El designado ministro de Defensa, Oscar Aguad, es un dirigente radical cordobés que ha recibido a lo largo de su carrera política cuestionamientos de diverso tipo, como nombrar a represores de la dictadura en altos cargos policiales en su provincia, haber malversado fondos públicos cuando fue funcionario de la intervención federal en Corrientes, y últimamente por maniobras para favorecer al Grupo Clarín, para lo cual derogó de facto la ley audiovisual.

En 1997, siendo ministro de Asuntos Institucionales de Córdoba, fue fotografiado durante el acto por el Día de la Bandera detrás del general Luciano Benjamín Menéndez, jefe militar de la dictadura en región del país (imagen que acompaña esta nota). El represor había sido invitado por el gobierno del radical Ramón Mestre, cuyo gabinete Aguad integraba, como autoridad para compartir el palco oficial.

Peor aún: en 2010, durante un juicio delitos del régimen genocida, el testigo Luis Urquiza acusó a quien, a la sazón, será ministro de Defensa, de “proteger” a policías provinciales vinculados con crímenes de la dictadura, en particular por designar como jefe de Inteligencia Criminal de la Policía -fuerza que estaba bajo su mando- al represor Carlos Yanicelli.

Según informó el diario La Voz en ese momento, Aguad dijo que no sabía de los antecedentes del sujeto. Pero Urquiza declaró ante los jueces, y lo amplió en otro proceso en 2013, que él mismo había denunciado a Yanicelli ante la Justicia, que ello había quedado plasmado en el informe Nunca Más, y que además el represor “estaba procesado ya en el ’87 en una causa en la justicia federal”.

El ahora ministro de Mauricio Macri fue criticado esa vez hasta por Luis Juez, quien era opositor a los radicales en su provincia, aunque hoy es parte de la alianza Cambiemos y se desempeña como embajador argentino en Ecuador.

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El destino de 60 millones

A su vez, cuando en 1999 asumió el gobierno de Fernando De la Rúa, en medio de un estallido social y político en Corrientes durante el cual dos personas fueron asesinadas, el flamante presidente dispuso la intervención federal en esa provincia. Designó como delegado del gobierno nacional a Ramón Mestre, que terminaba su mandato como gobernador de Córdoba, donde Aguad había sido su ministro de Asuntos Institucionales.

Mestre y Aguad se quedaban “sin trabajo” en el gobierno cordobés, pero enseguida consiguieron en el correntino: el primero como interventor provincial, y el otro con un cargo similar pero en la intendencia de la capital de ese Estado mesopotámico.

A raíz de maniobras en el desempeño de ese cargo, el ahora designado ministro de Defensa fue investigado por el delito de “malversación de caudales públicos” por el destino de 60 millones de dólares de un crédito del Banco Nación que tomó el municipio a su cargo.

El portal de noticias “Nuestras Voces” recordó en una de sus notas que el dinero en moneda norteamericana “fue canjeado en su totalidad por bonos Cecacor (certificados de cancelación de deuda) que nunca fueron rendidos”, y que “ese pasivo dejó una carga enorme” para el municipio.

Aguad fue sobreseído en primera instancia pero el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes revocó en 2012 ese beneficio procesal, y ordenó continuar las actuaciones.

Finalmente, el paso del tiempo favoreció al acusado. Una década después de iniciarse la causa, y sin que nunca haya llegado a juicio oral como correspondía, la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo sobreseyó por “prescripción”, es decir porque pasó el plazo legal permitido para investigar ese tipo de delitos. El proceso quedó sin sentencia, o sea sin dictaminarse culpabilidad o inocencia.

Cuando el máximo tribunal del país dijo la última palabra y Aguad quedó fuera de proceso, fue el 12 de mayo de 2014. Quien era intendente de la ciudad de Corrientes en ese momento, el dirigente peronista Fabián Ríos, dijo ese día que “algunos hablan de moralidad y decencia, pero nos dejaron una deuda que seguimos pagando todos los correntinos”.

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Grupo Clarín

Desde que se inició la gestión de Macri, en diciembre de 2015, y hasta este viernes, en que asumirá su cargo de ministro de Defensa, Aguad es ministro de Comunicaciones.

Ese ministerio, creado por el presidente de la alianza Cambiemos, estuvo a cargo de dar los pasos legales necesarios para la expansión del Grupo Clarín. El primero de ellos fue la derogación de facto de las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual (conocida como “ley de medios”), y de Telecomunicaciones.

Ambas fueron anuladas en su contenido fundamental mediante decretos presidenciales, a pesar de que las leyes no pueden derogarse por decisión del Poder Ejecutivo. Al respecto, desde el Poder Judicial no hubo ninguna objeción a esas medidas.

Con la firma de Macri y Aguad, sin embargo, las normas dejaron de regir en sus cláusulas más importantes, y las nuevas normas se adecuaron a las necesidades empresariales. Así, a través de su compañía Cablevisión, el Grupo Clarín pudo anunciar hace poco la fusión con Telecom, que le permitirá dominar el mercado de telefonía, conexión a Internet y televisión por cable.

Fuente: http://vaconfirma.com.ar

CORRUPCIÓN "M"#Silencio
Ramón Mestre intendente de Córdoba y un email que lo complica: “¿Con cuánta me quedo yo?”https://t.co/RPQDhDAQup pic.twitter.com/E0KVNkSAfm

— En Orsai (@EnOrsai) 11 de julio de 2017