Así lo confirmó en una entrevista con Télam el ministro Daniel Arroyo, quien adelantó que en el 2021 su cartera contará con un presupuesto de 360 mil millones de pesos, unos 120 mil millones más que en el 2020.

El funcionario nacional explicó que el año pasado tuvo como eje la asistencia alimentaria y, por eso, el 80% de las partidas de su cartera estuvieron dirigidas a garantizar que las personas sin trabajo y sin respaldo social y económico tuvieran asegurado el acceso a la comida, frente a los estragos causados por la pandemia de Covid-19.

Es que, de 8,3 millones de personas que no tenían garantizada la comida en el 2014, se llegó a 14,2 millones en el 2018 y ese cuadro se agravó con la profundización de la crisis económica en el 2019 y con la aparición del coronavirus en el 2020.

«El 2021 será 50% para la asistencia alimentaria y 50% para generar trabajo», afirmó el ministro sobre la distribución de los 360 mil millones de pesos contemplados para este año en el presupuesto (120 mil millones más que en el 2020), que engloba la creación de 300 mil puestos de trabajo, la urbanización de 400 asentamientos y la reparación y construcción de 800 jardines para niños de 0 a 4 años en todo el país.

Planificación.

Arroyo aclaró que la planificación está concebida para un 2021 sin rebrotes fuertes de Covid-19, pero, si las condiciones epidemiológicas empeoran y hubiera que volver a restricciones severas, el Gobierno adoptará «las medidas sociales excepcionales y las políticas que correspondan», en alusión a una eventual reedición del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

El último informe sobre pobreza del Observatorio Social de la UCA reveló que en el 2019 y 2020 hubo un deterioro tanto en relación a la carencia monetaria como a las privaciones no monetarias, con un incremento de la pobreza por ingresos como de los niveles de pobreza «multidimensional»: pasó de 37,5% a 41% de la población.

El director del Observatorio, Agustín Salvia, advirtió entonces que si no hubieran existido «la «AUH, el IFE, la Tarjeta Alimentar y el resto de los subsidios, la indigencia hubiera sido el doble y la pobreza hubiese trepado al 53%».

Movilidad social ascendente.

Arroyo remarcó que su objetivo «es recuperar la movilidad social ascendente, que le vaya bien al que trabaja y estudia y que el trabajo y el estudio sean los motores para generar más empleo, más seguridad alimentaria y la forma de mejorar el ingreso».

Para eso, consideró «clave» la urbanización de los 4.416 barrios populares de la Argentina, donde viven 932 mil familias y unos 5 millones de personas, de las cuales, el 38% lo hace en la provincia de Buenos Aires. Casi todas esas familias (98%) no tienen red cloacal, gas natural (99%), agua corriente (89%) y servicio de energía eléctrica (68%).

Recién a partir de este año esos conglomerados tienen como paraguas un fideicomiso de 12 mil millones de pesos -recaudado a través del impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS)-, de los cuales un tercio es destinado a la creación de lotes con servicios y el resto a la urbanización de los asentamientos inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).

En ese marco, existen 87 procesos de urbanización iniciados -algunos en ejecución y otros en etapa de diseño-, apuntó Arroyo.

Cada distrito define cuáles son los barrios prioritarios a mejorar y eso queda sellado en los convenios que luego firma con el Estado nacional. Hasta hoy fueron suscriptos acuerdos con una decena de provincias y la ciudad de Buenos Aires lo hará en los próximos días, adelantó el ministro.

Explicó que existen tres realidades en torno a los asentamientos: los que fueron levantados sobre tierras fiscales, los que ocupan tierras privadas y los que están ubicados en lugares problemáticos, por ejemplo, inundables y que, a futuro, deberán ser relocalizados.

Desde esos puntos de partida los proyectos también difieren en cuanto a qué se necesita: trazado de calles, servicios públicos, cloacas, mejoramiento de las viviendas o, directamente, nuevos lotes con servicios.

Potenciar Trabajo.

En paralelo, ya funcionan 2200 unidades de gestión en el país que administran los proyectos que involucran a 760 mil personas inscriptas en el programa Potenciar Trabajo, quienes cobran 10.300 pesos por mes (la mitad del salario mínimo) por cuatro horas de labor diaria en obras de construcción, producción de alimentos, confección textil, cuidado de personas y reciclado.

Desde que asumió el Gobierno, el enfoque de las políticas públicas estuvo marcado por la idea de que las comunidades no pueden ser «meras receptoras de programas», sino protagonistas de un necesario «esfuerzo colectivo» para legitimar el trabajo que el sistema nunca puso en valor.

En pocos meses, con la apertura del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep) ya hay 1.300.000 personas con la categoría de monotributistas sociales, que accedieron a una obra social, al sistema de jubilaciones y pensiones, fueron bancarizados y cuentan con una caja de ahorro del Banco Nación.

De ellos, unos 800 mil son cuentapropistas y deben donar parte de su producción como contraprestación a la ayuda que recibieron del Estado. El resto forma parte del universo de trabajadores anotados en el Potenciar Trabajo, donde la regla es que, si dejan de trabajar o no cumplen con las obligaciones, pierden el beneficio al tercer mes. (Télam)