El presidente de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (Cadieel), José Tamborenea, sostuvo que la política de Compre Argentino “podría desarrollar 200.000 nuevos puestos de trabajo” en el término de diez años, y aportar una “potencial producción nacional, saberes, conocimiento, habilidades y desarrollo”.

El dirigente empresario dialogó con Télam y analizó el proyecto de ley de “Compre Argentino, Desarrollo de Proveedores y Compras para la Innovación,” presentado por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, esta semana.

Tamborenea destacó el proyecto de ley como “una obligación” del Estado para proteger la industria nacional y “reorientar su compra pública porque saben que, comprando internamente, recaudan mayor cantidad de impuestos; y promueve una potencial producción nacional, saberes, conocimiento, know how (habilidades), desarrollo y siembra para lo que va a ser en el futuro los próximos desarrollos por venir”.

En este marco, el también presidente de la empresa de luminarias LED Trivialtech explicó que “hemos relevado todas las opciones y beneficios que tienen las pymes y las grandes empresas, cuando afrontan un régimen de compras públicas donde compiten la fabricación nacional con los productos o servicios importados”.

“La conclusión analizando todo el costeo nacional, es que una empresa fabricante contribuye con 24% más de impuestos y cargas sociales que un importador, y el espíritu de la ley es equiparar el momento de la selección del mejor proveedor, teniendo en cuenta esos extra costos que tiene un fabricante nacional y, a su vez, todo lo que le aporta a la comunidad socioeconómica de un país el dar trabajo nacional y desarrollar la industria en tecnología”, resaltó Tamborenea.

Con la aprobación del proyecto de ley de Compre Argentino, el Gobierno nacional pretende generar 30.000 nuevos empleos privados y proyecta un ahorro de divisas por US$ 300 millones anuales.

Esta iniciativa tiene como objetivos promover una mayor participación de la industria nacional en las compras públicas, y generar inversiones y transferencias de tecnología hacia los sectores de la economía nacional con mayores capacidades tecnológicas y productivas.

A su vez, el proyecto apunta a modificar la ley actual (27.437) que fue sancionada en 2018, y que presenta limitaciones para que el Estado pueda utilizar su poder de compra como herramienta para el desarrollo.

En este sentido, Tamborenea destacó la incorporación del PAMI como sujeto explícito dentro de la Ley, que “es un gran comprador de productos y servicios”, y planteó la necesidad de incorporar otros sujetos que “son de suma importancia para nosotros y que sabemos que van a estar en discusión, pero nosotros creemos que corresponde, como YPF, que es una empresa grande y que debería estar alcanzada por el régimen de compras públicas, para defender la industria nacional”.

Asimismo, sostuvo que otra de las aristas a considerar en la discusión del proyecto es el control de cómo se compra, cómo se aplica y que estén las sanciones ya preestablecidas, "porque nuestra cámara, Cadieel, ha ganado juicios administrativos por no aplicación del compre nacional de hace 4, 7 u 8 años atrás, y es inviable retrotraerse y sacar una máquina que se importó y se instaló hace 10 años”, explicó.

“Tiene que ser coherente la ley en tiempo de aplicación, tiene que dar respuesta rápida, tiene que permitir el control”, agregó Tamborenea.

Por otra parte, el industrial señaló que “frente a las licitaciones internacionales, cuando viene un importador, que viene en forma directa, se le da una carta de crédito internacional, es decir, se le garantiza el pago en el caso de ser seleccionado; y en moneda dura, que es en este caso, en dólares y no se compara localmente con un producto que se cotiza a FOB (Free on Board = Libre a Bordo del barco en el país de origen)”.

Con lo cual, planteó que “el fabricante local cotiza en pesos y pone el producto del almacén de la empresa compradora o del Estado donde le dicen. La empresa que está ofreciendo su producto desde el exterior ofrece una mercadería a FOB o a veces CIF (Cost Insurance and Freight = Costo de flete y seguros) puesta en el puerto”.

En este marco, Tamborenea concluyó que “hay una gran diferencia ahí, porque uno tiene garantizado el cobro y en una moneda dura y el otro tiene una moneda local que sufre no tener financiamiento externo, no estar protegida respecto del tipo de cambio y al fabricante local se nos paga muchos meses después estas licitaciones”.