eso, a principios de diciembre de 2016 el juez Ramos ordenó la destrucción del legajo.

DENUNCIA DE LA MODELO

Cocucci sufrió lo que su abogado, Saker, denunció como “coacción, amenazas, extorsiones”. La ofensiva consistió, por ejemplo, en advertirle que si hablaba exhibirían videos sexuales o fotos de la chica. Le enviaban amenazas de todo tipo por mensajes de texto y llamadas telefónicas. Le hackearon las redes sociales, no sólo a ella sino a sus amigas, alguna de las cuales declaró en la causa.

Aparecieron notificaciones de que se debía presentar por una denuncia contra ella por “estafa, extorsión y robo”, pero cuando se presentaba en los juzgados o fiscalías tales denuncias no existían. Percibió autos que hacían guardia frente a su domicilio marplatense, incluyendo policías de uniforme.

Llamaban a sus familiares y amigos diciéndoles: "decile a tu amiga que nos atienda. Que no hable de Nisman ni de su ex representante". El hostigamiento obligó a Cocucci a abandonar Buenos Aires y a refugiarse en su tierra natal, Mar del Plata. Pero la denuncia por extorsión y amenazas contra Santos fue avanzando, al punto que el manager debe prestar declaración indagatoria el jueves en Comodoro Py.

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El juez Casanello determinó que, dada la situación epidemiológica, lo haga de manera remota. Habrá que ver si el magistrado, además, termina recibiendo la documentación vinculada con el seguimiento ilegal de la AFI que también constituye un delito a investigar. En paralelo, las maniobras irrumpen en la causa de la muerte de Nisman que sigue abierta pese a que pasaron seis años y está claro que el fiscal se disparó a sí mismo.