“Los gremios son de los afiliados”, acostumbran a decir los dirigentes sindicales. Y las intervenciones, también. En la teoría debe ser así, pero muchas veces la práctica demuestra lo contrario.

Son constantes las denuncias recibidas por parte de afiliados de distintas organizaciones gremiales sobre la falta de espacios de participación y, sobre todo, en la decisiones sobre el patrimonio de los -sus- sindicatos.

En ese marco, en los últimos días se conoció una grave acusación contra una de las intervenciones en gremios que dejó la gestión de Jorge Triaca. Hablamos del SOEME -Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación-, hoy a cargo del abogado Conrado Reinke.

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Lo acusan de “apropiarse” de los bienes del gremio sin el consentimiento de los afiliados, con el agravante que las acusaciones son hacia un interventor que, según la teoría, tiene por función “devolver el gremio a los trabajadores”. Eso no estaría sucediendo.

Reinke y la gobernadora María Eugenia Vidal utilizaron las instalaciones del camping del SOEME en José C. Paz, a espalda de los afiliados, para “jugar a la política” bajo el paraguas de la lucha contra las “mafias sindicales”.

Una comitiva de la mandataria provincial llegó al predio de Tortuguitas junto al interventor para anunciar un acuerdo de cooperación con instituciones, con la intención de abrir el camping a la sociedad.

La intervención, Vidal y el padre Gustavo Marconi celebraron la firma de un convenio para que niños carenciados utilicen gratuitamente las instalaciones del predio.

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“Las puertas de los sindicatos deben estar abiertas, eso está claro, porque es parte de la función social de un gremio. Lo que rechazamos es la utilización política de Reinke y la gobernadora que se creen los dueños del patrimonio del SOEME sin siquiera consultarlo con los afiliados en asamblea”, denuncian desde la Agrupación Nuevo SOEME.

Sostienen que Reinke se atribuye facultades que no son propias de un interventor. A la denuncia sobre el camping de Tortuguitas se suma la efectuada hace meses cuando cerró una negociación paritaria sin el consentimiento de la asamblea de afiliados y la falta de convocatoria a elecciones, cuando desde la gestión comunican que el sindicato “está saneado”.

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La acción de Reinke sería llevada a la Justicia lo que podría ocasionar graves problemas a la Provincia ante el supuesto ejercicio ilegal de la intervención, según destacó un abogado especialista en la materia a Mundo Gremial.

Según explican los expertos, la disposición de bienes del sindicato por parte del Interventor “técnicamente es ilegal”, más aún en la situación que se encuentra el SOEME, con un proceso avanzado de normalización que lleva casi un año.

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“Si puede disponer del patrimonio, también debería poder llamar a elecciones y no lo hacen. Llegaron con el discurso de terminar con el manejo discrecional de las cajas de los sindicatos y ahora lo hacen desde las intervenciones para hacer un aprovechamiento político”, fustigó un dirigente del SOEME a Mundo Gremial.

El enojo va en aumento contra lo que llaman “abuso en las facultades de la intervención”, a cargo de Reinke, quien desde 2014 está vinculado a la consultora Sentidos de Carlos Grosso, una consultora de mucha influencia en el gobierno nacional, que oportunamente Mundo Gremial ampliará en la investigación sobre el vínculo con la intervención y otras organizaciones sindicales.

En los próximos días, la situación podría tener un capítulo judicial con fuerte respaldo de los afiliados que siguen sin ver los cambios prometidos tras la detención de Marcelo Balcedo.

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