Por: Claudio Mardones Recorte de gastos. Despidos. Reducción de ministerios y áreas de gobierno. Tarifazos. Y hasta el fútbol pago. Éstas y otras medidas integran la hoja de ruta que prepara el Gobierno para profundizar su plan económico y político después de las elecciones de octubre. Como si fuera una estrategia para doblar las agujas del reloj, en la Casa Rosada barajan distintos plazos para regular y administrar los tiempos de un proceso que consideran “inevitable”.

Lo hitos de esa fatalidad giran en torno a un eje central que Cambiemos buscará omitir de aquí a las elecciones de medio término, es decir, los detalles del próximo ajuste que el presidente Mauricio Macri aplicará en el Estado, con la fusión de ministerios y con una nueva ola de despidos de empleados públicos. La lapicera de ese dibujo está en manos del mandatario y del jefe de Gabinete, Marcos Peña, pero será ejecutada por el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, cuyos asesores ya preparan una nueva ley de ministerios que ingresará al Congreso antes de fin de año, mientras avizoran un verano similar al primero que le tocó transitar a Cambiemos apenas su principal candidato se apoltronó en el sillón de Rivadavia y se amparó en la victoria electoral para aplicar mano dura dentro de la estructura pública que comenzó a conducir.

En el mapa de recortes, por ahora, hay versiones que hablan de unificación de ministerios y cierre de otros, pero, en cada caso, los movimientos implicarán la rescisión de contratos de locación y el pase a retiro de empleados de planta. Algunas carteras podrían ser más grandes de lo que son actualmente y otras pasarían a ser secretarías de Estado. "Hay una parte de esto que depende del armado de las listas, porque algunos ministros serán candidatos", aclaró un vocero de las carteras que podrían quedarse con más áreas.

VINIERON POR TODO Cambiamos: le quitaron la pensión que percibía por su hijo cuadripléjico

En el trampolín del Ejecutivo a las listas de Cambiemos, figuran los ministros de Defensa, Julio Martínez; de Educación, Esteban Bullrich, y de Desarrollo Social, Carolina Stanley. En esas carteras, podrían ocurrir cambios drásticos. En el escenario hay otro elemento: la ejecución del presupuesto previsto. Tal como contó Letra P, la billetera electoral prevé un desembolso de 122 mil millones de pesos en obras públicas antes de las elecciones. La cifra roza los 145 mil millones si incluye a todos los ministerios. El total, en las cuentas de Cambiemos, tiene su contrapartida: "Sabemos que será un buen impacto lo que estamos haciendo en obras, pero el incremento del déficit fiscal nos lleva a definir cómo vamos a pagar esto a partir de octubre", evaluó un funcionario del gabinete económico que relaciona la aplicación del recorte de acuerdo al caudal de votos obtenido. Si el oficialismo se impone, "la austeridad se acelerará".

Sobre el abordaje de las cesantías hay posiciones divergentes: el sector más duro del equipo económico sostiene que “hay un amplio sector de la población que está de acuerdo con terminar con trabajos ineficientes que no son genuinos”, mientras que los encargados de mantener la dinámica diaria de la naciente campaña (o pre-campaña, como le dicen algunos) aseguran que “hablar de despidos, recortes y ajustes es muy piantavotos, más allá de las necesidades que tenemos para contener las demandas del empresariado y de los inversores externos que todavía tienen dudas sobre la continuidad del cambio que empezamos en diciembre de 2015”.

El lado B del desembolso en obras tiene, por ahora, dos aristas que entrampan la coyuntura actual del Gobierno.

La primera tiene que ver con el endeudamiento externo récord del país y la segunda, con el malestar que genera “tanto populismo” dentro de un establishment que esperaba, para este segundo año de gestión de Macri, un ajuste mucho mayor. “Ellos quieren que saquemos dos muelas sin anestesia y la verdad es que ahora sacamos sólo una. El dilema es cómo comunicar antes de octubre que se viene el plan para extirpar la segunda”.

La otra pieza de alto impacto electoral que barajan en el Ejecutivo tiene que ver con el fútbol y la transmisión por televisión abierta. Si es por los papeles firmados, el final del Futbol para Todos está fechado para fines de este mes, pero la relojería política de Cambiemos exige que la implementación de un abono sea aplicada luego de octubre. “No es el mejor momento para que pongamos en marcha los sistemas de pago del futbol”, admite un funcionario que reporta a dos importantes escritorios del primer piso de Balcarce 50, donde barajan opciones para afrontar el toma y daca con las empresas nacionales y multinacionales que ya tendrían todo listo para poner en marcha su nuevo plan de negocios.

ADVERTENCIA Hasta La Nación reconoce el ajuste que se viene el año próximo

En la caja federal para el año que viene habrá una incógnita resuelta cuyo desenlace, por ahora, es desconocido. Es posible que antes de la feria la Corte Suprema de Justicia se expida ante la demanda que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, presentó el año pasado para que le restituyan 300 mil millones de pesos del Fondo del Conurbano. Esta semana, el máximo tribunal citó a la mandataria como querellante y a las provincias de Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. La decisión de los cortesanos tendrá un impacto directo en el presupuesto del año próximo y en el Gobierno no quieren recibir un inesperado cachetazo de último momento, como en noviembre de 2015, cuando la Corte falló sobre la coparticipación federal un día después de que Macri ganara el ballotage.

En materia de tarifas, el diario La Nación confirmó esta semana que no habrá aumentos en el transporte durante la segunda mitad de este año, porque los subsidios no serán tocados. Sin embargo, para el año que viene, la expectativa es contar con un boleto cercano a los 15 pesos. "En Córdoba es de 12,55 desde diciembre pasado; no estamos hablando de ningún disparate, sino de equilibrar los costos", contestan en el gabinete económico con candidez.

Otra escala del ajuste será en el sistema previsional. La información sobre la radiografía del Gobierno para elegir dónde amputar ya circula por los medios, pero es refutada desde el oficialismo. Sin embargo, las quejas presidenciales sobre los 8,2 millones de jubilados del sistema previsional argentino no son novedad y menos ahora, que ese total llegará al billón de pesos. Después de octubre, el ala dura del Gobierno buscará "planchar" los reajustes jubilatorios y redefinir el "paquete" de subsidios sociales. Ambas piezas son parte del diseño del Presupuesto 2018 que el Ejecutivo enviará al Congreso lo más tarde que le permita la ley.

"Tenemos que cuidar el déficit fiscal. Nos estamos alejándonos de la meta y eso es responsabilidad de Nicolás" (Dujovne), apuntó un vocero del Gobierno en referencia al ministro de Hacienda, para responsabilizarlo del control del gasto y del costo que tendrá en el presupuesto que viene. En rigor, esos movimientos son monitoreados por los secretarios Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, que ya tienen una hoja de ruta sobre los pasos a seguir.

En ese plan nacional de cuentas para el próximo ejercicio comenzará a blanquearse el alcance de la tijera, pero los montos y los tiempos son hipótesis que se transformarán en realidad apenas las urnas den su veredicto. Mientras tanto, las tres caras más visibles de la gestión de Cambiemos seguirán un ritmo frenético de inauguraciones que se incrementará después del cierre de listas. Quién pagará la fiesta se definirá en noviembre.

MAR DEL PLATA
Cierra una harinera y despide 62 empleados tras 100 años de funcionamientohttps://t.co/aR4ElJpTM9 pic.twitter.com/Qn2JgYE3z8

— En Orsai (@EnOrsai) 10 de junio de 2017