(Por Miguel Croceri) - Apartir del resultado en la elección presidencialde 2015, en la cual el entonces llamado “Frente para la Victoria” fue derrotado, el nombre de Mauricio Macri simbolizó la mayor responsabilidad política por los daños que sufrieron el conjunto de las clases populares y capas medias de la sociedad, y la Nación entera, en los cuatro años de gobierno que concluyeron en diciembre de 2019.

Para aludir a aquella etapa y a las consecuencias que se prolongan hasta hoy y quién sabe hasta cuándo, se puede escribir entre comillas la palabra “Macri” con intencional carga de significación despectiva y de rechazo, como módico espejo de la forma en que el discurso dominante utiliza un artículo de la lengua castellana y una letra del abecedario -”los K”- para representar al proyecto político que consideran enemigo y al cual instalaron como objeto de odio en una parte considerable de la opinión pública.

Mencionar a “Macri” o al “macrismo” es un recurso retórico legítimo que, desde las fuerzas populares, simplifica la identificación de un sector político y de los intereses económicos y sociales que son la razón de su existencia. Pero para la elaboración de un diagnóstico y de las consecuentes acciones a llevar a cabo, esa forma de denominación surge de un punto de partida equivocado y conduce a errores quizás irreparables.

Porque el proyecto político que tuvo el control del Poder Ejecutivo nacional entre 2015 y 2019, y que ha mantenido fuera del gobierno una sólida fortaleza política y social, no se sustentaba ni se sustenta solo -ni principalmente- en Mauricio Macri, sino en el conjunto del bloque de poder dominante.

Dicho bloque lo integran las clases sociales privilegiadas locales y los intereses del capitalismo trasnacional con epicentro en Estados Unidos (EU), que se expresan a través de corporaciones económicas, mediáticas, judiciales, del espionaje, militar-policiales, etc. las cuales despliegan su poderío tanto dentro de Argentina como en el exterior.

Cuando en 2015 esa articulación de fuerzas poderosísimas llegó al gobierno nacional respaldada por una mayoría electoral, instauró un régimen político de derecha destinado, precisamente, a restituir y prolongar hacia el futuro los intereses que representaban.

“Muerto el perro”

Quizás el presidente Alberto Fernández, y un amplio espectro de la dirigencia y la militancia del Frente de Todos (FdT), a partir del triunfo electoral de 2019 creyeron honestamente que la mayor parte de los problemas del país los causaba “Macri”, y que “muerto el perro, muerta la rabia”.

Con ese razonamiento, por ejemplo, el gobierno nacional confió en que el Poder Judicial iba a abandonar el hostigamiento hacia el kirchnerismo y otros espacios peronistas, y que en consecuencia actuaría con mayor respeto por la Constitución y las leyes. No fue así. La fracción judicial manejada por la Corte Suprema y los juzgados de Comodoro Py (nombre derivado de la calle donde se encuentra el edificio de tribunales federales en el barrio porteño de Retiro), continuó/continúa con su proceder antidemocrático y es un constante peligro para el gobierno y para el conjunto de la población.

También las autoridades nacionales y una parte de la coalición oficialista creyeron que los medios de comunicación más poderosos podían participar de una convivencia plural aceptable con un gobierno que, aún cauteloso y moderado, sin disputarle poder en ningún momento, no responde a sus mismos intereses. Ello tampoco ocurrió, y en cambio las cadenas mediáticas de la derecha llevaron su mensaje de sabotaje y odio hasta el extremo de boicotear los cuidados sanitarios contra el Covid y las campañas de vacunación.

De forma similar, el Ejecutivo que encabeza el presidente Fernández insistió de forma reiterada en generar instancias para buscar acuerdos con los conglomerados empresariales agrarios, industriales y comerciales, particularmente con los oligopolios habitualmente denominados “formadores de precios”. La estrategia oficial que confiaba en la razonabilidad de los poderes económicos, chocó una y otra vez con la voracidad sin límites y el afán de saqueo a las riquezas nacionales que caracteriza el capitalismo salvaje local al menos desde la dictadura genocida (1976/1983) de la cual formaron parte.

En un proceso del mismo tipo, el actual gobierno argentino confió en que, para renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la conducción de esa institución financiera admitiría que violó sus propias normas al otorgarle a Macri un préstamo impagable, y que además tendría en consideración el derrumbe económico mundial provocado por la pandemia.

Pero la realidad fue opuesta a esas expectativas. El Fondo fue drástico como siempre al establecer plazos de pago y sobretasas de interés; apenas concedió un corto periodo de gracia (para que se empiece a pagar en 2026); y no puso como condición las habituales “reformas” para favorecer a grandes capitalistas y perjudicar al pueblo -como las llamadas reformas “laboral” y “previsional”-, que de todos modos podrá exigir en un futuro no muy lejano si nuestro país viviera circunstancias económico-sociales aún peores, o si hubiera un próximo gobierno aliado al FMI.

Un año y cuatro meses

La gestión del Frente de Todos estuvo/está marcada a fuego por una adversidad jamás imaginada por nadie en ningún lugar del mundo, que es la pandemia del Covid. Previamente, la coalición había recibidoun país devastado en su economía y en la calidad de vida del pueblo, como resultado de la etapa gubernativa que abarcó el cuatrienio 2015-2019.

El drama social de la alta inflación y la deuda con el FMI -más el resto de la deuda externa y, en general, el endeudamiento público- son consecuencia directa de esa etapa, donde no era solo “Macri” quien gobernaba sino la totalidad del bloque de poder dominante, más allá de sus propias discrepancias internas.

Ahora, además, se suman los efectos económicos mundiales del ataque militar de Rusia contra Ucrania. En Argentina, algunos de esos efectos determinan el mayor encarecimiento de los alimentos y la energía, entre otros productos y bienes esenciales.

Falta poco más de un año y cuatro meses para las próximas elecciones PASO (primarias abiertas simultáneas y obligatorias), cuya fecha de realización -si no cambia la legislación vigente- será el 13 de agosto de 2023.

El tiempo pendiente hasta ese momento es enorme si se considera la velocidad de los sucesos nacionales e internacionales, pero están a la vista varios datos de la realidad que anticipan una instancia electoral extremadamente difícil para el oficialismo. Por ejemplo, la gravedad creciente de la inflación y el consecuente daño humanitario para millones de personas pobres y para el conjunto del pueblo.

Simultáneamente, las condiciones de gobernabilidad se complican por las disputas entre distintas corrientes y liderazgos del Frente, y particularmente -aunque poco se mencione esto públicamente- por el hecho de que el FdT está en minoría en las dos cámaras del Congreso, y generalmente las distintas oposiciones se unifican en su contra.

Los intereses que gobernaron el país entre 2015 y 2019 intentarán recuperar el control del Poder Ejecutivo nacional, que es lo único que perdieron en la última elección presidencial. Esa vez la derecha se tuvo que ir del gobierno pero los poderes de facto conservan todos sus arsenales, y lo demuestran día tras día o directamente minuto a minuto.

Quizás eso no había sido advertido por el peronismo y sus aliados cuando Alberto Fernández y Cristina Kirchner ganaron ampliamente aquélla elección.

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