En las últimas semanas, los titulares de todos los diarios señalan que nuestra moneda nacional está experimentando –¡de nuevo!– un marcado “atraso cambiario”. En efecto, a poco de asumir, Macri devaluó el peso más de un 40%. Sin embargo, en el mismo lapso, según todas las fuentes, los precios crecieron más de un 40%. Y si los precios crecen tanto como el tipo de cambio, la devaluación no mejora la “competitividad”, es decir, el tipo de cambio se “atrasa”.

Entre los analistas económicos existe un extendido consenso sobre este punto.

Enumero sólo algunas notas periodísticas que denuncian el retorno del atraso cambiario a la Argentina:

“Se profundizan los problemas por el atraso en el tipo de cambio” (Clarín, 19/6, C. Boyadjián); “Maquinaria agrícola: alertan por el ‘atraso cambiario’ para exportar” (La Nación, 8/8); “El atraso cambiario llegó para quedarse” (El Economista, 08/06, M. Polo); “Más atraso cambiario: habrá otros u$s 2000 M por bonos”, (Ámbito Financiero, 10/06, P. Wende); “Dólar a $14, ¿otra vez barato? Siete economistas de distintas visiones coinciden”, (Clarín, 05/06, E. Burgo); “Preocupa al Gobierno el atraso cambiario y el impacto del dólar barato, que ayer volvió a caer”, (La Nación, 4/06/16, F. Jueguen); “¿Otra vez atraso cambiario?: Argentina vuelve a ser un país caro en dólares en el ranking internacional” (iProfesional, 05/07, C. Zlotnik); “La falta de competitividad pone en debate si se salió bien del cepo” (Fortuna, 11/7); “Ecolatina: Argentina vuelve a ingresar a un ciclo de atraso cambiario” (Cronista, 23/5).

Tanto se insiste sobre este tema que, la semana pasada, el presidente del Banco Central tuvo que rechazar las presiones para una nueva devaluación, tal como reflejó el título principal de la portada del BAE: “Sturzenegger (…) cuestionó a industriales por pedir corrección del tipo de cambio” (13/8). Mientras tanto el vicepresidente de la UIA pedía una devaluación del 30% por el atraso: “Para Rattazzi el dólar ‘está retrasado hace mucho’ y debería estar a $ 18” (Ámbito, 1/9).

En esta nota no voy a discutir si el tipo de cambio está “atrasado” o no lo está. Lo que es indiscutible es que si hoy no hubiera atraso cambiario, entonces tampoco lo había en 2015 (y viceversa). Lo que quiero cuestionar aquí –una vez más– es el absurdo argumento utilizado por el Sr. Bonadio para procesar a 18 funcionarios del gobierno anterior, entre los que me encuentro incluido.

Como ya hemos dicho, la decisión de Bonadio no tiene lógica económica, y mucho menos jurídica, como reconocen todos los juristas del país, incluidos los miembros del actual oficialismo que originalmente hicieron la denuncia.

Para empezar, conviene aclarar que la causa “dólar futuro” en el juzgado de Bonadio no es una causa de corrupción. No se acusa a ningún funcionario de haberse beneficiado ni de haber favorecido a terceros con sus decisiones.

Sí existe otra causa, en otro juzgado, vinculada a las operaciones de dólar futuro, que es por corrupción, pero no nos acusan a nosotros. Es que en el curso de la investigación se descubrió que muchos de los actuales funcionarios del gobierno de Macri compraron dólar futuro en 2015 y luego fueron ellos mismos los que decidieron cuánto se iba a devaluar y cuánto iban a cobrar por sus contratos de dólar futuro en 2016, enriqueciéndose con la maniobra. Es el caso, entre otros, de Mario Quintana, hoy vicejefe de gabinete, que según consta en el expediente participó antes de asumir en las negociaciones con el Mercado Rofex para fijar el valor de pago del dólar futuro que su propia empresa había adquirido.

El Sr. Bonadio nos acusa a nosotros por algo muy distinto, y lo encuadra en la atípica figura de “administración infiel”. Toda la acusación se basa en un único argumento que es totalmente inverosímil.

Según la opinión de Bonadio, en el año 2015 Argentina experimentaba un evidente “atraso cambiario”. Nótese que es el mismo panorama que los diarios y analistas señalan ahora. Para Bonadio esto quiere decir que el valor del dólar se encontraba apartado de su valor “de equilibrio”. Según Bonadio, estaba demasiado barato. La consecuencia de este atraso cambiario iba ser, irremediablemente, una fuerte devaluación de la moneda. Siguiendo esta línea argumental, todas las operaciones que realizaba nuestro gobierno al tipo de cambio oficial –no sólo con el dólar futuro– eran ruinosas para el Estado y, por tanto, para Bonadio, configuraban un delito. Repito el razonamiento porque es el fundamento de toda la acusación: las operaciones realizadas por el Banco Central en el mercado de “dólar futuro”, así como todas las operaciones económicas que realizaba el Estado podrían considerarse “criminales” porque se pautaban a precios que, según la opinión de Bonadio, eran equivocados, “artificiales” y, por tanto, sobrevendría luego, ineludiblemente, una corrección cambiaria.

Cito un solo pasaje del escrito de Bonadio: “el Precio de Mercado del dólar no era pues –al momento de la celebración de los contratos– el que se venía generando artificial y costosamente por parte de la ruinosa intervención en los mercados del BCRA” (…) “Basta para ello apreciar como en un periódico especializado en la materia financiera expresaba aludiendo a la fuerte intervención del BCRA…”.

