Por Ari Lijalad

¿Quién investiga los conflictos de interés de Macri?

“Macri tiene claro que es la persona más observada del Gobierno y la más observada por la Oficina Anticorrupción”, sostuvo Laura Alonso, titular de ese organismo. Sin embargo, la propia base de datos de la Oficina Anticorrupción (OA) muestra que el presidente Mauricio Macri no sólo no es el más investigado: ni siquiera figura su nombre en la planilla de funcionarios bajo observación.

Nuestras Voces accedió a la planilla de todas las investigaciones en trámite en la OA por un pedido de acceso a la información pública. Según los datos del organismo tienen 55 expedientes en trámite por conflictos de interés. No se menciona específicamente a Macri entre los funcionarios analizados. El presidente tampoco fue evaluado por la OA en los 26 casos que ya resolvió en la gestión Alonso y donde no detectó ningún conflicto de interés, tal como reveló Nuestras Voces.

Caso Correo

El caso de Correo Argentino es sin dudas el que más dolores de cabeza le trajo a Macri en términos personales y a su Gobierno en términos generales. Todas sus ramificaciones siguen en curso: la causa por la deuda de su familia con el Estado está congelada gracias a los oficios de las juezas del fuero comercial; la causa penal en la que se investiga al presidente y otros avanza en manos del juez Ariel Lijo; y los Macri no desisten de cobrarle al Estado una indemnización de 2.365 millones de pesos por la quita de la concesión del Correo.

En la primera, la que involucra el intento de condonación de la deuda, es donde los conflictos de interés de Macri quedaron expuestos. “El Presidente está siendo investigado por la Oficina Anticorrupción. La denuncia la iniciamos de oficio porque nadie se presentó a denunciarlo”, sostuvo Alonso, la titular de la OA que, en 2013, reveló que se enamoraría de Macri.

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Cuando la fiscal Gabriela Boquin rechazó el acuerdo que implicaba la condonación a la familia presidencial de más de 70 mil millones de pesos llamó la atención sobre la violación de la ley 25.188, la ley de ética pública. En su dictamen del 30 de diciembre de 2016, la fiscal Boquin sostuvo: “Pudiendo resultar que familiares del Presidente de la Nación resultarían beneficiarios finales de la sociedad concursada y/o de sus controlantes o integrantes del grupo económico (se refiere a Correo Argentino y al Grupo Macri), ningún funcionario público que tuviese dependencia jerárquica con él, podría aceptar una propuesta que directa o indirectamente los beneficie”.

A los dos días, Alonso declaró en radio Mitre: “En su dictamen (Boquin) hace alusión directa a la ley de Ética Pública, sobre una presunta violación, y como la OA es la autoridad de aplicación de esa ley, decidimos abrir una actuación y se empezarán a librar los oficios correspondientes”. Nuestras Voces consultó a la OA por el estado de esta investigación, algo que este medio ya había hecho en el pedido de acceso a la información pública. Desde el organismo pidieron más tiempo.

La investigación de la OA sobre el acuerdo del Gobierno con la familia Macri lleva el número 12774. En la categoría de funcionario analizado figura el Ministerio de Comunicaciones sin especificar al ahora ex ministro Oscar Aguad o al director de jurídicos Juan Manuel Mocoroa, que fue quien firmó el acuerdo. Ninguna mención a Macri, cuya familia era la única beneficiaria de ese acuerdo.

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— En Orsai (@EnOrsai) 24 de julio de 2017

En la planilla que releva los casos, que hoy publica Nuestras Voces, no figura el apellido Macri. Este medio insistió ante la OA para conocer si en el análisis del escándalo del CorreoGate se incluyó a Macri. La respuesta fue ambigua: aseguran que investigan a los funcionarios que intervinieron en ese acuerdo. En lo formal, se trata sólo de Aguad y de Mocoroa. El conflicto de interés en este caso fue planteado por la fiscal Boquin, que entendió que tanto Aguad como Mocoroa eran subordinados directos del presidente y, por ende, al tomar una decisión que beneficiaba directamente a la familia presidencial (y perjudicaba, de paso, al Estado) se estaba violando la ley de Ética Pública. Siguiendo el criterio de Boquin, la OA debería investigar a Macri. Desde el organismo no lo aclararon.

