El sindicalista camionero Hugo Moyano junto a su abogado, Daniel Llermanos, realizaron una denuncia ante la justicia federal de Lomas de Zamora en la que acusan al Procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, y a varios dirigentes políticos de Juntos por el Cambio, de haber conformado una mesa judicial con el fin de manejar las tareas de espionaje ilegal.

Llermanos solicitó que lo acepten como particular damnificado al sentirse investigado de manera personal, y por tal razón presentó un escrito en las últimas horas en la UFI N° 11 de Lomas de Zamora en el que pide que se investigue y se cite a declarar a varios funcionarios judiciales y políticos ante la posible comisión de delitos de acción pública que incluye, además de a Conte Grand, a los ex ministros de Seguridad y Justicia de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo y Gustavo Ferrari, el senador Juan Pablo Allan y hasta el intendente de La Plata, Julio Garro, entre otros.

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Para el letrado, los mencionados colaboraban de manera directa o indirecta en una mesa judicial que animaba el uso de la inteligencia del Estado de manera ilegal, con el objetivo de perjudicar a sindicalistas y funcionarios de la entonces oposición.

Llermanos acusa al abogado trucho Marcelo Dalesio, actualmente detenido, al fiscal general adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, al titular de la UFI N° 1 descentralizada de Lanús, Mariano Leguiza Capristo y al fiscal lomense Pablo Rossi.

Para el abogado la justicia federal debe indagarlos como encubridores de los delitos señalados.

El abogado explicó que “desde los distintos poderes del Estado provincial y nacional se desplegaron acciones ilegales”, y detalla que él fue investigado de manera ilegal por su condición de defensor de Hugo y Pablo Moyano.

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Llermanos señala que a través de la “mesa judicial” se logró el desplazamiento de la Procuradora bonaerense María del Carmen Falbo y ubica común rol protagónico al senador Allan (Cambiemos), a quien le adjudicó el poder de ser el que daba curso o no a las designaciones en el poder judicial durante la gestión de Vidal.

Ante esta situación solicitó en el escrito que se cite como testigos en la causa de espionaje ilegal a legisladores, políticos, periodistas y ex funcionarios.

Entre los presuntos colaboradores activos de esa mesa judicial o de espionaje ilegal se encuentran, según el ex juez federal Llermanos, el ex ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, al que acusan de mantener encuentros con jueces y fiscales; el ex ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, quien habría autorizado el cableado de una celda en una Alcaidía Departamental para espiar a Pablo Moyano si llegaba a ser detenido; al abogado trucho Marcelo Dalessio, procesado en la Causa de Dolores.

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Además, pidió que se cite al camarista contencioso administrativo de La Plata, Gustavo Scaparotel; al ex intendente de La Plata, Pablo Bruera; al titular del PJ La Plata, Luis Lugones; al actual Intendente de La Plata, Julio Garro; al abogado mediático Gabriel Iezzi; y al funcionario de la Suprema Corte provincial, Max Perkins: entre otros de una larga lista.

La "mesa judicial" se trataría de una conjunto de funcionarios públicos que ostentando poder de turno, realizaban maniobras de dudosa legalidad para espiar, perseguir y encarcelar opositores políticos, gremiales y sociales a las políticas de la alianza Juntos por el Cambio que integran la Unión Cívica Radical, el PRO y la Coalición Cívica.

En ese marco aparecen en la línea de fuego la ex Gobernadora María Eugenia Vidal, Ritondo, Conte Grand, el senador Allan y varios funcionarios judiciales de Lomas de Zamora.