La polémica no es nueva, pero esta vez ha alcanzado un punto crítico. El presidente Javier Milei, conocido por su retórica incendiaria y su desprecio hacia las políticas de bienestar social, ha decidido vetar un aumento a las jubilaciones, una medida que era esperada y necesaria para paliar el impacto de la inflación en los ingresos de los jubilados. El veto ha sido recibido como una bofetada a los más vulnerables, aquellos que han trabajado toda su vida y ahora dependen de un sistema que parece más interesado en recortar que en proteger.

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El argumento oficial para justificar el veto se basa en la sostenibilidad fiscal, una excusa recurrente en la agenda del gobierno de Milei. Según sus economistas, el aumento jubilatorio propuesto pondría en riesgo las finanzas del país, un argumento que, para muchos, es una falacia diseñada para encubrir un modelo económico que prioriza la reducción del gasto social a costa del bienestar de la población. Sin embargo, este razonamiento ignora un hecho crucial: la sostenibilidad de un país no puede medirse únicamente en términos de su balanza fiscal, sino en la capacidad de su gobierno para garantizar una vida digna a todos sus ciudadanos, especialmente a aquellos que ya han dado lo mejor de sí.

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La reacción de la sociedad ha sido inmediata y contundente. En menos de una semana, una petición en contra del veto intentará reunir un millón de firmas, una cifra que refleja el descontento generalizado y la desesperación de una población que ve cómo sus derechos son sistemáticamente erosionados. La petición, que exige al Congreso que rechace el veto presidencial y mantenga el aumento a las jubilaciones, se ha convertido en un símbolo de resistencia contra un gobierno que parece decidido a gobernar en contra de los intereses del pueblo.

Lo que está en juego no es solo el aumento de unos pesos en las jubilaciones, sino el principio mismo de justicia social. Los jubilados son, en muchos casos, los que han sostenido a sus familias y a sus comunidades a lo largo de los años, y que ahora, en su vejez, enfrentan la perspectiva de una vida de penurias. El veto de Milei, lejos de ser una medida técnica, es un acto profundamente ideológico que revela una visión del país en la que los derechos adquiridos a lo largo de décadas de trabajo y contribución son desechables.

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La narrativa oficial, que busca justificar el veto en nombre de la austeridad, es desmentida por los propios números. El costo del aumento jubilatorio, en comparación con otros gastos del Estado, es mínimo. Sin embargo, el gobierno prefiere destinar recursos a áreas que no generan un impacto directo en la calidad de vida de la mayoría de los argentinos. La ironía es palpable: mientras se recortan los ingresos de los jubilados, se mantienen privilegios para sectores que no contribuyen al bienestar común.

La movilización de miles de personas en contra del veto no es un hecho menor. Representa una señal clara de que la sociedad argentina no está dispuesta a aceptar pasivamente las decisiones de un gobierno que actúa en contra de sus intereses. Es un llamado de atención al Congreso, que tiene en sus manos la posibilidad de revertir esta medida y demostrar que, en una democracia, la voz del pueblo tiene peso.

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En este contexto, la pregunta que surge es: ¿por qué Javier Milei insiste en precarizar a los jubilados? La respuesta puede encontrarse en su visión ultraliberal, que ve en el Estado un enemigo a derrotar y en las políticas sociales un obstáculo para el libre mercado. Para Milei, los jubilados son simplemente un costo, una carga que el Estado debe minimizar en lugar de un grupo que merece protección y respeto. Este enfoque, que privilegia la eficiencia económica por sobre la equidad, es el que ha guiado la mayoría de sus decisiones de gobierno y que ahora amenaza con despojar a miles de argentinos de una vejez digna.

El Congreso tiene la oportunidad de corregir esta injusticia. Al rechazar el veto de Milei, no solo estaría defendiendo los derechos de los jubilados, sino también enviando un mensaje claro de que la dignidad y el bienestar social no son negociables. Es una oportunidad para reafirmar que, en una sociedad democrática, el gobierno está al servicio del pueblo y no al revés.

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Sin embargo, la historia reciente de Argentina nos ha mostrado que no podemos confiar ciegamente en que nuestras instituciones actuarán en defensa de los derechos ciudadanos. Por eso, la movilización y la presión social son fundamentales. Un millón de firmas es solo el comienzo; la lucha por un país más justo y equitativo no se detiene aquí. La sociedad argentina debe seguir levantando su voz, exigiendo que sus representantes cumplan con su deber y protejan a aquellos que más lo necesitan.

En última instancia, lo que está en juego es el tipo de país que queremos ser. ¿Uno que valora a sus mayores y les garantiza una vida digna, o uno que los abandona a su suerte en nombre de una austeridad mal entendida? La respuesta a esta pregunta definirá no solo el futuro de nuestros jubilados, sino el de toda la nación.

LA TRINCHERA
“Cristina dentro del peronismo puede hacer lo que considere, porque siempre que ha hecho cosas dentro del peronismo lo ha llevado a un lugar mejor”https://t.co/9QEnlmiXnx

— En Orsai (@EnOrsai) August 31, 2024