La Justicia correccional platense absolvió a Fernando Esteche, al considerar que la acusación en su contra no fue probada, y que se trató de una información no chequeada comparable a las fake News. Al menos en la causa, no se pudo demostrar la veracidad de las expresiones atribuidas al dirigente por parte de medios de comunicación. Sin pruebas fehacientes, no hay condena. Eso interpreto la Jueza, y pronunció “veredicto absolutorio”.

La causa reconstruyó, al menos en el campo de las hipótesis, una modalidad habitual en estos tiempos: la proliferación de noticias falsas que se transforman en causas penales sin más prueba que un titular estampado en la página de un diario.

En situaciones normales el país podría darse el lujo de poner en funcionamiento el aparato judicial del Estado, para chequear la veracidad de una información publicada. Argentina no es, justamente, una Nación ordenada en su administración de Justicia. Entre otras cosas, por falta de recursos. Eso también es malgastar el dinero de los contribuyentes, con un agravante: poner a funcionar el andamiaje judicial para chequear una operación mediática, retrasa, además, el resto de los procesos en marcha.

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La causa contra Esteche se originó a raíz de supuestas declaraciones suyas pronunciadas en el marco de un acto político ocurrido en junio de 2016. En ese marco, el ex líder de la agrupación Quebracho habría amenazado con desestabilizar al Gobierno actual “para que se caiga”. La fiscal Victoria Huergo que originalmente había acusado por “apología del crimen” –un delito cuya pena va de 6 meses a un año de prisión- cambió la imputación por otro de mayor penalidad: “incitación a la violencia colectiva”, de 3 a 6 años de prisión.

En un acto partidario, algunos medios nacionales le atribyeron a Esteche haber pronunciado la siguiente frase: “Este Gobierno va hacia una crisis segura que ayudaremos a desatar. Es un Gobierno que va a caer, y vamos a ayudar a que caiga, porque Gobierna contra el Pueblo. Vamos a hacer lo imposible para no dejarlo gobernar. Vamos a provocar la crisis y construir la salida”. Una verdadera amenaza al Estado de Derecho.

Esa frase, atribuida a Esteche, disparó una denuncia penal en su contra por parte del fiscal platense Marcelo Romero. La fiscal en turno, Victoria Huergo, considero que con el testimonio del denunciante, basada en la lectura de esos supuestos dichos impresos en un diario de tirada nacional, se acreditaba la materialidad ilícita. Las pruebas eran notas publicadas por el diario La Nación, y por un portal de alcance nacional que reprodujeron las supuestas declaraciones.

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La fiscalía condimentó su acusación con especulaciones que nada tenían que ver con el hecho investigado. Interpretó que el acusado era conductor “de una agrupación que no podía desconocer sus modalidades”, y que siendo “Doctor en Comunicación –docente además de la Facultad de Periodismo de la UNLP- “no puede desconocer las consecuencias de su discurso”. Apenas un intento por darle verosimilitud a la acusación. La idea era darle sustento a la imputación con indicios. No le alcanzó.

Durante el proceso, la Justicia pidió videos que pudieran demostrar la veracidad de la información publicada. Las medidas de prueba incluyeron además citar al denunciante y a testigos presentes en el acto que ratificaran la autenticidad de la frase supuestamente pronunciada. Los medios se excusaron: no había grabaciones. Tampoco un solo testigo que diera fe de que el acusado había pronunciado la frase que los medios le atribuían. Apareció un registro televisivo de un medio nacional oficialista, con notas en las que un periodista del Grupo realizaba preguntas capciosas para –según la Jueza- “incitarlos” a que opinen sobre la frase agraviante al sistema democrático. Para la Jueza, los videos no constituyeron prueba alguna. En su resolución absolutoria habló de “Indicios, de indicios”.

Tampoco el fiscal denunciante pudo certificar la veracidad de la información publicada. En la resolución, la Jueza recorre parte de su declaración: leyó supuestos dichos de Esteche en los diarios, y le pareció que excedía la libertad de expresión. Admitió, además –no tiene obligación de hacerlo en su carácter de denunciante- que no investigó las fuentes; que no corroboró la veracidad de tal información, y que tampoco le constaba si la noticia fue veraz, o si se trató de una versión inventada. En su fallo la jueza Ermili resume el testimonio del denunciante, en una frase: “dijo que no podía descartar, ni dejar de hacerlo, que todo esto sea una fake news, porque no verificó la noticia”.

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Después siguieron un sinnúmero de testigos. Todos habían formado parte del acto en cuestión. La defensa a cargo de Fabián Améndola, del estudio Burlando, presentó una lista de testimonios, entre ellos el ex vicegobernador de la Provincia, Gabriel Mariotto, quien participó del acto. La coincidencia fue abrumadora: ninguno escuchó pronunciar a Esteche la frase que se le atribuyó. Tampoco pudo certificar la Justicia que durante el acto hubiese periodistas cubriéndolo.

La fiscal trató de contrarrestar la catarata de testimonios en contra de su acusación. Aseguró que no se podía creer en los dichos de quienes, al fin y al cabo, “son parte”. En efecto, la mayoría de quienes testificaron participaron en calidad de militantes de aquella convocatoria. Un honesto planteo jurídico podría darle validez al razonamiento de la fiscal por simple aplicación del principio de imparcialidad. Ese no fue el detonante para desestimar la denuncia. Entre las tareas del fiscal está la obligación de reunir pruebas que acrediten su acusación. Nunca pudo demostrarlo. Apenas objetó la parcialidad de los testimonios en contra. La conclusión de la Jueza fue categórica: "ni siquiera de los dichos del denunciante surge la certeza de que Esteche dijo lo que se le imputa haber dicho”.

“Nada. Ninguna prueba. Nadie, ni siquiera el denunciante pudo afirmar que lo dijo. Contrariamente, la mayoría de los testigos dijeron que ello no ocurrió”, concluyó la Jueza en su resolución. “Un caso de fake news resuelto por la Justicia”.

En apariencia la sentencia absuelve a Esteche. De hecho lo hace. Pero es mucho más que eso. Revela una trama preocupante de la argentina engrietada: medios que publican sin chequear frases grandilocuentes y fiscales que levantan los supuestos agravios y los llevan a tribunales. A Esteche no se lo juzgó por un hecho anterior asociado a su militancia política. Se lo sentó en el banquillo por dichos que nunca pronunció. Una frase tan grave como la que sí pronunció, en televisión abierta y se difundió en todo el país, la diputada oficialista Lilita Carrió: “Yo puedo hacerle (a Macri) un golpe de estado en dos días”, sin que ningún fiscal la denunciara penalmente. Clima de época, en tiempos del periodismo de guerra.

Así ganan elecciones.

EN LA UBA
Muy trucho: Macri haciendo campaña electoral con las obras de Cristina Kirchner https://t.co/Z0J8fbxi9u pic.twitter.com/u14fyesQBl

— En Orsai (@EnOrsai) July 12, 2019