(Por Santiago Gómez Desde San Pablo) Siete expresidentes, un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, excancilleres de la región, exministros de Brasil, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, el líder del Movimiento Sin Tierra de Brasil, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, el Secretario General de La Cámpora, diputados, la intendenta de Quilmes, periodistas, artistas, intelectuales, están entre las más de cinco mil personas que firmaron una solicitada pidiendo la libertad de Amado Boudou, exvicepresidente y exministro de economía de Cristina Fernández de Kirchner, víctima de una guerra judicial que se sirvió de testigos comprados para condenarlo.

“La persecución política contra militantes y dirigentes de la experiencia kirchnerista persiste en la Argentina a pesar del triunfo popular en las últimas elecciones. Estamos en presencia de una guerra que se despliega a través de medidas judiciales, fabricación de noticias que manipulan la opinión pública y el intento de crear un clima de odio e intolerancia en la población. Es una guerra que, según se va esclareciendo, floreció durante el gobierno de Macri bajo la supervisión de varios de sus funcionarios principales, incluido el propio presidente. Medios de comunicación monopólicos y segmentos corrompidos del poder judicial han generado una estrategia común que envenena la atmósfera política”, señala el primer párrafo de la solicitada que firmaron Luiz Inácio Lula da Silva, Evo Morales, Rafael Correa, Dilma Rousseff, Manuel Zelaya, Fernando Lugo y Ernesto Samper.

Cabe recordar que la mayoría de esos dirigentes fueron víctimas de Lawfare, persecusión judicial, estigmatización mediática, golpes de Estado y prisiones. Zelaya en Honduras fue el primero en sufrir el golpe de Estado en 2009, sobre el que Hillary Clinton contó la participación de los Estados Unidos en un libro de memorias. Le siguió Fernando Lugo en Paraguay, destituido en 2012 por el parlamento a través de los llamados golpes de Estado blando. Le siguió Dilma Rousseff, quien también fue sacada de la casa de gobierno por un manipulado e injusto juicio político. Lula fue detenido sin pruebas por quien después de condenarlo asumió como ministro de justicia de Jair Messias Bolsonaro. Cabe recordar que Liliana Ayalde fue embajadora de los Estados Unidos durante la preparación del golpe en Paraguay y Brasil. Rafael Correa padece un absurdo pedido de captura. Evo Morales sufrió en 2019 un golpe de Estado abierto con apoyo militar, debiéndo exiliarse en Argentina, junto al exvicepresidente Álvaro García Linera, familiares y algunos funcionarios, para garantizar sus vidas. En declaraciones a Brasil de Fato, portal de noticias brasilero, Lugo señaló que el golpe en Paraguay fue no solo contra los desposeídos de su país, cuanto contra la integración regional, el Mercosur, la UNASUR y la CELAC.

La UNASUR paralela

El apoyo de los exmandatario de la región muestra una acción conjunta de los representantes de las fuerzas políticas que crearon la UNASUR y que independientemente de estar o no en el gobierno denuncian en conjunto la guerra judicial o lawfare en la región, reconocen la persecución de la que son víctimas militantes y dirigentes de la experiencia kirchnerista, y el mismo sistema de alianzas entre corporaciones internacionales con intereses financieros, con corporaciones locales, poder judicial y medios de comunicación.

El excanciller de Lula y exministro de Defensa de Dilma, Celso Amorim, también se sumó al pedido de libertad al exvicepresidente argentino, así como los excancilleres de Ecuador, Ricardo Patiño y Guillaume Long, y el excanciller de Paraguay, Jorge Lara Castro. Desde Brasil también dieron su apoyo el líder del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y de la Vía Campesina, João Pedro Stédile, la diputada y presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann; el exministro de la Casa Civil durante el gobierno Lula, Jose Dirceu, una de las primeras víctimas de la guerra judicial en Brasil; el exministro de Previsión Social y otras 21 personas que ejercieron el cargo de ministros durante los gobiernos del PT apoyaron la solicitada.

"La situación de Amado Boudou testimonia con exactitud esa estrategia de guerra. Objeto de un sistemático ataque de los medios de comunicación concentrados hasta convertirlo en un equivalente absoluto de la corrupción estatal, condenado a prisión en un juicio cuyas anormalidades tuvieron estado público por boca de sus mismos gestores (por televisión, el testigo clave en el juicio reconoció haber recibido dinero por su testimonio en calidad de “arrepentido”) Boudou es hoy prisionero en su domicilio por decisión del poder judicial", afirma la solicitada.

Apoyo local e inteligencia judicial

En el ámbito local diversos funcionarios del gobierno también pidieron la libertad de Boudou, entre ellos la actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, el Ministro de Habitat, Jorge Ferraresi, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla; Aníbal Fernández y Leandro Santoro, asesor presidencial, entre otros. La carta también cuenta con el apoyo de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, el Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires y Secretario General de La Cámpora, Andrés Larroque. Desde el ámbito sindical brindaron su apoyo Pablo Moyano, Daniel Catalano y el Secretario General de la CTA y diputado, Hugo Yasky. También fue firmada por el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni, a quien Elisa Carrió pidió que se le realice un juicio político por haber pedido el indulto de los presos políticos, luego de que la Corte Suprema de Justicia continuara con las operaciones judiciales contra el exvicepresidente. Al final de esta nota pueden leerse el nombre de algunas de las más de 5.000 personas que firmaron el pedido de libertad de Boudou y se puede acceder al formulario electrónico para firmarlo.

