(Por Mariano Beristain) La investigación de la Unidad Fiscal de delitos especiales con armas, que descubrió el arsenal en el supermercado COTO, complica la situación procesal de su propietario Alfredo Coto, su mujer y vicepresidente de la firma, Gloria García, la del hijo de ambos, Germán Alfredo y la del jefe de Seguridad y apoderado de la cadena, Alejandro Nievas Blanco. Pero no sólo a ellos. La ANMAC (ex RENAR), el organismo de contralor a cargo de Natalia Gámbaro, una persona de confianza del ministro de Justicia, Germán Garavano, también está en dificultades porque actuó con desidia y jamás denunció la existencia de armas irregulares y adulteradas, como corresponde de acuerdo a la normativa legal.

La causa 3552/16 quedó en primera instancia en manos del fiscal Jorge Di Lello, quien luego la derivó y, por sorteo, recayó en el juez Sebastián Ramos, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°2, y cuya pesquisa corre desde desde esta semana por cuenta de la fiscal Paloma Ochoa. Mucho Más que Dos tuvo acceso al expediente de 60 folios, con los resultados de la investigación, que agrava el cuadro de responsabilidades de don Alfredo porque considera probado por la pesquisa que el propietario del supermercado tenía en su poder, “de manera ilegítima”, varias armas de fuego y explosivos, y, además, los cuatro están acusados de ser responsables por la erradicación y adulteración del marcaje de parte de las armas. Estos delitos tienen como agravante que el permiso de la empresa para operar con armas de fuego llevaba dos años vencido.

ARSENAL DE COTO: LA INVESTIGACIÓN COMPLICA A DON ALFREDO, AL HIJO, A LA MUJER Y AL JEFE DE SEGURIDAD

La investigación que se inició el 5 de setiembre del 2016 a raíz de un mensaje electrónico anónimo, descubrió en la sede central de Coto, ubicada en la calle Paysandú 1842 de la Ciudad de Buenos Aires, un arsenal ilegal de armas aprovisionado con 227 granadas, 27 armas de fuego, dos armas de lanzamiento, 3.886 municiones, 41 proyectiles, 1 silenciador y 9 escudos antitumultos, entre otros.

En el caso de ser encontrados culpables del acopio de armas de fuego, piezas o municiones, sin la debida autorización, el Código Penal estipula reclusión o prisión de 4 a 10 años. Aunque los cuatro implicados se encuentran en dificultades porque tienen rangos ejecutivos en la cadena de supermercados, los más comprometidos por la pericia judicial son don Alfredo y su hijo Germán. El primero por su condición de presidente de Coto Centro Internacional de Distribución S.A., la empresa responsable de la filial en la que se halló el arsenal ilegal, y también porque, pese a tener licencia de la ANMAC para portar armas de fuego, durante la requisa se encontró un revolver de su propiedad que no estaba declarado. En el caso de Germán, el hijo, la situación es aún más delicada porque se halló a su nombre un subfusil automático de guerra modelo UZI que había sido adulterado. La UZI es un arma de fuego fabricada por la industria militar israelí, que pertenece a la familia de las armas de fuego y que son de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad. Fue empleado en conflictos fuera de Israel y el Medio Oriente durante las décadas de los 60s y 70s y también por las fuerzas de seguridad portuguesas en las guerras coloniales en África.

El técnico especialista explicó a la Unidad Fiscal de investigaciones que aunque la UZI estaba en condiciones originales de fábrica “la misma presenta modificaciones… se removió material del interior de la empuñadura y se efectuó un corte para permitir el avance del selector de disparo”. De esta manera, se lo convirtió de un fusil automático a un sistema semiautomático con el aparente propósito de mejorar la precisión del disparo. Además, también se pudo constatar que Germán Coto adaptó la UZI para incorporarle un silenciador. Lo llamativo es que cuando se le preguntó a Germán porqué tenía en su poder un subfusil de guerra UZI, éste señaló en la declaración jurada que lo iba a usar “para combatir especies depredadoras”. En el aspecto referido a la tenencia ilegal de armas, el Código Penal prevé entre 3 y 6 años de prisión.

