(Por Walter Onorato - @walteronorato) El objeto de esta contratación, según indica el pliego de base y condiciones,  es establecer medidas de seguridad preventivas y ejecutivas que mejoren la protección y la capacidad de reacción del sistema ante posibles acciones ofensivas o invasivas. Ante esto, la pregunta a realizarse sería ¿a qué le teme Larreta?

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha emitido la Resolución N.º 227/MJYSGC/23, en la cual se aprueba la convocatoria a una Licitación Pública Nacional para la contratación de un "Servicio de Seguridad Privada, que comprende Vigilancia Física, Video Vigilancia y Seguridad Electrónica, con destino a las dependencias y bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

El objetivo de esta contratación según indica la documentación consultada es garantizar la seguridad de las dependencias y bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un objetivo que llama mucho la atención ya que no se viven levantamientos populares como ocurren en el territorio de Gerardo Morales.

A pesar de eso, el gobierno de Larreta destinará un presupuesto oficial de 90 mil millones de pesos, con un plazo de contratación inicial de 48 meses y la posibilidad de prórroga. El valor de los pliegos licitatorios fue fijado en 900 mil pesos para "los proveedores del rubro".

Como se mencionó anteriormente, con esta licitación el Gobierno de la Ciudad busca garantizar la seguridad de sus dependencias y bienes de algún enemigo "invisible". Para esto dividieron el servicio de seguridad en cuatro zonas, cada una de las cuales incluye vigilancia física, video vigilancia y seguridad electrónica.

Debemos recordar que es Eugenio Burzaco, el ministro de Justicia y Seguridad de CABA, el responsable de la licitación. El funcionario cuenta en su curriculum haber sido asesor de seguridad del exgobernador de la provincia de Neuquén Jorge Sobisch cuando ocurrió el asesinato del docente Carlos Fuentealba. También integró la Secretaría de Inteligencia durante la presidencia de Fernando de la Rúa. En 2015, cuando Macri llegó a la Casa Rosada, Burzaco fue secretario de Seguridad nacional, bajo la conducción de Patricia Bullrich donde tuvo fuerte participación en el encubrimiento de la desaparición de Santiago Maldonado.

Los documentos consultados señalan que "la naturaleza de la totalidad de los servicios de seguridad objeto de la presente contratación es, en estricto orden, preventiva, disuasiva y defensiva; los mismos se aplicarán contra acciones intencionales que representen riesgo o amenaza."

Si bien contar con un servicio de seguridad privada puede tener ciertos beneficios, no es lo mismo para un Estado ya que existen algunos puntos negativos que deben considerarse:

El primer punto está referido al Control y rendición de cuentas: Los servicios de seguridad privada no están sujetos al mismo nivel de supervisión y control que las fuerzas de seguridad pública. Esto plantea un serio desafío en términos de rendición de cuentas y transparencia. Existe la falta de mecanismos efectivos para monitorear y regular las acciones de estos agentes de seguridad privados que pueden dar lugar a abusos de poder y violaciones de los derechos humanos.

Otro aspecto negativo es la falta de capacitación de estas empresas privadas de seguridad: La contratación de servicios de seguridad privada crea la dependencia de terceros para garantizar la seguridad debilitando la capacidad del Estado para desarrollar y mantener sus propias instituciones de seguridad, incluida la capacitación y formación de personal de seguridad calificado. Por otro lado, la falta de control directo sobre el personal de seguridad privada puede afectar la calidad y la eficacia de los servicios prestados.

La contratación de servicios de seguridad privada puede generar incentivos económicos para el Estado porteño y sus autoridades. Recordemos que el presupuesto para esta actividad es de NOVENTA MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUARENTA Y DOS CON 56/100 ($90.219.763.042,56). La falta de control y auditoría de este dinero puede llevar a una dependencia excesiva de estos servicios, en lugar de invertir en fortalecer las fuerzas de seguridad pública.

Por último, es importante reclamar que se considere la complementariedad de estos servicios con las fuerzas de seguridad pública y que se promuevan estrategias integrales de seguridad que aborden las necesidades de toda la sociedad. Una fuerza de seguridad paralela dentro del mismo estado porteño de por sí no es bueno pero además debería garantizar al ciudadano de la existencia de regulaciones claras y efectivas para garanticen la supervisión, la rendición de cuentas y el respeto de los derechos humanos.

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