(Por Gladys Stagno) En medio de la discusión general sobre la ocupación de terrenos, públicos y privados, empezaron a aflorar las otras tomas, esas de las que no se habla. Una suerte de okupas VIP que, con licitaciones vencidas, compras a precio vil u ocupaciones ilegales lisas y llanas, usufructúan tierras que no les pertenecen.

Recientemente, gracias a un video de Dolores Etchevehere, se conoció el Proyecto Artigas, un equipo de campesinos, productores rurales e integrantes de organizaciones socioambientales que recuperaron una porción de la Estancia Casa Nueva perteneciente a la familia Etchevehere, en Paraná, Entre Ríos.

Según Dolores y el comunicado del equipo –que recibirá el 40% de la herencia para llevar adelante un modelo de producción agraria sostenible, libre de agrotóxicos y explotación- las tierras se encontraban “indebidamente ocupadas por los hermanos varones de la familia que, haciendo uso ilegal de la misma, despojaron a su propia hermana”.

Allí afirman, además, que los “Etchevehere corruptos” -como los llama Dolores- también “usurparon 70 hectáreas de una escuela agrotécnica de la zona, cometieron sendos delitos de trata y explotación laboral, violencia de género, evasión fiscal, falsificación de firmas, contaminación ambiental y corrupción que están siendo presentados ante la justicia”. Entre los usurpadores está Luis Miguel Etchevehere, ex presidente de la Sociedad Rural y ministro de Agroindustria durante el gobierno de Mauricio Macri.

Los dueños del río

Lejos de aquellos que –empujados por el desempleo que vino con la pandemia y la violencia de género recrudecida en la convivencia forzosa del aislamiento obligatorio- abandonaron sus hogares por un acampe desesperado de chapas, palos y cartones, los consorcios, terratenientes y corporaciones que ocupan terrenos ilegalmente no son mostrados por los medios como delincuentes.

Es el caso del Club Universitario de Buenos Aires (CUBA), el Centro Naval y el Centro de Graduados del Liceo Naval Militar, ubicados en 20 hectáreas de la costanera de Nuñez donde ofrecen actividades náuticas.

Los terrenos donde funcionan desde hace décadas son parte de la Ciudad Universitaria de la Universidad de Buenos Aires (UBA) desde 1958, por un decreto del entonces presidente Arturo Frondizi. Según reseñó Página/12, la cesión fue ratificada en 1961 por una ley del Congreso, que fijó que la Armada pudiese disponer de las tierras hasta que la UBA construyera una dársena. Desde entonces, la Armada otorgó permisos precarios a los clubes para que usufructuaran el sector de forma gratuita.

Recién el 20 de diciembre de 2018, la Universidad firmó un acuerdo con la Armada para que le restituyese las tierras y construir la dársena. Allí comenzaron las tratativas con los clubes y se les pidió pagar un canon por el uso del área de acuerdo a una tasación solicitada al Banco Ciudad. CUBA debía pagar $ 6.500.000 por mes, el Liceo Naval $ 4.000.0000, y el Centro Naval, $ 2.000.000.

Desde la UBA afirman que en estos casi dos años los clubes dilataron las negociaciones, apuntan a judicializar la medida y jamás hicieron una contrapropuesta. Mientras tanto, siguen alquilando sus 700 amarras. Por debajo del valor de mercado, ya que no les cuestan nada.

Un negocio para Elsztain

Sin movernos de la Ciudad de Buenos Aires aparece otro caso famoso: el proyecto de Ciudad Palmera, en Caballito. El terreno ubicado en Avellaneda 1314 fue vendido por el Estado nacional sin aprobación del Congreso al grupo IRSA en los 90.

Allí, IRSA intentó construir un shopping. Las denuncias de los vecinos sobre irregularidades y el pedido de que el terreno se destinase a un espacio verde en uno de los barrios más densamente poblados de la Ciudad terminaron por enterrar el proyecto. Pero el reclamo de que restituyeran entre el 25 y el 50% de las tierras al Estado para uso público jamás fue reconocido.

IRSA, mientras tanto, permutó una de las cuatro parcelas con la desarrolladora Portland, que tramitó un nuevo proyecto para construir edificios de dos cuerpos donde la constructora había conseguido permiso para levantar sólo uno.

Según el Observatorio del Derecho a la Ciudad, liderado por el abogado Jonatan Baldiviezo, el mismo viola el Código Urbanístico aprobado hace dos años, que define la zona como Unidad de Sustentabilidad de Altura Alta donde el límite máximo de construcción es de 29,8 metros. El proyecto contempla 34,8 metros de altura. Tampoco pasó por procesos de evaluación ambiental con participación real de la ciudadanía.

El primer shopping en abrir… es ilegal

El Distrito Arcos, ubicado en el coqueto barrio porteño de Palermo, es otro caso en conflicto. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) está intentando recuperar el predio donde funciona el shopping a cielo abierto también impulsado por la constructora de Eduardo Elsztain.

Los fundamentos para la recuperación del terreno a manos públicas son varios. Por un lado, la violación del permiso de concesión, que permitía locales gastronómicos y no un shopping. Por otro, la falta de pago mensual del canon: según la AABE, la empresa debe cuatro años de alquiler.

Pero el mayor de todos es un fallo judicial de febrero de 2019 de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario que estableció que un mínimo del 65% de la superficie total de esas tierras deben ser transferidas a la Ciudad para “uso y destino público”, de acuerdo con el Código de Planeamiento Urbano, “con el propósito de destinarlo a la generación de nuevos espacios verdes parquizados”. Hasta el momento, IRSA sigue sin cumplir. De hecho, Distrito Arcos fue el primer shopping de la Ciudad en abrir sus puertas en pandemia.

Sólo en la Capital Federal, los ejemplos anteriores son un botón de muestra. Los casos se repiten en todo el territorio porteño y se multiplican en otras provincias. Pero en la Ciudad, las usurpaciones ilegales por parte de los poderosos serían aún más si las gestiones de Mauricio Macri, primero, y Horacio Rodríguez Larreta, después, no se hubiesen encargado de acomodarles los papeles a muchos que venían flojitos.

“A todas éstas hay que sumar las ocupaciones VIP legales –explica Baldiviezo-, es decir aquellas que eran ilegales pero luego fueron aprobadas por la Legislatura o por el Ejecutivo porteño, el cual durante 13 años de gobierno del PRO garantizó ir legalizando todas las ocupaciones”.