Recientemente, y mediante un decreto se firmó el traspaso del control y la regulación de la distribución eléctrica tanto de EDENOR como de EDESUR (que se encontraban bajo jurisdicción federal) a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eran las únicas empresas del rubro que se encontraban en esta condición, mientras el resto son controladas por cada provincia, lo que explica las diferencias de los cuadros tarifarios.

Una de las principales razones de este cambio es la exigencia del FMI de llegar al déficit primario cero; así, los subsidios de la tarifa social ya no figurarán en las cuentas de Nación, sino que serán sacadas de la caja provincial y del Gobierno de la Ciudad. Esto torna incierto el futuro de esos subsidios, ya que una de las pautas del traspaso es ponerle un techo tanto a la tarifa social como a la conexión a los barrios más pobres.

Este traspaso requería regularizar los números, entre ellos la friolera de $ 7 mil millones que deben las empresas en concepto de multas y préstamos. Según lo firmado en la concesión original, esta cifra debía ser distribuida entre los usuarios a modo de compensación por las fallas en el suministro. De haberse hecho eso, le correspondería un aproximado de $ 1692 a cada usuario de Edesur y $ 2565 para los usuarios de Edenor.

Pero en vez de que se cumpla con esta pauta, van a pasar esa cifra como inversiones a realizar en la mejora de atención al público, con un plazo de aplicación de 5 años.

Acá el informe completo.

Por Fernando Luna

Trabajador de Shell, refinería de Dock Sud / Agrupación Nacional Naranja Petrolera en el MAC