Fue así como en el año 2016, bajo el gobierno de Macri, se presionó para que se instale la megaminería en Mendoza y se hiciera de ésta un eje extractivista del país así como se ha hecho de San Juan, provincia que ha quedado devastada ambientalmente por obra de las mineras extranjeras. En 2018, el ex gobernador Cornejo -medio un decreto- le concedió permisos a empresas del grupo Macri para realizar explotación de nuevos yacimientos de cobre encontrados en el sur mendocino.

Con ese decreto, el gobierno restituyó la explotación a la empresa del grupo Macri, reconociendo la apelación contra el propio Consejo de Minería de la provincia. “Acéptese formal y sustancialmente, el Recurso de Apelación, interpuesto por el Contador Julio C. Pulisich, en representación de Minera Geometales S.A., en contra de la Resolución Nº 454 del año, 2014, emitida por el Honorable Consejo de Minería", termina el texto del decreto.

La firma Geometales, cuyo titular era Franco Macri, se dedica desde 1997 a la negociación de propiedades mineras con otras empresas. Además de la mina de Malargüe, que lleva el nombre de la nieta de Franco, Francesca, la firma tiene otros yacimientos en la misma Mendoza, San Juan, y el llamado “anillo de El Teniente” en Chile, una de las minas de cobre más grande del mundo.

Este "regalo" de Cornejo al grupo Macri se dio en el marco de la avanzada del gobierno provincial para implementar el uso del fracking en el sur de Mendoza y del fuerte lobby minero para reactivar proyectos como el de Vale.

En 2019, el gobierno Macri/UCR provincial volvió a ganar las elecciones, y para no perder la costumbre, apenas asumido, fue más allá y finalmente modificó la ley 7.722 que protegía el agua potable. Rodolfo Suárez prometió y cumplió: desde mucho antes, cuando la campaña por la gobernación empezaba, una de las advertencias fue que con la UCR se venía algo bastante peligroso: la megaminería metalífera contaminante.

El último recurso al que se podría apelar ahora es a la justicia y a organismos internacionales, que apliquen sanciones y protocolos que aleguen inconstitucionalidad, dado que esta modificatoria viola el principio de no regresión ambiental establecido en la Ley General de Ambiente.

Lejos de ser una fuente de prosperidad, ha quedado demostrado que la tajada más grande de la megaminería se la llevan unos pocos, que terminan comprando agua embotellada en países europeos mientas nosotres nos quedamos con la peor parte y migajas, condenando a generaciones enteras a la miseria, al agua envenenada y a la muerte.

El cambio real vendrá cuando de los recursos y de la minería se hable en términos del entramado de empresas extranjeras que existen, de la soberanía, de la nacionalización de los recursos, y de una Constitución Nacional que contemple y resguarde estos derechos, pero también de una sociedad no solamente con conciencia sobre el medio ambiente sino también con conciencia política".