(Por Raúl Kollmann) El juez federal Claudio Bonadio fue expulsado de la causa Hotesur por gravísimas irregularidades. A raíz de ello, armó una causa colectora, Los Sauces, en la que se investigaban alquileres que ya estaban en Hotesur. Como el armado de un expediente con el mismo objeto procesal era tan burdo, después de procesar a toda la familia Kirchner el tres de abril él mismo se declaró incompetente. Ya en eso batió un record en los anales de la coalición político-judicial-mediática que funciona en Comodoro Py: un magistrado procesó a los imputados en la misma resolución en que consideró que no debía intervenir en una causa.

Más de tres meses después de declararse incompetente, cuando debió haberle enviado el expediente a un juez competente, Bonadio reapareció en la causa, en plena feria judicial, para mandar detenido al contador Víctor Manzanares, porque mandó a cobrar alquileres por unos 170.000 pesos no en efectivo, no para depositar en una cuenta a nombre ficticio o a nombre de una compañía con sede en Panamá, sino a nombre de la inmobiliaria que administra los bienes desde siempre, con Carlos Sancho como apoderado.

Salta a la luz que no hubo voluntad de ocultamiento. Pero además el contador Manzanares nunca recibió una notificación indicándole que había una restricción, Bonadio designó una interventora que nunca habló con el contador y que el 8 de junio le preguntó por escrito al juez qué debía hacer porque no entendía para qué la designaron.

Como la jugada no tiene nada de judicial, sino que es parte de la campaña electoral del local de Cambiemos sito en Comodoro Py, el viernes concluyó la maniobra con una gravísima extorsión, según denunció el abogado de Manzanares y de los Kirchner, Carlos Alberto Beraldi. Se traslado al contador como si fuera un narcotraficante, con un show armado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro de Justicia Germán Garavano, y se lo exhibió a la vista de todos para que le saquen fotos. El juez se negó a tomarle declaración ayer mismo y, de manera casi pública, terminaron mandando a Manzanares a la cárcel de Marcos Paz, donde según hicieron trascender, esperan que se “arrepienta” y declare contra Cristina. Está en un pabellón con los hermanos Juliá, Omar El Caballo Suárez y los detenidos por narcotráfico en Itatí.

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— En Orsai (@EnOrsai) 23 de julio de 2017

Al Capone

Los voceros de Cambiemos tratan de instalar que la táctica es, supuestamente, la que se adoptó con Al Capone: hacer declarar al contador como arrepentido y con eso hacer caer a Cristina. Todo el paralelismo es grotesco y tratan de disimular que el comité de Cambiemos de Comodoro Py actúa ilegalmente y con la campaña electoral como trasfondo.

Aún si el magistrado hubiera considerado que Manzanares debió depositar los alquileres en una cuenta de la interventora –que ni siquiera había asumido el cargo y no sabía para qué la designaron—, la situación no ameritaba más que una citación, una orden para que los 170.000 pesos se depositaran en tal otra cuenta y, a lo sumo, poner por escrito una advertencia. Todo eso sin considerar que el juez ya se había declarado incompetente y que en esa situación no debía tomar ninguna decisión de envergadura, menos todavía ordenar una detención.

Sin embargo, Bonadio jugó para la campaña electoral.

-Primero, se demoró el traslado a Buenos Aires con el burdo argumento de que no conseguían pasaje. O sea mantuvo a Manzanares cuatro días preso en Río Gallegos sin justificación.

-El traslado fue escandaloso. Nuevamente el armado de Patricia Bullrich con casco, chaleco antibalas, decenas de efectivos.

-Se trata de un profesional que no está detenido por ningún hecho de violencia. Toda la maniobra se hizo para exponerlo públicamente, esposado, asegurándose todas las fotografías posibles.

-Un espectáculo a la medida de la Edad Media, con un objetivo electoral y para humillarlo y presionarlo.

-Manzanares pidió declarar para defenderse. Pese a que llegó sobre el mediodía, el magistrado no aceptó tomarle declaración.

-Luego hizo publicar en los diarios, de manera casi obscena, que el objetivo era “ablandar” al contador. Por lo tanto le avisó que le tomaría declaración dentro de unos días.

-Finalmente, se ordenó trasladarlo a Marcos Paz, aislado, con la expectativa de que se convierta en “arrepentido”.

-“Manzanares no va a declarar como arrepentido porque no tiene nada de qué arrepentirse”, aseguró su abogado.