También se pregunta: “¿Quién podría dudar de la inevitable devaluación de la moneda nacional que sucedería tras el cambio de gobierno?” Bonadio sostiene que el atraso cambiario causado por la intervención del BCRA iba a producir una devaluación. Pero, ¿de qué dimensión? Bonadio también responde esa difícil pregunta: “el valor que verdaderamente correspondería a la moneda estadounidense era aproximadamente un 40% mayor al pactado”.

Pasa por alto que el Banco Central estaba simplemente operando en el mercado de dólar presente y futuro –como lo hacen habitualmente los bancos centrales– para evitar una corrida que llevaría a una devaluación y además estaba respetando el tipo de cambio que el Congreso había fijado en la Ley de Presupuesto.

En realidad, la discusión acerca del valor “adecuado”, “de equilibrio”, “real” o “natural” del tipo de cambio, y sobre los determinantes del valor de la divisa, se cuenta entre las polémicas más agitadas de la economía teórica desde su surgimiento en el siglo XVIII. Lo cierto es que ese debate nunca fue resuelto y continúa hasta la actualidad. Podría decirse que cada economista tiene sus propias opiniones.

Sin embargo, en su escrito, Bonadio se muestra tan convencido de sus conocimientos económicos como para determinar cuál “debe ser” el valor del dólar en cada momento. Más aún. En base a esa certeza, decide procesar judicialmente a los funcionarios del gobierno anterior porque no respetaron el valor del dólar que él consideraba adecuado. Me animo a afirmar que nadie esperaba que fuera un juez federal de la República Argentina el que resolviera estos debates teóricos y prácticos ya centenarios.

Pero hay algo peor y que demuestra la incongruencia de su acusación.

Si Bonadio tiene razón cuando procesa a los funcionarios del gobierno anterior, debería ahora, para ser consecuente, comenzar a procesar uno por uno a los funcionarios del actual gobierno.

De hecho, existe un generalizado acuerdo sobre el actual “atraso cambiario” (por otra parte, para Bonadio, que lo diga la prensa lo convierte en una verdad indiscutible) y, por consiguiente, los funcionarios están realizando operaciones cambiarias a un valor “artificial” del dólar, a un dólar “barato”. Por caso, hace no mucho, se vendieron 1.000 millones de dólares de las reservas para sostener el valor de la divisa.

Más aún, el gobierno de Macri tomó deuda externa por más de 29.000 millones y las reservas están prácticamente al mismo nivel que cuando asumió en diciembre del año pasado, de manera que todos esos dólares fueron gastados, vendidos o utilizados a un tipo de cambio “irreal” o “infiel”.

Es más, si en el futuro cercano el peso sufre una nueva devaluación (como efectivamente está ocurriendo), tendría Bonadio una prueba irrefutable de que nuevamente se ha cometido el delito de vender los dólares “baratos”, a un precio irreal. Y en este caso no se trata de contratos de dólar “futuro” que por lo menos se pagan en pesos, sino de los dólares contantes y sonantes que vende el gobierno.

También la cuestionada política de tasa de interés alta del BCRA tiene por objetivo evitar una devaluación. Y sus costos son siderales, ya que el stock actual de Lebacs y Nobacs asciende a $625.000 millones, un monto casi igual al total de la base monetaria, es decir, los billetes y monedas en circulación más los depósitos de los bancos en el BCRA. La semana pasada, los pagos efectivos de intereses por las Lebac emitidas por la gestión de Federico Sturzenegger alcanzaron los $56.100 millones, superando, por caso, todos los pagos de dólar futuro ($53.700 millones) producto de la devaluación de Macri. En el balance 2016 del BCRA, el impacto de las Lebac será del orden de los $140.200 millones. El Sr. Bonadio también tendría que procesar a las actuales autoridades por esta “pérdida” en la que se incurre para sostener el valor “artificial” del tipo de cambio.

Además, lo que es más grave, es que si como todo el mundo piensa el dólar nuevamente “se atrasó”, entonces la devaluación que realizó el gobierno de Macri no sirvió para nada, porque nueve meses después de realizarla el dólar vuelve a estar atrasado.

Siendo así, podría también Bonadio perseguir a los funcionarios del actual oficialismo por todas las pérdidas que se sufrieron en estos meses.

Para empezar, conviene tener en cuenta que cuando el gobierno de Macri hizo la devaluación, la deuda externa Argentina creció de un golpe en la astronómica suma de $898.882 millones de pesos, lo cual debería computarse entre esas pérdidas. Y como la devaluación se trasladó en buena medida a los precios de los bienes de consumo, también habría que calcular el perjuicio para todos los ciudadanos por los aumentos que pulverizaron el poder adquisitivo de sus ingresos y generaron una grave recesión.

Llegamos así al absurdo que ya habíamos señalado. Si la acusación que Bonadio nos hace en la causa dólar futuro tuviera un sólido fundamento legal, es decir, si el tipo de cambio “debe” estar siempre a un nivel “adecuado” y todas las operaciones que se realizan por fuera de ese valor, sean presentes o futuras, se encuadra en la figura de “administración infiel”, entonces el presidente Macri, sus ministros y el actual presidente del Banco Central no tendrán más alternativa que preguntarle a un juez federal cuál es el tipo de cambio que corresponde fijar en cada momento para no cometer ningún delito.

Siguiendo este razonamiento, debería ser el poder judicial el que se haga cargo de determinar el valor del dólar.

En fin. Bonadio está en una encerrona: pretende juzgar penalmente las decisiones de política económica. La única forma evitar el procesamiento que dictó Bonadio era devaluar.

Por mi parte, como ocurre con muchísimos argentinos, no coincido con la política económica, financiera y cambiaria del gobierno de Macri. Pero nunca se me ocurriría resolver estos desacuerdos ante la justicia penal. El resto es mera persecución judicial.

Por Axel Kicillof. Diputado nacional. Ex ministro de Economía.