No veo ninguna relación de una cosa con otra, son cuestiones específicas de la FIFA, que no tienen nada que ver con la actividad que se desarrolla en la Argentina

El escándalo FIFA sacudió al mundo y fue tapa de casi todos los diarios del globo, incluso en Estados Unidos donde el fútbol importa poco. La denuncia impulsada por la fiscal general Loretta Lynch involucró a tres argentinos: Alejandro Burzaco, hermano del exjefe de la Policía Metropolitana de Macri, y Hugo y Mariano Jinkis, presidente y vicepresidente de Full Play, empresa que posee los derechos de televisación de la mayoría de las selecciones de Sudamérica.

Tal como explicó En Orsai, el escándalo salpica a Clarín y se relaciona con las escuchas ilegales del gobierno porteño de Mauricio Macri, situación que disparó la operación de los medios para apuntar contra Grondona y sobre todo contra el gobierno de Cristina Fernández de Kichner.

Burzaco es el CEO de Torneos y Competencias, la empresa que es socia de Clarín en dos firmas: TeleRed Imagen SA, conocida como Trisa, y Televisión Satelital Codificada (TSC), esta última, la empresa que entre 1992 y 2009 controló el negocio de las transmisiones del fútbol argentino por televisión.

Sin embargo, Clarín salió a desvincularse de sus socios; lo que se dice un amigo que te banca en las malas. Mientras que La Nación se prestó para vincular al Gobierno Nacional de Cristina Fernández de Kirchner con Burzaco.

"Pero es poco sabido que tal vez el principal cliente de Torneos sea el gobierno de Cristina Kirchner, que contrata sus servicios de producción para las emisiones del Nacional B y para algunos partidos de la Primera A que se emiten en HD", asegura la nota de La Nación al señalar un vínculo que no está siendo investigado ni tiene que ver con el escándalo de la FIFA.

El propio Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, se encargó de desmentir los intentos de los medios involucrados para manchar al Estado: "No veo ninguna relación de una cosa con otra, son cuestiones específicas de la FIFA, que no tienen nada que ver con la actividad que se desarrolla en la Argentina; nosotros no participamos de ese tipo de negociaciones".

Asimismo, explicó que el Estado puede reclamar por lo sucedido: "Este tipo de actividades ilícitas pagan impuestos. Si se comprueba que hay pagos de estas características, el Estado, a través de AFIP, tiene derecho a reclamar el 35% del impuesto a las Ganancias".

El objetivo está trazado: para desvincularse del escándalo, los medios salpicados por el FIFAGate apuntarán sus cañones contra el Gobierno Nacional.