Saltarse la fila. Eso es lo que hicieron al menos 37.000 personas en Chile al obtener la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus antes que otros grupos definidos por el Gobierno como prioritarios en el proceso, entre ellos, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Una controversia que ha empañado un proceso que ha salido calificado de ejemplar por expertos nacionales e internacionales, donde hasta este viernes se habían administrado dosis para 2,7 millones de personas, ubicando así al país sudamericano como líder de la región y quinto en el mundo entre los países con mejores índices de inmunización (con 12,43 vacunas por cada 100 personas) de acuerdo a los datos de Our World In Data.

En específico, se trata de 37.306 personas que no pertenecen a los grupos priorizados: no son adultos mayores, ni personal de salud, ni residentes de hogares de ancianos, ni personal que realiza servicios esenciales o críticos. Al menos 9.517 corresponden a personas que tienen entre 18 a 39 años, de acuerdo a las cifras del Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud.

En cuanto al origen de quienes se “saltaron la fila”, 11.669 residen en la Región Metropolitana, siendo La Florida, la comuna que lidera este indicador, con 2.886 personas que no pertenecen a los grupos prioritarios y que recibieron la primera dosis, cuya administración depende de los municipios. Entre ellos, ha reconocido el alcalde de la comuna emplazada en la zona sur de la capital, Rodolfo Carter, se encuentra personal de Bomberos y Carabineros, además de trabajadores de ferias libres y otros comercios.

La situación fue calificada como “insólita” por el ministro de Salud, Enrique Paris, mientras que la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, aseguró en declaraciones a la radio que se investigará la denuncia. La vacunación de personas que no forman parte de los grupos priorizados se suma a la controversia por los cambios en el calendario de inmunización para enfermos crónicos menores de 60 años, que inicialmente comenzarían a recibir las dosis el 22 de febrero, pero que fueron postergados para el 8 de marzo.

“Que casi 40.000 personas que no tienen factores de riesgo se hayan vacunado antes que personas que tienen una mayor probabilidad de enfermarse grave y morir es perder el espíritu y la transparencia del proceso, que debe estar guiado siempre por normativas técnicas, médicas, y no por algún tipo de presión”, asegura Claudia Cortés, académica de la Universidad de Chile. Cortés —quien atiende a personas que viven con VIH o han sido trasplantadas— explica que lo ocurrido no solo tiene implicaciones éticas o humanas, sino que detrás de esto hay vidas que están en riesgo, en un escenario “el tener una enfermedad crónica aumenta el riesgo de morir, independiente de tu edad”.

Uno de los chilenos que espera por su vacuna es Víctor Hugo Robles, de 52 años, hipertenso y quien vive con VIH desde principios de los años 90, en una época donde el tratamiento antirretroviral no estaba garantizado en Chile. “La vacunación es muy urgente para personas como yo y tantas otras que vivimos con VIH y tenemos comorbilidades. No entendemos y nos angustia que se haya retrasado el calendario de vacunación para las personas con enfermedades crónicas.

“Que hayan 40 mil personas sanas, que no están calificadas dentro de los grupos prioritarios, saltándose la fila es la expresión más violenta e individualista de de este sistema de salud”, agrega Robles, quien ha recurrido a la justicia para exigir que el proceso de vacunación contemple mecanismos para resguardar la privacidad de las personas que viven con VIH.

Otro de los chilenos que sigue sin recibir su primera dosis es el ingeniero civil Luis Larraín, quien a sus 40 años ha sido trasplantado en dos oportunidades debido a una poliquistosis renal (PKD). “Los grandes olvidados somos los enfermos crónicos, quienes se suponía estábamos priorizados y ahora se nos avisa que vamos a empezar el 8 de marzo, y por edad. La verdad es que no sé cuando nos toque vacunarnos”.

“Nosotros tenemos un peligro de muerte. La mayoría de las personas que se han vacunado y que no son adultos mayores no tienen esa probabilidad de muerte tan alta. Pero como los enfermos crónicos no somos un gremio, no estamos organizados ni tenemos una dirigencia, perdimos en esta situación, donde todos están tratando de tener prioridad”, reclama.

Aunque organismos como el Colegio Médico pidieron al Gobierno corregir el cambio e iniciar la vacunación a pacientes crónicos en el plazo original, esto fue descartado. Según detalló la presidenta del gremio, Izkia Siches —quien esta semana fue destacada entre los 100 líderes emergentes del mundo por la revista Time— este viernes recibió un llamado del Presidente Sebastián Piñera, quien le habría explicado que se mantendría el nuevo calendario “para no confundir a la población”.

Siches enfatiza que la inmunización “debe ser un proceso que siga lógicas sanitarias y que sea respetado por todo el país, sin privilegios ni grupos de presión. Nadie puede pretender saltarse la fila”. La situación de las personas que se han vacunado antes de tiempo se ha sumado a la controversia que enfrenta al Gobierno con los docentes, quienes rechazan retornar a clases el 1 de marzo sin que antes se inmunice a todo el personal que trabaja en los establecimientos, entre otras condiciones para un retorno seguro. Una crisis que se intensificó luego que el ministro de Economía, Lucas Palacios, asegurara que “el Colegio de Profesores lo único que busca son argumentos para no trabajar”.

El plan de vacunación chileno —cuya fase masiva comenzó el 3 de febrero— contempla que a fines de marzo un total de 5 millones de personas hayan recibido al menos la primera dosis contra la covid-19, y se espera alcanzar una inmunidad colectiva a fines del primer semestre de 2021. Este jueves llegaron al país 161 mil dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech y la próxima semana se recibirán otros 4 millones de dosis de la desarrollada por el laboratorio chino Sinovac, que ha jugado un rol crucial en la estrategia de inmunización.