El caso fue elevado a juicio en abril pasado por el juez federal Adrián González Charvay, y después de una serie de planteos, fue asignado al Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, con sede en Olivos. Los próximos pasos del proceso incluyen la evaluación de la causa, la posible necesidad de instrucción suplementaria, la presentación de pruebas por parte de las partes involucradas y la determinación de la fecha para el debate oral y público.

La investigación judicial se abrió en 2019 a raíz de irregularidades detectadas en tres convenios firmados en 2016 entre el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y la municipalidad de Pilar, durante la gestión de Ducoté. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), especializada en casos de corrupción, analizó los contratos y presentó dictámenes que revelaron diversas irregularidades.

Los convenios en cuestión eran conocidos como "Microcréditos", "Monterrey" y "Peruzzotti". El primero consistía en destinar fondos nacionales para brindar asistencia a vecinos de bajos recursos en Pilar, permitiéndoles realizar mejoras en sus viviendas y acceder a servicios básicos. El segundo convenio buscaba la urbanización y mejora del barrio Monterrey en Derqui, mientras que el tercero implicaba la construcción de una planta depuradora y una estación de bombeo en el barrio Peruzzotti.

Durante la investigación se determinó que las obras no fueron concluidas, a pesar de que los contratistas privados cobraron por ellas. Además, se descubrió una estructura creada para administrar el dinero de los créditos, que no benefició ni al Estado ni a la sociedad. En su indagatoria, Ducoté negó las imputaciones y afirmó haber cumplido con las acciones necesarias para el mejoramiento habitacional de los vecinos de Pilar.

Sin embargo, el juez González Charvay sostuvo que Ducoté y otros implicados actuaron en forma coordinada y generaron un grave perjuicio patrimonial a la administración pública. La resolución del juez fue confirmada por los camaristas federales de San Martín, y el caso fue enviado a juicio. Ahora, será responsabilidad del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín determinar la responsabilidad de los acusados en este presunto caso de corrupción que afectó a la intendencia de Pilar.