Caso Avianca

El otro expediente que pica cerca de Macri es el que analiza la actuación de Carlos Martín Cobas, ex Director General de Logística de la Presidencia. Cobas fue gerente de Mac Air Jet, la linea aérea de los Macri. Macri y Cobas fueron denunciados junto a otros funcionarios y empresarios (incluido Franco Macri) por los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias. La denuncia de los diputados Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié tuvo cuatro ejes: uno, las maniobras del Gobierno en torno a la flota presidencial; dos, la venta de MacAir a Avianca; tres, el cierre de Sol; y cuatro, la licitación de la flota presidencial. Luego se sumó la entrega de rutas aéreas a Avianca, compradora de Mac Air Jet. Pese a todo esto y a que Macri fue incluso imputado por el fiscal Jorge Di Lello no fue investigado por la OA. Le tocó sólo a Cobas.

En el caso Avianca, la OA incluso intervino para salvar la situación en favor de la empresa y desligarla del presidente. Lo hizo con un dictamen que no figura en su página web, y que según consignó Clarín asegura que no hubo un caso de conflicto de interés “ya que el señor Presidente de la Nación no dirige, administra, representa, patrocina o asesora ni de cualquier forma presta servicios a la empresa Avian (…) A la fecha de inicio del procedimiento (de adjudicación de rutas) ni el Sr. Presidente de la Nación ni sus familiares poseían interés económico en la sociedad McAir Jet SA”.

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— En Orsai (@EnOrsai) 25 de julio de 2017

Otros casos

En las investigaciones actuales de la OA hay pocos funcionarios de alto rango involucrados. La mayoría de los casos relevantes, como los del ministro de Energía, Juan José Aranguren, el secretario de producción, Miguel Braun, el titular de la AFIP, Alberto Abad, el ahora ex funcionario antilavado, Juan Félix Marteau y el ex ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, ya fueron resueltos. Según Alonso, no hubo nunca conflictos de interés. Lo mismo sucedió con los laderos de Macri, Mario Quintana,secretario de Coordinación Interministerial, y Gustavo Lopetegui, secretario de Coordinación de Política Públicas, a quienes la OA sólo les hizo “recomendaciones preventivas en virtud de sus vínculos profesionales/comerciales previos y/o actuales”.

De las 55 investigaciones que aún lleva adelante por conflictos de interés o incompatibilidades sólo 6 involucran a funcionarios de alto rango. Es el caso de la que lleva el número 12290, en la que se investiga a José Torello, jefe de asesores de Macri, Lopetegui, Quintana y Pablo Curat, director del Banco Central, por la compra de Dólar Futuro. Quienes compraron dólar futuro y luego definieron su precio tienen la investigación indulgente de la OA, que lleva meses sin resolverse. Quienes definieron en el gobierno anterior esa política para cuidar la estabilidad financiera van camino a juicio oral por los buenos oficios del juez Claudio Bonadío.

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El ministro Aranguren, que a diferencia de Macri sí ostenta el record de ser el funcionario más investigado por la OA, también tiene un expediente en trámite, el 12566. La OA ya lo justificó por su pasado reciente como CEO de Shell en Argentina, por su continuidad como accionista de Royal Dutch Shell, empresa que controla la sede local y la compra de siete cargamentos de gas oil por parte de CAMMESA a Shell.

Carlos Melconian tiene una investigación abierta en la OA por la tenencia de títulos y acciones de bancos que operan en el país mientras era presidente del Banco Nación. Otro investigado es Juan José Gómez Centurión, el negacionista que acompaña a Macri desde la gestión porteña y estuvo al frente de la Aduana hasta que tuvo que relegar el puesto por cuestiones de salud.

Todos estos datos surgen de un pedido de acceso a la información que realizó Nuestras Voces bajo el amparo de la ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, sancionada el 14 de septiembre de 2016. El pasado 23 de mayo este medio solicitó el “listado y detalle de los expedientes por conflicto de interés que está analizando la Oficina Anticorrupción. El detalle de los funcionarios actualmente investigados y el motivo de cada uno de los expedientes”. El 13 de junio la OA informó que haría uso de la prórroga prevista en el decreto 1172/03 para contestar el pedido, “en razón del cúmulo de trabajo asumido por el área involucrada”. Finalmente, el organismo remitió el listado de expedientes en trámite el 10 de julio firmado por Mora Kantor, Directora de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA.

Fuente: http://nacionalypopular.com/

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