Fueron imputados porque ni Tagliaferro ni sus concejales cumplieron la resolución de la jueza en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Morón, Dra. Mónica Luján López.
Miercoles 19 de septiembre de 2018 | 12:37
La UFI Nº1 del Departamento Judicial de Morón a cargo del Fiscal Javier Baños imputó al intendente Ramiro Tagliaferro, a la presidenta del Concejo Deliberante de Morón Analía Zapulla y a los concejales del Bloque Cambiemos Vanesa Sosa, Romina Fusco, Juan Nardo, Carlos Solia, Adriana Ortíz, Leandro Ugartamendia, Emiliano Catena, María Eugenia Brizzi, Nicolás Canario Soto, Alejandra Liquitay y Rolando Moretto, por los delitos de “desobediencia (artículo 239 del Código Penal), incumplimiento de los deberes de funcionario público (Art. 248), y omisión o retardo de actos de oficio (Art. 249)”, por no restituir el busto de Néstor en la plaza de Morón. Fue a partir de una denuncia penal presentada por Unidad Ciudadana Morón contra el Gobierno local por actuar fuera de la ley y avanzar con una ordenanza que se encuentra suspendida por orden de la Justicia.
Fueron imputados porque ni Tagliaferro ni sus concejales cumplieron la resolución de la jueza en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Morón, Dra. Mónica Luján López, que suspendió los efectos de la ordenanza Nº 18851/18 por considerar que viola el derecho constitucional de la comunidad a participar en una audiencia pública para poder opinar sobre el proyecto de remoción del busto, de la misma forma que se hizo cuando se aprobó el emplazamiento del monumento en 2012, de acuerdo a las normas y el Reglamento Interno del Concejo Deliberante.
Mientras se llevan a cabo las distintas instancias en el Fuero Contencioso Administrativo, la ordenanza por la cual se retiró el busto está suspendida, es decir que el busto debería reinstalarse en la plaza hasta tanto se defina la cuestión de fondo.
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Celebramos esta decisión que respalda, una vez más, el pedido que veníamos haciendo desde Unidad Ciudadana. Tagliaferro y sus concejales, en una muestra más de abuso de poder y de no respeto a la normativa vigente, no han dado cumplimiento a la resolución dictada por la justicia ya que removieron el busto y no ha sido reinstalado.
Cabe destacar que Tagliaferro se apuró a sacarlo sin esperar la resolución de la jueza en lo Contencioso Administrativo que el mismo día de la sesión ordenó al Gobierno Municipal la entrega de toda la documentación del caso para verificar si se cumplimentó con el proceso administrativo necesario. Tagliaferro sabía de la existencia de estas actuaciones por lo que se le requirió que no ejecute la remoción del monumento hasta que se expida la Justicia. Sin embargo, conducido por ese espíritu de rencor que rodea esta situación, sin publicar siquiera la ordenanza y el decreto promulgatorio en el Boletín Oficial Municipal, ordenó la remoción del monumento con la específica finalidad de no acatar lo pedido.
Lucas Ghi, Martín Sabbatella y miles de vecinxs dejan flores donde estaba el busto de Nestor Kirchner que quitó Tagliaferro#ElAmorVenceAlOdio pic.twitter.com/xBgnoQHopp
— El diario (@eldiariomoron) 3 de septiembre de 2018
Burlando el espíritu democrático y participativo que debe guiar el funcionamiento de una institución como el Concejo Deliberante avanzaron con un procedimiento irregular. Sin dudas esta actitud se enmarca en un ambiente de revanchismo político que lamentablemente se ha instalado en nuestro país, y en particular en nuestro Municipio.
El monumento debe estar en la plaza de Morón, les guste o no, conforme lo establece la normativa vigente. El Departamento Ejecutivo no se encuentra autorizado para remover el busto, porque dicha autorización fue suspendida. Entonces el busto debe estar emplazado en su lugar, porque la remoción es ilegal y no tiene sustento normativo al haber sido suspendida la ordenanza. No restituirlo es una conducta no sólo ilegal sino teñida de revanchismo político.
Este revanchismo político es lo que los lleva a destruir el Estado de Derecho, incumpliendo sistemáticamente las normas que regulan el funcionamiento del Estado. Así los gobernantes y las mayorías legislativas de turno se arrogan facultades, violando procedimientos y cercenando derechos.
Las imputaciones y la causa pasarán en los próximos días a la Fiscalía Nº5 que es la que estaba de turno al momento de los hechos que se investigan.
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— El diario (@eldiariomoron) 26 de agosto de 2018