Una media cautelar, firmada por el juez Federal Sebastián Ramos, suspendió un millonario contrato entre YPF y la Compañía Naviera Horamar que se firmó dos semanas después de la derrota de Juntos por el Cambio en las PASO del año pasado. El magistrado investiga el rol que tuvieron funcionarios del gobierno de Mauricio Macri y los ejecutivos de la petrolera estatal durante el proceso de licitación.

Se trata de un contrato por 67 millones de dólares, producto de una polémica licitación por el transporte marítimo y abastecimiento de hidrocarburos a través de la hidrovía San Lorenzo-Barranqueras (entre Santa Fe y Chaco), uno de los principales corredores de combustibles del país, por el plazo de cinco años, con opción de prórroga de otros dos. La firma Horamar está en manos del Grupo Navios Maritime Holding, una empresa marítima que cotiza en la Bolsa de Nueva York.

La firma internacional, que en el país es representada por el empresario Claudio López, se encuentra fabricando en Paraguay tres remolcadores y media docena de barcazas que deberán estar listas para el primer día de enero de 2021, fecha en la que se iba a efectivizar la adjudicación que se firmó el 5 de septiembre de 2019.

Pero ahora todo quedará frenado, al menos hasta que el juez determine si los ejecutivos de YPF y los funcionarios que intervinieron en el proceso de licitación deben ser procesados por los delitos de "incumplimiento de autoridad y violación de los deberes de funcionario público" y de "defraudación contra la Administración Pública".

La medida cautelar del magistrado, de 52 páginas, fue a raíz de una presentación judicial realizada por SuPeh Flota petrolera, el sindicato que representa a los operarios marítimos que trabajan en las embarcaciones contratadas por YPF.

Ramos ordenó la “suspensión de los efectos del contrato suscripto entre YPF S.A. y la firma Compañía Naviera Horamar para la prestación del Servicio de remolcador de apoyo y del Servicios de transporte fluvial de hidrocarburos para la zona del Km 1196, Río Paraná y Riacho Barranqueras, incluyendo toda actividad secundaria que se encuentra siendo realizada para la prestación de dicho servicio, entre ellas las obras de construcción y adecuación que se estén realizando en el exterior o en nuestro territorio, y/o la importación de barcos, barcazas y remolcadores, como así también cualquier trámite administrativo dirigido a obtener autorizaciones, registros y/o permisos vinculados con las barcazas vinculadas a la prestación de dichos servicios”.

Un contacto en Horamar

En el marco de la investigación judicial, Ramos ordenó una serie de allanamientos en YPF y la empresa naviera que ganó la licitación. Además de secuestrarse toda la documentación, el juez requirió que se analice hasta el intercambio de correos electrónicos entre los ejecutivos de la petrolera estatal y la Compañía Naviera Horamar.

La polémica licitación que está bajo la lupa de la Justicia se abrió en abril de 2019, durante la gestión de Guillermo Dietrich como ministro de Transporte. A cargo de la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación se encontraba Mariano Saúl, hombre de confianza del entonces interventor de la Administración General de Puerto, Gonzalo Mórtola. Y el CEO de YPF en aquel momento era Miguel Ángel Gutiérrez.

Antes de la llegada de Saúl, al frente de la subsecretaría se encontraba Jorge Metz, un piloto de ultramar que desembarcó en el gobierno de Macri después de haber sido durante ocho años gerente de Transporte Marítimo de Compañía Naviera Horamar, la firma que ganó la polémica licitación.

“Luego de dos años donde los puertos y las vías navegables volvieron a ser después de mucho tiempo prioridad en las políticas de transporte, lográndose enormes transformaciones y avances, se incorpora a liderar el área Mariano Saúl. Jorge Metz va a seguir acompañando la gestión como parte del equipo aportando su experiencia y profesionalismo”, dijo Dietrich, a través de un comunicado, cuando puso en funciones al hombre de Mórtola.

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