Mientras se tensa la negociación paritaria, la gobernadora María Eugenia Vidal bajó la guadaña sobre el trabajo de miles de docentes bonaerenses. La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) envió un pedido de Impugnación al director general de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny, para que revea la medida ya que, según sostiene, hasta ahora el gobierno "no realizó notificaciones previas."

"Las jubilaciones compulsivas comenzaron a publicarse en febrero, en el portal ABC que la cartera educativa tiene para que los docentes hagan sus trámites. Nosotros hasta anoche [por el viernes pasado] contabilizamos 2942 casos y recién el jueves cuando se publicó en el boletín oficial esa resolución pudimos enviarla un descargo al Sánchez Zinny", dijo a LA NACION, Claudia Díaz, integrante del Consejo Directivo de la FEB y especialista en jubilaciones docentes.

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Fuentes del gobierno bonaerense trataron de no polemizar, pero aseguraron que en realidad existe una resolución general y una por cada expediente. "Cada caso se trató de manera particular con un expediente. Hay 1200 docentes que se los jubiló de oficio. Cuando vimos su situación, encontramos que al menos unos 700 ya habían iniciado el trámite para jubilarse. La medida alcanza los maestros que se encuentran cinco años por encima de la edad jubilatoria y de los años de servicio que se requieren para convertirse en pasivo", dijo un estrecho colaborador de Sánchez Zinny.

A mediados de 2016, la cartera de Educación emitió una resolución similar que generó la reacción de los docentes y fue frenada temporalmente por la Justicia.

"Al contrario de lo que sucedió en 2016 cuando se quería jubilar a quienes cumplían tareas pasivas, ahora han cesado de la noche a la mañana a 3000 maestros y profesores que están al frente del aula y muchos de los cuales no tenían pensado jubilarse", dijo la presidenta de la FEB, Mirta Petrocini, quien aseguró que en el gremio tiene la captura de pantalla del portal oficial donde se pondría en evidencia que son 3000 las jubilaciones de oficio dispuestas.

Según los gremios, hay muchos maestros desconcertados porque si el Estado los jubila de oficio corren riesgos de perder "algunos derechos" que tienen al momento de que cada uno hace su trámite en forma personal. "La verdad es que la resolución generó una preocupación muy grande, pues el cese de oficio implica cobrar un anticipo jubilatorio (hasta que el trámite administrativo se complete) de sólo el 60% del salario, sin aumentos, sin aguinaldo, sin obra social", dijo Díaz.

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Y agregó: "Los trámites jubilatorios solicitados por una maestra o profesor demora, en promedio, entre 3 y 4 años. Así que, como mínimo, los docentes alcanzados por esta medida estarían ese tiempo cobrando casi la mitad de su sueldo y sin recibir el sueldo anual complementario ni los incrementos de salario que perciban quienes se encuentran en actividad. También al año podrían quedarse sin la obra social (IOMA)".

Las fuentes gremiales explicaron que si la Dirección General de Cultura y Educación pretende jubilar de oficio a miles de maestros, debe otorgar de manera simultánea y al mismo momento del cese, el respectivo código jubilatorio a todos y cada uno de los docentes a los cuales cesa, de lo contrario su actuar se torna perverso e inadmisible. "Si esto no sucede se recurrirá, caso por caso, a la Justicia", concluyó Díaz.