Otro de los puntos del trabajo que incriminan a la familia Coto y a su jefe de seguridad, Nievas Blanco, es que los acusa de “tenencia de material explosivo”. Ocurre que las granadas antitumultos y los 41 proyectiles de gases, que se descubrieron en la central de COTO, están clasificadas como material explosivo. La Coordinación de Pólvoras, Explosivos y Afines explicó oportunamente que la granada antimulto CM RIOT Control C5 de mano que se encontró en la casa central de COTO “es una granada de mano para control de disturbios, cuyo componente es GAS C5 sustancia que se clasifica bajo la categoría B6, es decir como agresivo químico de fin irritante”.

La granada antitumulto marca NO 4CS y la granada de gas de hostigamiento marca FM también se encuentran encuadradas dentro de la categoría de Explosivos y de “uso exclusivo de las instituciones armadas”. En el caso del proyectil 3231, marca CTS, los especialistas de la Coordinación de Pólvoras, puntualizan que se trata de materiales exclusivos para la fuerza pública.

De acuerdo al artículo 189 bis del código penal, la “simple tenencia de material explosivo, sin la debida autorización legal o que no pudiere justificarse por razones de su uso doméstico o industrial, será reprimida con prisión de tres a seis años”.

En cuanto a la intervención de la ANMAC, el informe señala que “no dispuso ninguna medida administrativa ni practicó ninguna acción tendiente a denunciar ante el poder judicial la comisión de la tenencia ilegítima” de las armas. Es decir que, a pesar de ser el organismo regulador, se desentendió del acto ilegal. Por sus características, la ANMAC tiene poder sancionatorio pero en el caso de que exista una presunción de delito tiene que remitir el caso a la Justicia, para que ésta realice las acciones pertinentes. Jamás lo hizo. Al contrario, tomó una serie de decisiones que parecen haberse orientado a tratar de ocultarle los hechos a la Justicia.

En primer lugar, la investigación alude a que los inspectores colocaron cuatro fajas de seguridad para evitar el ingreso a la bodega que tenía las armas y el material explosivo. Sin embargo, cuando se hizo efectivo el secuestro de las armas para su traslado de la bodega de COTO a la sede de la Banco Nacional de Materiales Controlados (BANMAC) sólo había una faja. “En tal sentido, se presume que hubo una intervención sobre los materiales y que, sin la ayuda de alguno de los funcionarios de la ANMAC, ello no hubiera sido posible”, señala en uno de sus párrafos el informe. Además, las pericias también advirtieron una “alteración en las condiciones” en las que se encontraba la pistola ametralladora UZI y el silenciador, porque en la primera pericia tenían todas las piezas y en el momento de la revisión por parte del BANMAC, dependiente de la ANMAC, “se advirtió que algunas de las piezas no estaban”.

En la causa también se llega a la conclusión de que debido a los férreos controles de seguridad que existían en la bodega en la que estaba el arsenal -dotado de alarmas sonoras, sensores de movimiento, cerradura especial y vigilancia permanente- los únicos que podían acceder a este material eran personas autorizadas por la empresa. Ricardo Bonomini, José Salvador Saglimbeni y Fernando Héctor Rodríguez, tres de los inspectores que actuaron en la causa, confirmaron esta hipótesis. Bonomini les contó a los investigadores que sólo podían ingresar los empleados autorizados y que él sólo incursionó en la bodega en la que se encontraba el armamento guiado por el personal.

De esta forma, lo que se intenta comprobar es que los únicos que podía acceder al arsenal son Alfredo, Gloria y Germán Coto, y Nievas Blanco, en su condición de apoderado. Cualquier otra persona que quisiera ingresar a la bodega tenía que contar con el aval de las autoridades de la empresa. Aunque aún resta mucho camino por recorrer, la primera investigación judicial, acorrala a la familia COTO y mantiene enormes interrogantes sobre las razones por las cuales existía un arsenal con armas de guerra, antidisturbios y material explosivo en la bodega de la casa central de un supermercado. Prima facie parece obedecer al temor de la familia COTO a que se produjera a fines del año pasado un saqueo.

Sin embargo, para la Justicia, existen hechos contradictorios porque, según se desprende de la investigación, Blanco Nievas, responsable de seguridad de la cadena COTO, habría dicho que no existía temor a un saqueo generalizado. Además, las armas en cuestión no se encontraron distribuidas en las distintas sucursales, sino acopiadas en la sede administrativa de COTO. Otro elemento a tomar en consideración apunta al tenor de las armas. No se trataba de armas defensivas, disuasorias contra un posible ataque de personas interesadas en saquear un supermercado para hacerse de alimentos, sino, más bien, armamento ofensivo que podría poner en peligro la vida de los afectados.