En un giro inesperado y polémico, el gobierno de Javier Milei ha propuesto una reforma a la Ley de Seguridad Interior que podría marcar el regreso de las Fuerzas Armadas a las tareas de seguridad interna. Este proyecto, presentado en un momento de creciente preocupación por la violencia en Rosario, plantea una serie de cambios que, según los críticos, podrían transformar radicalmente la relación entre el Estado y sus ciudadanos, evocando recuerdos de épocas oscuras de la historia argentina.

La reforma en cuestión permite que un comité de crisis, designado por el gobierno, autorice la participación de los militares en situaciones de "narcoterrorismo". Esta propuesta, promovida por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, ha generado un torbellino de críticas desde diversos sectores políticos y sociales. La medida, lejos de ser una respuesta innovadora a los desafíos de seguridad, ha sido descrita por algunos como un retroceso a prácticas que muchos pensaron superadas con la llegada de la democracia.

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El contexto de esta reforma no podría ser más incierto. Mientras el presidente Milei se enfrenta a tensiones internacionales, particularmente con el gobierno de Venezuela, en el ámbito interno se desata una batalla por el control y la influencia sobre las Fuerzas Armadas. La propuesta de Milei se presenta como un intento de revitalizar un viejo sueño de sectores libertarios que ven en la militarización una solución a los problemas de seguridad. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja y problemática de lo que sugiere el gobierno.

Históricamente, tras la dictadura militar, la Argentina tomó decisiones cruciales para garantizar que las Fuerzas Armadas se concentraran en la defensa nacional y no en la seguridad interna. La Ley de Defensa Nacional y la Ley de Seguridad Interior, junto con el decreto 727 de finales del gobierno de Néstor Kirchner, establecieron barreras claras para evitar que los militares se involucraran en cuestiones de seguridad doméstica. Este consenso se basó en la necesidad de proteger la democracia y evitar que las Fuerzas Armadas se convirtieran en un instrumento de represión interna.

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Sin embargo, la propuesta de Milei busca desmantelar estos límites, permitiendo que las Fuerzas Armadas intervengan en cuestiones de seguridad interna a través de un comité de crisis. Esta modificación al artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior permitiría a los militares realizar tareas de "apoyo logístico" en situaciones de emergencia, sin necesidad de declarar un estado de sitio. Esto implica que podrían realizar patrullajes, controles de personas y vehículos, e incluso detener a sospechosos en flagrancia. Un cambio que no solo desdibuja las fronteras entre la seguridad interna y la defensa nacional, sino que también abre la puerta a la militarización de la vida cotidiana.

El exministro de Defensa, Agustín Rossi, ha sido uno de los críticos más vocales de esta reforma. Según Rossi, la propuesta es una mera maniobra para complacer al Departamento de Estado de Estados Unidos y no responde a una necesidad real en Argentina. Rossi argumenta que el concepto de "narcoterrorismo" es un constructo que no refleja la realidad del país, citando ejemplos de Perú y Colombia donde la militarización del combate contra el narcotráfico no ha tenido los resultados esperados. Además, sostiene que esta reforma podría conducir a la corrupción y a la fragmentación de las Fuerzas Armadas, creando "bolsones de corrupción" que terminarían por socavar la eficacia y la integridad de las instituciones militares.

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Dentro del gobierno, la reforma también enfrenta resistencia. La vicepresidenta Victoria Villarruel ha expresado sus reservas, advirtiendo que el papel de las Fuerzas Armadas no debe ser el de combatir a civiles. Esta postura resuena con el consenso democrático que se formó en la Argentina después de la dictadura, que buscó garantizar que los militares no fueran empleados en tareas de seguridad interna. Además, Villarruel ha señalado que la reforma puede ser vista como una forma de evadir las responsabilidades de los funcionarios políticos y desviar la atención de problemas más urgentes.

El rechazo a la reforma también se extiende a las filas militares, donde hay una creciente preocupación por la posibilidad de que los militares sean arrastrados a conflictos internos sin el respaldo adecuado. Muchos en las Fuerzas Armadas temen que esta medida pueda resultar en un uso indebido de su personal y recursos, además de que podría exacerbar los problemas en lugar de solucionarlos.

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A nivel legislativo, la reforma aún no ha ingresado formalmente a la Cámara de Diputados, pero el debate ya ha comenzado. El diputado Eduardo Toniolli, miembro de la comisión de Defensa, ha manifestado dudas sobre la capacidad del oficialismo para aprobar la ley sin un consenso amplio. La resistencia dentro del bloque radical, que históricamente ha defendido la democracia y la separación de poderes, podría jugar un papel crucial en el futuro de esta iniciativa.

En resumen, la reforma propuesta por el gobierno de Javier Milei para permitir la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior plantea una serie de cuestiones críticas. La medida, que pretende abordar problemas de seguridad a través de la militarización, podría tener consecuencias profundas y potencialmente negativas para la democracia y la cohesión social en Argentina. La resistencia tanto en el ámbito político como en el militar sugiere que la reforma enfrentará una dura batalla para convertirse en ley, y su impacto en la seguridad y la estructura de poder del país sigue siendo una incógnita preocupante.

Fuente:

https://www.pagina12.com.ar/757147-los-libertarios-quieren-a-los-militares-en-las-calles

Llanto radical
Milei le da la espalda a la UCR y le niega un cargo clave a Negrihttps://t.co/hUackAzAiv

— En Orsai (@EnOrsai) August 2, 2024