Para el amigo de Macri, no hay jueza que valga

Joseph “Joe” Lewis, el multimillonario inglés amigo de Mauricio Macri, propietario de miles de hectáreas en la Patagonia, consiguió aplazar (otra vez) las medidas judiciales para abrir el camino de Lago Escondido. La senadora Magdalena Odarda –amparista de la causa que exige el libre tránsito hacia el lago– denunció que Lewis logró apartar del caso a la jueza de El Bolsón Erika Fontela cuando estaba por realizarse un reconocimiento judicial del camino de Tacuifí con vecinos y organizaciones presentadas en el expediente en calidad de amicus curiae. Odarda contó que la suspensión del reconocimiento “fue por completo intempestiva”, sin ninguna notificación previa. “Esto es una nueva muestra de la absoluta impunidad con la que se manejan los operadores judiciales del empresario inglés”, advirtió: “La justicia de Río Negro está a merced de su accionar”.

La orden de abrir el sendero público de Tacuifí tiene sentencia favorable desde hace nueve años, pero su cumplimiento viene siendo postergado, al amparo del poder, por todo tipo de artilugios legales.

“Sabíamos que los abogados de Lewis habían pedido el apartamiento de la jueza. Para el pasado 21 de abril estaba previsto hacer el recorrido, pero todo quedó suspendido. La jueza dice que ya no tiene el caso, aunque esto es algo que ha trascendido informalmente; en realidad no tuvimos ninguna notificación legal de nada. Ni siquiera sabemos dónde está el expediente, ya que nos dijeron que no estaba en Bariloche (donde tiene sede la Cámara de Apelaciones), y lo mismo argumentaron en El Bolsón (donde está el juzgado de primera instancia). Así, la audiencia no pudo realizarse; fue todo muy irregular”, denunció Odarda.

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Lewis mantiene cerrado el camino desde que compró las tierras, hace más de 20 años. Son 11 mil hectáreas que rodean Lago Escondido, lugar en el que construyó la mansión y las instalaciones que el presidente Macri ha utilizado en sus vacaciones, en calidad de invitado especial (ver aparte).

Amigos son los amigos

La relación entre Macri y Lewis no es un secreto. El presidente la ha defendido públicamente, como ha asumido también la defensa del multimillonario, al que describe como un empresario que colabora desinteresadamente con el país. Ha tomado incluso como propios los argumentos de Lewis para mantener cerrado el acceso al camino del lago.

Por ejemplo en enero del año pasado, el presidente –contradiciendo a las denuncias de los vecinos de la zona– argumentó que ahora hay un “acceso peatonal desde la ruta nacional (40)” (aunque omitió aclarar que para llegar por ahí al lago hacen falta cuatro días de cabalgata y que el recorrido sólo es transitable en verano). Se sabe que existe otro camino por tierra, que es privado y fue construido por Lewis para que sus peones entren y salgan de la estancia. Luego, como lo hizo el propio Macri en sus visitas, hay una forma privilegiada de acceder al lago, por la vía aérea. El camino Tacuifí, antiguo sendero público, es de esta manera el que históricamente usó la comunidad y de más fácil acceso.

“Ellos compraron el campo con el camino público incluido, construyeron sus mansiones arriba de la montaña y por eso mantienen el camino cerrado con varias tranqueras. Su única razón es que el sendero pasa por sus jardines. Lo que estamos viendo es la pelea por hacer cumplir la sentencia, porque el caso está ganado y todo el mundo lo sabe”, apuntó la denunciante.

Como el cierre del camino, también el modo en que Lewis adquirió las más de 11 mil hectáreas ha sido denunciado: existe una causa judicial sobre la compra que tiene como imputados al hijo mayor del magnate, Charles Lewis, y a varios funcionarios que en 1996 operaron en favor de esta adquisición.

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Su punto de partida es que las leyes de Defensa prohíben que tierras de las zonas fronterizas queden en manos extranjeras. Según los informes de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría de Investigaciones, para hacer la compra los Lewis constituyeron una compañía con personas jurídicas argentinas –la empresa de capitales argentinos H.R. Properties Buenos Aires–. Esta firma solicitó a mediados de los 90 una autorización de compra de 7789 hectáreas a la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad. A su vez, las sociedades extranjeras HR Properties, Lago Corp y Hidden Lake compraron las acciones de la empresa argentina. Cuando la Comisión autorizó la transferencia de tierras, éstas fueron inscriptas a nombre de Hidden Lake S.A, de la familia Lewis.

Apoyándose en el antecedente, luego la compañía consiguió adquirir otras 2760 hectáreas. De esta manera se convirtió en dueña de todo el territorio que roda al Lago Escondido y cerró su camino de ingreso.

La investigación de estos hechos intentó darse por prescrita, pero fue reabierta en diciembre pasado, por orden de la Cámara Federal de Casación Penal.

Los reclamos

El reclamo por la apertura del camino al Lago Escondido viene de 2005. Ese año se inició una acción de amparo, que en 2009 obtuvo una sentencia favorable del Tribunal Superior de Río Negro. Desde entonces se iniciaron procesos de ejecución de sentencias: jueces de ejecución de Bariloche, establecieron cómo tenía que abrirse el camino, pero la orden todavía no llegó a ser cumplida por la gobernación, en un intrincado proceso de objeciones presentadas por los abogados de Lewis.

En esta situación se acumularon nueve años de presentaciones. En febrero, la jueza Erika Fontela puso en marcha una mesa de diálogo en la causa por el libre acceso a Lago Escondido. Los abogados de Hidden Lake se acercaron al juzgado, aunque finalmente decidieron no ingresar. En la audiencia, seguida por numerosos vecinos que se acercaron a esperar su resultado, se resolvió avanzar con un nuevo reconocimiento judicial del sendero público de Tacuifí, recorrido que se realizaría con la presencia de la jueza Fontela, las partes del juicio, la Fiscalía de Estado, Vialidad rionegrina y organizaciones sindicales, ambientales, sociales y de derechos humanos. La inspección judicial tenía el fin de operativizar el acceso al espejo de agua, en cumplimiento de la orden dictada por el Superior Tribunal de Justicia en 2009.

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