(Por Guillermo Carlos Delgado Jordan) El miércoles 31 de agosto pasado se desarrollaba el décimo día de vigilia frente a la casa de Cristina Kirchner, manifestación de cariño en respuesta al verborrágico alegato del fiscal Luciani que, sin pruebas pero con la espalda que le brinda un poder judicial viciado, colocaba a la exmandataria como sinónimo de corrupción, amenazándola con la cárcel y la inhabilitación de por vida para el desempeño de cargos públicos.

Ese día, con una gran presencia de manifestantes, la vicepresidenta arribó a su casa a las 20.25, rodeada de celulares que intentaban una foto y brazos que buscaban su siempre bien dispuesto saludo. Nadie avizoraba lo que sucedería 48 horas más tarde.

Un piso más arriba del departamento de Cristina, una flamante vecina celebraba su cumpleaños número 62. Era Gladys Benita Egui, una abogada que le renta un espacio a Ximena de Tezanos Pintos, la vecina de la vice que se identifica como republicana y liberal. Egui vive allí hace cuatro/cinco meses, un tiempo extrañamente concordante con la vida de una agrupación ultraderechista en la cual la investigación del atentado está posando sus ojos: Revolución Federal.

Precisamente, Gladys Benita Egui es la letrada de dos personas vinculadas a este grupo:

Leonardo Sosa, quien en su cuenta de Twitter (@leo_bertario) reconoce su pertenencia a Revolución Federal y publicó el 28 de agosto una foto en el departamento de Ximena de Tezanos Pinto, la vecina que vive en el piso de arriba de Cristina Kirchner. “Miren a los Kumpas ahora mismo… creo que me están cantando a mí“, posteó junto a una foto tomada desde la ventana del inmueble. Sosa fue uno de los integrantes de una patota que el día del alegato del fiscal Luciani fue a provocar a la esquina de Juncal y Uruguay, con manifestaciones contra la vicepresidenta. Como era previsible, terminaron enfrentados a la militancia. Tras la escaramuza y ser identificado como el agresor que arrojó una botella, Sosa terminó detenido y con una causa abierta por resistencia a la autoridad.

Gastón Guerra, quien también estuvo unas horas arrestado, en su caso tras el escrache organizado a Sergio Massa el día que asumió como ministro. Se lo identificó como el joven que golpeó el vehículo en el que se trasladaba el funcionario, y también como quien agredió a un cronista de C5N que radicó la denuncia, Lautaro Maislín.

Pero lo curioso es que estas causas no tienen nada que ver con la especialidad de Gladys Egui, quien se identifica como especialista en Prevención de Lavado de Activos, Fraude y Derecho Registral, Notarial e Inmobiliario. Y es precisamente por este lado por donde le prestó servicios al gobierno macrista. Pero vayamos por partes…

Gladys Benita Egui obtuvo su título en Derecho en la UBA el 20 de diciembre de 2013, o sea, a los 53 años de edad. Luego de eso hizo posgrados en las especializaciones nombradas más arriba. Antes de recibirse se dedicaba a los seguros, donde era productora. Previo a compartir casa con Tezanos Pintos, al parecer, vivía en una habitación de un hotel en Balvanera, o al menos así se desprende del domicilio declarado en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y que figura en las bases públicas de la ANSES.

Según su Linkedin, su primer trabajo vinculado al tema del Derecho fue durante un par de años en el Banco Industrial, como Responsable de monitoreo de alertas y análisis de operaciones sospechosas vinculadas al Lavado de Dinero. Allí estuvo hasta diciembre de 2015. El año siguiente, ya con Mauricio Macri en la presidencia, la encontraría en un lugar muy sensible…

Cuando Cambiemos llegó a Casa Rosada tenía en su agenda borrar de cuajo todo resabio de kirchnerismo del país e inició una persecución mediática-judicial contra varios referentes y organizaciones identificadas con el anterior gobierno.

Uno de los grandes damnificados por esta política persecutoria fue el ex secretario del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), Omar «El Caballo» Suárez, quien fue detenido en septiembre de 2016 tras ser procesado con prisión preventiva, acusado de ser «jefe» de una asociación ilícita y de llevar adelante una administración fraudulenta en el gremio que lideró por 28 años. Estuvo tres años preso y finalmente fue absuelto por la Justicia este año.

Previo a todo esto, a inicios de 2016, el SOMU había sido intervenido. Quien estuvo al frente como Interventora fue Gladys González, la ahora senadora nacionl de Cambiemos por la provincia de Buenos Aires. Allí inició una persecución comparable a la denominada «Gestapo Antisindical», aquella del armado ilegal de causas penales contra dirigentes sindicales, por parte de funcionarios públicos, llevada a cabo durante el gobierno de María Eugenia Vidal y cuya investigación parece esta congelada en la Justicia.

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Gladys González, ex-interventora del Sindicato Unidos Obreros Marítimos (SOMU): "El objetivo es que "El Caballo" Suárez vaya preso"

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— C5N (@C5N) December 29, 2021

La intervención del SOMU finalizó en marzo de 2018 en una audiencia en el juzgado Criminal Correccional y Federal número 6, secretaría 11, a cargo del juez Canícoba Corral. Y quien estuvo en el SOMU intervenido, analizando probables delitos, lavado de dinero y elevando informes a la Unidad de Información Financiera (UIF), cuando la dirigía Mariano Federici para armar causas contra los sindicalistas fue, precisamente, la que le renta una habitación a la vecina de Cristina: la abogada Gladys Benita Egui.

Cuáles fueron los nexos políticos que llevaron a la ahora abogada de integrantes de un grupo investigado por atentar contra la vida de la vicepresidenta de Argentina, a ocupar un puesto clave en la persecución de opositores durante el macrismo, sería materia obligada de investigación de la Justicia.