La gestión Alberto Fernández intervino por primera vez en una de la causas emblemáticas que involucran a Mauricio Macri: el caso Correo Argentino. Lo hizo a través de Carlos Zannini, que encabeza a los abogados del Estado como Procurador del Tesoro y sentó una postura clave: apoyó el pedido de la fiscala Gabriela Boquin de intervenir la empresa con desplazamiento de todos los directivos que responden a la familia Macri y pidió además que el expediente regrese a la primera instancia judicial para que se resuelva si se inicia el salvataje de la firma o se encamina a la quiebra.

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La intervención de Zannini responde a un decreto del propio Macri que obliga a intervenir en este caso a la Procuración del Tesoro y los propios plazos procesales del expediente. Así como en su momento el abogado de los Macri con patente de Procurador, Bernardo Saravia Frias, intervino para dilatar el expediente ahora le toca el turno a Zannini.

La familia Macri, por su parte, realizó una nueva maniobra para dilatar aún más esta causa que ya lleva más de 18 años. Tienen miles de millones de razones, con próceres o animalitos, para anhelar más demoras. Ahora presentaron un recurso extraordinario para que el caso llegue nuevamente a la Corte Suprema y no se concrete la convocatoria al “cram down” o salvataje, paso previo a la quiebra. El máximo tribunal del país ya intervino dos veces en este caso, ambas negativas para los Macri. La primera en 2009, cuando resolvió que no pueden compensarse las deudas de los Macri con el Estado con las deudas que dicen que el Estado tiene con ellos, tal como informó El Destape. La otra en 2018, cuando ratificó a la fiscala Boquin tras sucesivos intentos de los Macri de apartarla. La resolución de este nuevo recurso está en manos de las juezas Maria Lilia Gómez Alonso y Matilde Ballerini, que integran la Sala B de la Cámara Comercial. Son las que aún hoy marcan el ritmo de esta causa. Son, de hecho, uno de los engranajes fundamentales en el letargo que ya lleva más de 18 años.

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El planteo de Zannini responde a lo siguiente. Tal como informó El Destape, la fiscala Boquin pidió hace unos días la intervención de Correo Argentino con el desplazamiento de todos los directivos que aún reportan a la familia Macri. El pedido tiene sentido: busca evitar que continúen los desfalcos en una empresa que no sólo no pagó sus deudas con el Estado sino que fue vaciada a través de distintos mecanismos con el objetivo de direccionar fondos a otras empresas del holding Macri, a estudios de abogados y consultoras también vinculadas a Correo Argentino y a firmas donde figuraban importantes miembros del gobierno de Macri.

La fiscala fundó su pedido de intervención judicial en que “podrían producirse otros actos que continúen agravando la situación patrimonial de la concursada, disminuyendo su activo y perjudicando a los acreedores en un eventual escenario falencial teniendo en cuenta la posibilidad de fracaso del cram down y la inmediata quiebra de Correo Argentino SA”. Boquin resumió que busca una intervención “a los fines de evitar nuevas maniobras dañosas a los intereses de los acreedores”. El Estado es el principal acreedor de Correo Argentino, por lo que el aval de Zannini a este pedido tiene razonabilidad.

“El Estado Nacional tiene un interés concreto en que se proceda en el sentido antes señalado, dada la existencia de una serie de irregularidades que tienen entidad suficiente para lesionar seriamente sus intereses”, dice el escrito firmado por Zannini y presentado ante la Sala B de la Cámara Comercial. El Procurador expone que el Estado “ve disminuida día a día la posibilidad de satisfacer su acreencia” y que “existen sobrados elementos que dan cuenta de graves irregularidades cometidas por la administración de la concursada a lo largo de este dilatado proceso”.

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Zannini, junto al subprocurador, Horacio Diez, retoma varios de los argumentos que sostiene hace tiempo la fiscala Boquin. Entre ellos, la existencia de maniobras de vaciamiento de Correo Argentino hacia Sideco y Socma, sus controlantes, los pagos millonarios a estudios jurídicos, consultoras y empresas de publicidad vinculadas a los propios directivos de Correo, el proceso de licuación de la deuda de los Macri por el paso del tiempo y como presentaron conformidades fraudulentas en su intento de concretar el acuerdo que implicaba la condonación de más de 70.000 millones de pesos.

Además de avalar la intervención, Zannini pide que el expediente regrese a primera instancia, al despacho de la jueza Marta Cirulli. Esta jueza está imputada como parte del vaciamiento de Correo Argentino en la causa penal que tramita en Comodoro Py al ritmo de su par Ariel Lijo. Pese a esto, se niega a excusarse en la causa donde se define la deuda de los Macri. Lo que tiene que resolver Cirulli si se inicia el salvataje de la firma (en síntesis, si alguien quiere comprarla y hacerse cargo de negociar con los acreedores) o si se encamina a la quiebra. La llave ahora la tienen las superiores de Cirulli, las camaristas Gomez Alonso y Ballerini. En su decisión de abrir el recurso extraordinario de los Macri o, en su defecto, de denegarlo y enviar todo a la jueza Cirulli para que defina la situación de la empresa se juega si esta causa tendrá o no más demoras.