La convocatoria del embajador de los Estados Unidos Marc Stanley al despacho de la vicepresidenta excede el motivo de plasmar una mera gestualidad de “apoyo” al proyecto, a secas.

La clave detrás del tópico que abordó la expresidenta encuentra su origen en la FATCA, la legislación que los Estados Unidos aprobó en 2010 y exige a entidades financieras extranjeras de todo el globo que informen los detalles bancarios de cuentas de clientes que sean ciudadanos estadounidenses-.

Ese acuerdo denominado Ley de Cumplimiento Fiscal para Cuentas en el Extranjero (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) es, hoy, unidireccional. La información sólo va desde Argentina hacia el Norte. No vuelve.

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Las dos palabras centrales de esa gestión del lunes que se le reclamaron a la Casa Blanca son “reciprocidad” en el flujo de información y “masividad” para que se corran automáticamente los datos anuales que permitan detectar personas físicas o jurídicas argentinas que hayan constituido activos como titulares o beneficiarios finales y no, eventualmente, tener que reclamar caso por caso.

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Sería el último gran intercambio de información que le queda pendiente a la Argentina, que también adeuda uno con Paraguay pero de mucha menor escala. Según resolución del IRS –Internal Revenue Service, el organismo recaudador de los Estados Unidos- esa información que podría recopilar para intercambio es a nivel federal, lo que incluiría la actividad de los “trust” centrada en Delaware, Dakota del Sur, Alaska, Florida o Nevada, de acuerdo a la tabla de opacidad financiera que recopila una ONG como Tax Justice Network.

Además le solicité la colaboración de su país con el proyecto de ley que presentaron hoy los @Senadores_Todos para crear un Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI, con recursos recuperados en el exterior del lavado y la evasión.

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 28, 2022