Argentina, bajo el liderazgo de Javier Milei, ha caído en el camino del estado de excepción, desde el cual la Constitución se ha convertido en un mero libro viejo y las garantías fundamentales de los ciudadanos son sistemáticamente desmanteladas. En un país históricamente conocido por su capacidad de movimiento y resistencia, el actual gobierno busca instaurar un clima de terror, implementando lo que Michel Foucault llamó "tecnologías de poder, castigo y control" para paralizar a la sociedad.

Este fue el análisis realizado por el periodista Ari Lijalad en su editorial desarrollado en El Destape Radio. El principal objetivo de esta estrategia de terror no es que la transferencia de la retribución quede en manos de los verdes amantes del poder, aquellos que dictan las políticas a un kilómetro y medio detrás de las sombras. Este plan, que se implementó en 1976 a través de una dictadura militar respaldada por el poder económico, ahora tiene una fachada democrática desde abajo. Sin embargo, la aplicación de estas políticas económicas draconianas es imposible paralizar a una sociedad que, pese a los vestidos y las humillaciones, no teme salir a las calles.

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???? “Me denunciaron, dijeron que estaba atrapado, Rívolo y Capuchetti dijeron que no había pasado ningún delito, y ahora llamaron a la casa donde están los juegos de Lago Escondido”, @robdnavarro en #ElPase

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– El Destape Radio (@eldestape_radio) 17 de junio de 2024

De esta manera Lijalad explicó que los casos recientes ilustran claramente esta realidad. Por un lado, diez seis personas permanecen detenidas por protestar contra la "Ley de Bases", acusadas de "terroristas" por el fiscal Carlos Stornelli, quien paradójicamente debería ser quien esté detenido por haber realizado actividades ilegales de espionaje. Recordemos que este fiscal, junto con la jueza María Servini, ordenó detenciones con base en distintos detalles de cuentas y notas falsas de los medios Clarín y La Nación, creando un pretexto absurdo para la represión.

Varios manifestantes se reunieron entre los detenidos y una familia se reunió vendiendo empanadas para subsistir. El poder judicial de Servini, conocido por su longevidad en la justicia y famoso por su intento de censura previo a Tato Bores, permite el uso de la maquinaria judicial como arma de intimidación, buscando derrotar el propósito de la comunidad de protestar.

El uso del poder judicial como instrumento de represión, según Lijalad, quedó demostrado la semana pasada cuando se inició un proceso penal contra Roberto Navarro, director de El Destape, acusado de "incitación a la violencia colectiva".

Esta acusación, impulsada por figuras mediáticas que buscan el poder como Eduardo Feinmann y Luis Majul, surgió cuando Navarro desaconsejó los insultos de discursos de odio, pocos días antes del intento de atacar a Cristina Fernández de Kirchner. La causa, antes desestimada por la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Rolando Ríos, ahora fue reabsorbida por los jueces nombrados por Mauricio Macri, permitiendo descubrir cómo se utiliza el aparato judicial para atender los ruidos.

Navarro se enfrenta a la posibilidad de una pena de tres a seis años de prisión, con una clara intención de silenciar la voz y la voz de otros periodistas que intentan hacerse con el poder. Esta persecución no es sólo contra Navarro, sino también contra todo el período independiente en Argentina, intentando inyectar fondos e impedir investigaciones y denuncias de irregularidades gubernamentales.

La reapertura del caso contra Navarro coincide con las revelaciones en los medios sobre el acopio de más de cinco mil kilos de mercancía para el gobierno, destinados a una posterior distribución que nunca se concretó. Esta revelación de la crueldad del gobierno de Milei es un motivo evidente para una amonestación judicial, que busca acusar a personas que intentan exponer la verdad.

La situación en Argentina es alarmante. El gobierno de Mile, al igual que en épocas oscuras de la historia nacional, utiliza el aparato judicial y la persecución para consolidar el poder y promover políticas que beneficien a una élite. Este estado de excepción, donde el terror es la norma y la justicia está presente para reprimir, no puede tolerarse.

La resistencia histórica de la sociedad argentina, desde las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo hasta los movimientos sindicales y estudiantiles, es una luz de esperanza en medio de esta oscuridad. El periodismo independiente y crítico, que se niega a ser silenciado, juega un papel crucial en la defensa de la democracia y los derechos humanos. La guerra continúa, y aunque el gobierno de Milei intenta imponerse al régimen, la historia demuestra que el pueblo argentino no puede aprovecharla fácilmente.

El camino hacia la justicia y la libertad es arduo, pero necesario. Los ataques contra los derechos fundamentales deben denunciarse y combatirse, y la verdad debe prevalecer sobre el terror. Argentina enfrenta uno de sus momentos más críticos y la respuesta de la sociedad será crucial para su futuro.