(Por Osvaldo Peralta) Durante el primer semestre de 2024, el norte de Argentina ha sido testigo de una devastación ambiental sin precedentes. Según un informe de Greenpeace, la deforestación en esta región ha aumentado un 15% respecto al mismo período del año anterior, alcanzando un total de 59.557 hectáreas, equivalentes a tres veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Las provincias más afectadas son Chaco y Santiago del Estero, donde la mayoría de los desmontes son ilegales, ejecutados bajo la mirada cómplice de las autoridades locales y nacionales.

Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, no duda en señalar la responsabilidad del gobierno de Javier Milei. "Nos preocupa mucho este aumento de la deforestación y que la mayoría sea ilegal. En Chaco todos los desmontes se hicieron violando la suspensión que dictó la justicia provincial a fines de 2020. Para peor, recientemente se sancionó una flexibilización de su ley provincial. Mientras que en Santiago del Estero el gobierno autoriza desmontes para ganadería donde no está permitido", afirmó. Sus palabras reflejan una realidad preocupante: la complicidad entre los gobiernos y los empresarios agropecuarios está destruyendo los bosques con total impunidad.

El relevamiento de Greenpeace, realizado mediante la comparación de imágenes satelitales, estima que entre enero y junio de 2024, la deforestación en Chaco alcanzó las 27.148 hectáreas; en Santiago del Estero 21.047 hectáreas; en Formosa 7.162 hectáreas; y en Salta 4.200 hectáreas. Este aumento en la deforestación es atribuido principalmente al avance de la frontera agropecuaria, especialmente para la ganadería y el cultivo de soja, productos que en su mayoría son exportados a Asia y Europa. La región del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande del continente, es la más afectada.

La deforestación no es solo una cuestión ambiental. Las consecuencias sociales y económicas son devastadoras. "La deforestación provoca cambio climático, desaparición de especies, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, y pérdida de alimentos, medicinas y maderas. Estamos ante una evidente emergencia climática y de biodiversidad que debería llevar a que los gobiernos actuaran en consecuencia, prohibiendo los desmontes, en lugar de promoverlos. Por otra parte, el sistema de multas no es suficiente contra la ilegalidad, por lo que la penalización se hace necesaria", señaló Giardini.

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La denuncia de Greenpeace no es nueva. Esta semana se cumplen cinco años del amparo presentado por la organización ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta, y el Estado Nacional, por permitir la destrucción del hábitat del yaguareté y violar lo establecido por la Ley Nacional de Bosques Nativos. En noviembre del año pasado, el máximo tribunal declaró su competencia en la causa, lo que representa una luz de esperanza en medio de un panorama sombrío.

El informe de Greenpeace es un llamado urgente a la acción. La organización ecologista, financiada exclusivamente por individuos y sin aceptar donaciones de empresas, gobiernos ni partidos políticos, ha puesto de manifiesto la necesidad de una mayor presión pública y judicial para frenar la deforestación. La situación en Chaco y Santiago del Estero es solo la punta del iceberg. Las imágenes satelitales y los datos recabados por Greenpeace muestran una tendencia preocupante que podría tener consecuencias irreversibles para el medio ambiente y las comunidades locales.

El gobierno de Javier Milei, que se presenta como un defensor del libre mercado y la desregulación, ha mostrado una peligrosa indiferencia ante la crisis ambiental. Sus políticas, que promueven la explotación de recursos naturales a cualquier costo, están en conflicto directo con la necesidad urgente de proteger los bosques y la biodiversidad del país. La flexibilización de leyes ambientales y la permisividad con la deforestación ilegal no solo ponen en riesgo el patrimonio natural de Argentina, sino que también socavan los derechos de las comunidades indígenas y campesinas que dependen de estos bosques para su subsistencia.

Se debe reconocer que la lucha de Greenpeace es una lucha por el futuro. Un futuro en el que los bosques no sean sacrificados en nombre del progreso económico, sino protegidos como un recurso vital para el equilibrio ecológico y el bienestar de las generaciones venideras. La denuncia ante la Corte Suprema y la constante vigilancia a través de imágenes satelitales son pasos cruciales, pero insuficientes sin una acción decidida por parte del gobierno y la sociedad en su conjunto.

La emergencia ambiental que vive Argentina exige una respuesta inmediata y contundente. Es hora de que el gobierno de Javier Milei asuma su responsabilidad y adopte medidas drásticas para detener la deforestación. La penalización efectiva de los desmontes ilegales, la implementación de políticas de conservación y la promoción de prácticas agrícolas sostenibles son pasos necesarios para frenar esta crisis. La inacción no es una opción; el costo de la indiferencia será demasiado alto.

El futuro de los bosques de Argentina, y de las comunidades que dependen de ellos, está en juego. Es hora de actuar antes de que sea demasiado tarde.

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— En Orsai (@EnOrsai) July 12, 2024