Luego de la segunda represión en dos días contra la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en Chubut, esta vez por parte de la Infantería de la Policía provincial, continúan en estado grave de salud dos integrantes de la comunidad, internados en el hospital de la ciudad de Bariloche.

La Policía de la provincia que gobierna Mario Das Neves irrumpió en la comunidad el miércoles por la noche, a los golpes y a los tiros de goma y de plomo, y arrastrando a los mapuches por el suelo. Desde la comunidad informaron que Fausto Jones Huala sufrió un politraumatismo de cráneo y tiene un coágulo que todavía no drena, producto de recibir varios disparos en su cabeza. No se sabe cuán graves pueden ser las consecuencias de la lesión. Por su parte, Emilio Jones recibió un disparo de bala de goma que le destrozó el maxilar derecho, por lo que debe ser intervenido quirúrgicamente. Ambos están conscientes pero en estado grave.

“La situación es tremenda, no sólo por la represión, sino por el abandono de persona. Hubo una complicidad entre la Policía y el hospital de Maitén (localidad cercana a Esquel); se negaron a trasladar a personas heridas”, dijo a Contexto la vocera de la comunidad, Soraya Maicoñia. La referente del Lof dijo que la ambulancia demoró en llegar “porque la Policía se resistía a llamarla”. Recién después de la presión que ejercieron organizaciones sociales y de derechos humanos, una ambulancia de Maitén acudió al lugar y, tras un largo peregrinaje por hospitales de pueblos de la zona, fueron trasladados primero a El Bolsón y después a Bariloche.

La mentira a los Pueblos Originarios

“HUBO UNA COMPLICIDAD ENTRE LA POLICÍA Y EL HOSPITAL DE MAITÉN (LOCALIDAD CERCANA A ESQUEL); SE NEGARON A TRASLADAR A PERSONAS HERIDAS.”

El martes, en el primer ataque, la Gendarmería reprimió con balas de goma y detuvo a siete mapuches por “resistencia violenta” y por “entorpecer el transporte público”, tras la orden del juez federal Guido Otranto para que la comunidad libere la zona por la que circula el tren turístico La Trochita que pertenece a la Compañía de Tierras Sud Argentino S.A., propiedad del grupo Benetton. Carlos Menem le vendió a la empresa italiana esos campos durante los años noventa y los mapuches ocuparon el lugar dos años atrás por ser tierras de sus ancestros.

La comunidad en Resistencia afirma que existen intereses político-empresariales que hacen fuerza para expulsarlos. La zona es rica en minerales y la alianza entre el gobernador Mario Das Neves con grupos empresarios, con Benetton a la cabeza, puja en ese sentido. La Justicia local juega su papel. La titular de la Correpi, Carmen Verdú, afirmó que la esposa del juez José Luis Colabelli –quien se ha expresado en contra de los mapuches–, Gladys Carla Rossi, trabaja en el consulado de Italia en Esquel, defendiendo los intereses del textil italiano Benetton.

Los tres detenidos del martes permanecen en la Unidad 14. En la audiencia en el Tribunal de Justicia provincial, la defensa pidió su excarcelación, pero Otranto se negó. Soraya Maicoñia dijo que uno de los motivos del juez fue que “no están arraigados en la comunidad”, ya que viven en zonas cercanas y se acercaron al Lof en Resistencia para solidarizarse con sus compañeros. Mientras tanto, la defensa reevalúa qué estrategia seguir.

Entre tanto, los siete detenidos de la segunda represión, la del miércoles, fueron liberados ayer por la tarde por la Justicia provincial.

Das Neves a favor de la represión y de Benetton

El gobernador Das Neves se expresó claramente a favor del grupo extranjero y justificó la represión. Aludió a “los graves incidentes” que según él iniciaron los mapuches. En línea con la estigmatización hacia los pueblos originarios que construye el Gobierno nacional y los medios hegemónicos, importando ideas de Estados Unidos, relacionándolos con el terrorismo, afirmó que “hace un tiempo en Chubut hay un grupo de violentos que no respetan las leyes, la Patria, ni la bandera y agreden permanentemente a cualquiera”. Y agregó: “En esto voy a ser duro hasta las últimas consecuencias para que se cumpla con las leyes y la gente viva bien y tranquila”.

Soraya Maicoñia afirmó que “lo que hace el gobernador es un acto de discriminación y de generar enfrentamiento entre hermanos, lo cual es gravísimo, alertando a la sociedad contra los mapuches en una provincia donde el 80% es mapuche”.

“LO QUE HACE EL GOBERNADOR ES UN ACTO DE DISCRIMINACIÓN Y DE GENERAR ENFRENTAMIENTO ENTRE HERMANOS, LO CUAL ES GRAVÍSIMO, ALERTANDO A LA SOCIEDAD CONTRA LOS MAPUCHES EN UNA PROVINCIA DONDE EL 80% ES MAPUCHE.”

“Nosotros estamos intentando cambiar esta forma que tiene el Estado provincial de manejarse con nosotros como pueblo –continuó–. Queremos hacer práctica nuestra autonomía y autodeterminación dentro de la comunidad. Y está claro que el gobernador está en contra de nuestra autodeterminación, principalmente porque defiende el campo de Benetton, de 1.600.000 hectáreas”.

“Operan como en las épocas de la dictadura y de la Conquista del desierto”, cerró Soraya Maicoñia.

Apoyos para la comunidad

Tras las brutales represiones, distintos organismos de derechos humanos, locales e internacionales, manifestaron su repudio al accionar estatal y se solidarizaron con los mapuches. La dirigente social jujeña Milagro Sala también sumó su solidaridad con el Lof Cushmanen (ver aparte).

Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, afirmó en un comunicado: “La orden emitida (por parte de la Justicia) no encuentra correlato con los hechos de la realidad. Amnistía Internacional condena la falta de un eficaz control judicial sobre los alcances y exabruptos que fueron cometidos en territorio. La opacidad, falta de transparencia y rendición de cuentas no pueden ser los principios que atraviesan los operativos policiales”.

Por su parte, la regional del noroeste de Chubut de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos también rechazó la violencia institucional ejercida sobre la comunidad, trazando líneas entre la represión y la orientación en seguridad del Gobierno nacional: “La estrategia tan pregonada a nivel nacional por (la ministra de Seguridad) Patricia Bullrich y su alter ego local (el gobernador) Mario Das Neves para justificar la represión y la criminalización de la protesta social parece haber visualizado en la comunidad mapuche tehuelche el ‘enemigo interior’ necesario para poner en práctica una vez más la política antiterrorista”.

Por otro lado, organizaciones sociales y de derechos humanos y ciudadanos de a pie realizaron movilizaciones en las ciudades de Rawson y Bariloche en repudio a las represiones de la Policía de Chubut y de la Gendarmería Nacional.

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— En Orsai (@EnOrsai) 12 de enero de 2017