La administración de Gustavo Valdés no deja de cometer un error tras otro por el caso Loan Peña y la sombra de la sospecha y la desconfianza comienza a cubrir a todo su Gobierno.

No basta con tener gran parte de su gabinete sospechado de ser parte de los peores crímenes contra la infancia y las personas ni con declaraciones tremendamente desafortunadas del propio Valdés, cuando sugirió que el caso Loan iba camino a resolverse bajo la hipótesis de un accidente automovilístico, sino que también le agrega la incomprensible medida de intentar ascender en el escalafón judicial a Juan Carlos Castillo, el primer funcionario judicial de la provincia que intervino tras la desaparición de Loan Peña, de cinco años, de una comida familiar en la localidad de 9 de Julio, el pasado 13 de junio, sin que se sepa absolutamente nada acerca de su paradero al día de hoy.

Un desaparecido en democracia. Uno más, por el que cientos de funcionarios judiciales y policiales, no logran romper un “pacto de silencio” entre los últimos que lo vieron porque alguien sabe y no habla para confesar nada.

Juan Carlos Castillo intervino como fiscal sustituto y tuvo la causa desde el minuto uno en que se denunció la desaparición de Loan.

En toda investigación que se precie, los primeros indicios suelen ser los fundamentales. En el expediente se citan hechos que demuestran, en blanco sobre negro, que se intentó plantar pruebas del niño desaparecido. Ante la mirada y actuación de Castillo.

El mismo fiscal sustituto que el gobierno de Gustavo Valdés quiere premiar por su inoperancia como defensor oficial penal de Curuzú Cuatiá.

Durante los primeros días de investigación a cargo de Castillo no se le ocurrió pensar en la hipótesis de trata de personas ni mucho menos solicitar ayuda a las autoridades federales.

Lo que pasa en Corrientes queda en Corrientes, hasta que el caso estalló en los medios nacionales y el campo de 9 de Julio se llenó de periodistas que no dejan morir la causa por la aparición con vida de Loan y les cuesta, a varios profesionales de la información, sufrir amenazas de todo tipo.

La gente de Corrientes sabe que, si no fuera por la prensa local que se animó y por la nacional que permanece atenta, el caso podría ser uno más de los que nunca se resuelven. Hay tres chicos de la década del '90 que nunca volvieron a aparecer.

Para graficar esto último hay que recordar a la periodista correntina, Griselda Blanco, que en enero de 2022 informó de la denuncia por abuso sexual contra el comisario Walter Maciel, hoy detenido por el caso Loan, acusado por encubrimiento.

Griselda Blanco escribió en enero de 2022 “Diana es policía. Es de Curuzú Cuatiá, pero se encontraba ejerciendo su labor en Monte Caseros. Nadie se solidarizó con Diana Yardín. Todos encubren a este individuo, comisario Maciel. Aún no lo apartaron de la fuerza como hicieron con ella”.

Griselda Blanco no puede trabajar sobre el caso Loan porque fue asesinada en mayo de 2023. La justicia que investigó la causa de la muerte violenta de la periodista concluyó que fue culpable un hombre que mantenía una relación extramatrimonial con ella. Un caso de femicidio. Pero las dudas en torno a la autoría intelectual, persisten.

La periodista Sol Tobía de diarioconvos.com.ar escribió que “la periodista ejercía de manera independiente y con lo que tenía a su alcance, valiéndose de su cuenta de facebook para denunciar irregularidades y abusos cometidos por policías y funcionarios. Entre ellos, se supo hace poco, estaba el ahora detenido Walter Maciel, (...) o el comisario Nicolás Romero, también por abuso”.

Pero si se lee con atención el posteo de la malograda periodista del mes de enero del 2022, se lee que la víctima de abuso del comisario Maciel es de Curuzú Cuatiá, pero se encontraba prestando servicios en Monte Caseros al momento del hecho que involucró al comisario Maciel.

De Monte Caseros es el dirigente más poderoso que tiene Gustavo Valdés en su gabinete ministerial. El ministro coordinador y de planificación, Miguel Ángel Olivieri.

En círculos políticos bien informados se suele decir que el detenido comisario Walter Maciel tenía la banca de Olivieri desde los tiempos en que este último era el intendente de la localidad de Monte Caseros y gracias a él habría llegado a 9 de Julio tras los escándalos.

Los supuestos abusos de poder de Maciel comenzaron en Monte Caseros y llegaron hasta 9 de Julio.

En 2019, Maciel fue denunciado por una mujer policía, subalterna suya, quien dijo que había sido víctima de violación cuando el nombrado se desempeñaba como titular del PRIAR, un cuerpo de seguridad rural con sede en la ciudad correntina de Monte Caseros.

La víctima declaró en su momento que Maciel abusó de ella luego de encerrarla en su despacho. Lo benefició la falta de mérito resuelta por el juez Eduardo Alegre que, de esa manera, dejó abierta la puerta a que se recolectaran nuevas medidas de prueba para reabrir el debate judicial.

En diciembre de 2019, luego de analizar las pruebas reunidas, el fiscal Oscar Soto había imputado al comisario por el delito de “abuso sexual con acceso carnal, calificado por su condición de funcionario policial, en concurso con coacciones simples”.

Lo había acusado una cabo de la policía. El fiscal Soto, que poco después falleció afectado por Covid-19, apeló la falta de mérito, pero la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Mercedes ratificó la resolución en beneficio de Maciel.

Hoy a Maciel lo defiende el abogado mediático, Miguel Ángel Pierri, experto en este tipo de acusaciones y defensor, en el pasado, del cura Grassi, condenado por pedofilia.