-Beraldi adelantó que mañana presentará una denuncia por extorsión y otros delitos contra Bonadio, Patricia Bullrich, Germán Garavano y las autoridades del servicio penitenciario.

Depósito

Tras la muerte de Néstor Kirchner, como en todo fallecimiento, se inició el proceso de sucesión. Cristina renunció a la parte que le correspondía desde un principio y dió su visto bueno para que todo quedara a nombre de Máximo y Florencia. Como ocurre en cualquier proceso sucesorio, al final los bienes quedan para los herederos.

Esto es lo que ocurrió en el caso Kirchner: la sucesión finalizó este año y un condominio heredado –que no tiene nada que ver con los alquileres de Los Sauces ni con Hotesur, y nunca estuvo alquilado a proveedores de obra pública– pasó a estar nombre de Condominio Máximo y Florencia Kirchner. Como se ve, no hubo ánimo de ocultamiento alguno ni intención de ponerle un nombre de fantasía que escondiera de quién son las propiedades. Además, el Condominio se inscribió en la AFIP y obtuvo número de CUIT.

Bonadio había ordenado la intervención de la sucesión, algo insólito teniendo en cuenta que se trata de bienes antiguos de los Kirchner. Hay incluso alguno adquirido en los años 80, antes de que Néstor Kirchner fuera intendente de Río Gallegos. Todos los bienes de la sucesión estaban alquilados y los cobraba la inmobiliaria en la que Carlos Sánchez es apoderado, siempre a nombre del Condominio, con facturas electrónicas emitidas bajo la órbita de la AFIP.

La intervención del Condominio tuvo sus hechos escandalosos:

El código dice que el interventor debe ser sorteado. Bonadio, en cambio, designó directamente a la licenciada Raquel Moyano, que ya había sido la interventora de la sucesión. Moyano tardó cuatro meses en asumir.

Como interventora no pagó los impuestos e incumplió con otros deberes de administración, por lo cual fue imputada por administración fraudulenta.

A cargo de la intervención del Condominio Máximo y Florencia Kirchner, el 8 de junio, hace apenas un mes y medio, Moyano le preguntó al juez, por escrito, si debía intervenir en el cobro de los alquileres e incluso si debía hacer los pagos de impuestos. O sea ni la interventora sabía qué era lo que se le pedía.

En ese escrito, la interventora señaló que Manzanares no había sido informado de nada.

O sea que al 8 de junio, la intervención ni había empezado ni se le había informado a Manzanares.

Después de consultar qué debía hacer, la interventora abrió una cuenta bancaria después del 20 de junio. Es decir que ni siquiera se disponía dónde depositar alquileres hasta esa fecha ni había una cuenta abierta.

Los alquileres se corresponden con meses anteriores a la intervención.

El dinero no se sacó en efectivo ni se trasladó a ninguna cuenta misteriosa, sino que se usó para pagar los gastos del condominio.

Manzanares hizo lo que venía haciendo desde siempre: cobrar los alquileres y bancarizarlos en la cuenta existente, la de la inmobiliaria de Carlos Sancho, que hace años es el apoderado del condominio. Manzanares le mandó una carta a los inquilinos, sobre todo porque había varios habían dejado de pagar y les reiteró que debían depositar el dinero. Las propiedades, al no tener nada que ver con Los Sauces ni Hotesur, no tenían restricción y no había notificación alguna respecto de los alquileres pagados por inquilinos sin relación con la obra pública.

Política

Nada de lo anterior importó. En plena feria judicial y en una causa en la que él mismo se declaró incompetente, Bonadio montó el espectáculo electoral. Ya trascendió que el consultor Jaime Durán Barba le aconsejó a Cambiemos que no hable de economía ni de salarios ni precios ni despidos, sino de corrupción. La maniobra del magistrado encaja en esa estrategia.

Este lunes, Beraldi presentará una denuncia contra Bonadio, Patricia Bullrich y Garavano por privación ilegal de la libertad (o sea una detención ilegal); falsedad (el juez dice que notificó a Manzanares y no hubo notificación alguna) y extorsión (la presión señalada por el diario Clarín para que declare contra Cristina).

En paralelo, la sala de feria de la Cámara Federal, con la misma formación que la Sala I, deberá resolver en la semana que empieza sobre la excarcelación pedida por el contador y su abogado. La lógica indica que no sólo deberían poner en libertad a Manzanares sino que corresponde, de una vez por todas, el apartamiento de Bonadio de una causa en la que él mismo se declaró incompetente.

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— En Orsai (@EnOrsai) 21 de julio de 2017