Es relevante el apoyo de Caamaño a Boudou, cuando hoy es público que hubo operaciones de espionaje en el penal donde estuvo Boudou así como otros ex funcionarios y militantes kirchneristas. Habían cableado el penal. Una investigación de Ari Lijalad reveló que Banderbroele cobró por ser testigo arrepentido. Una de las abogadas de Boudou, Graciana Peñafort, denunció que fue espiada por a quién defiende, también fue abogada de Cristina. Hoy trabaja en el Senado con ella. Lo mismo sucedió con los abogados de Lula, Moro mandó pincharles los teléfonos, así como el teléfono de Dilma en cuanto era Presidenta de la república y filtró la grabación a Globo, de una charla con Lula.

El Presidente en su primer discurso en el Congreso reconoció la colaboración de los servicios de inteligencias para apoyar condenas, fortalecerlas, ensuciar procesos, ante jueces que no cumplen con lo que la ley establece, la violan deliberadamente la ley, sabiendo de la impunidad que les da el poder económico local, la Embajada, los medios, y ante ello varios funcionarios se asustan. El presidente salió del Frente Renovador luego de haber visitado a Milagro Salas en la cárcel, otra presa política. El gran problema que tienen las y los presos políticos, es que la libertad que pierden no la recuperan. Y la máxima instancia a la que puede recurrir un ciudadano para pedir que se garanticen los derechos que la propia ley establece está compuesto por 5 personas, hacen mayoría con 3. De las cinco uno es abogado de Clarín, que hacían negocios con las AFJP, el otro convalidó todo lo que hizo Claudio Bonadío, aceptó colocar las escuchas sobre la órbita de la Corte Suprema y una está ahí porque le permiten violar la ley, porque pasó los 75, debió renunciar.

Esa Corte Suprema el 30 de diciembre, después que comenzó la feria judicial, quitó a Boudou del sistema de prisión domiciliaria, ordenó que volviera a prisión, es decir, convalidó la condena de un processo viciado, donde no se respetó el debido proceso, se usaron testimonios comprados para condenar a un ciudadano, y al que le rechazaron un recurso sin dar explicaciones de por qué la Corte hizo lo que hizo, como señaló Peñafort. La Corte no dio explicaciones de por qué legitimó la violación del debido proceso, por qué legitiman el testimonio de un testigo se benefició económica y penalmente por testimoniar. La Corte Suprema continúa contribuyendo con el descrédito social en el sistema de justicia.

"La lucha contra esta injusta situación es un compromiso de honor de quienes queremos una Argentina democrática, libre y justa, con leyes legítimas e interpretadas con absoluta autonomía respecto de los poderes fácticos ligados al privilegio y la injusticia. Para que en Argentina rija en plenitud la justicia y se respeten los derechos humanos. Para eso reclamamos la libertad de Amado Boudou y de todos los presos y presas políticas", afirma el documento que contó con un destado apoyo regional.

Solicitada completa:

Libertad a Amado Boudou

La persecución política contra militantes y dirigentes de la experiencia kirchnerista persiste en la Argentina a pesar del triunfo popular en las últimas elecciones. Estamos en presencia de una guerra que se despliega a través de medidas judiciales, fabricación de noticias que manipulan la opinión pública y el intento de crear un clima de odio e intolerancia en la población. Es una guerra que, según se va esclareciendo, floreció durante el gobierno de Mauricio Macri bajo la supervisión de varios de sus funcionarios principales, incluido el propio presidente. Medios de comunicación monopólicos y segmentos corrompidos del poder judicial han generado una estrategia común que envenena la atmósfera política.

La situación de Amado Boudou testimonia con exactitud esa estrategia de guerra. Objeto de un sistemático ataque de los medios de comunicación concentrados hasta convertirlo en un equivalente absoluto de la corrupción estatal, condenado a prisión en un juicio cuyas anormalidades tuvieron estado público por boca de sus mismos gestores (por televisión, el testigo clave en el juicio reconoció haber recibido dinero por su testimonio en calidad de “arrepentido”) Boudou es hoy prisionero en su domicilio por decisión del poder judicial. El máximo tribunal nacional desechó tratar la apelación de su condena manifiestamente nula porque era una cuestión "insustancial, carente de trascendencia" y a partir de esa decisión bochornosa se ha abierto un operativo para enviarlo nuevamente a la prisión. Un puñado de medios de comunicación son los que organizan una persecución política y moral contra quien fuera vicepresidente durante el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Está muy claro que se trata de una venganza por las decisiones en las que participó, y particularmente por la recuperación para los trabajadores de los fondos de pensión que habían sido enajenados a favor de grandes consorcios financieros.

Esta situación implica un profundo deterioro de la política, de las creencias sociales y del lenguaje general de una sociedad. Es una verdadera emergencia político-judicial que pone en riesgo la convivencia entre los argentinos y argentinas por afectar las bases democráticas de la constitución social al poner en marcha una interpretación de las leyes con un sentido faccioso y antirrepublicano. No es un problema excluyente de un sector de la población directamente involucrado en la práctica política; por el contrario, involucra a todos y todas quienes habitamos el país. Solamente a través de la recuperación plena de la legalidad y el fin de las presiones extralegales profusamente puestas en práctica por el gobierno de Macri, es cómo puede recuperarse en plenitud la vigencia del estado de derecho.

Lo que ahora está ocurriendo con Amado Boudou, es la forma final lograda por una agresiva y virulenta coalición formada por todo tipo de especialistas en la descalificación y destrucción de las experiencias democráticas y populares de Gobierno. Es lo que en la región conocemos como la “guerra judicial”, que hoy es el arma principal de desestabilización de la democracia. La persona de Boudou fue elegida para descargar un castigo ejemplar contra quienes se atreven a enfrentar los injustos privilegios de los que disfruta una facción local históricamente privilegiada, en sociedad con grandes corporaciones locales y extranjeras.

La lucha contra esta injusta situación es un compromiso de honor de quienes queremos una Argentina democrática, libre y justa, con leyes legítimas e interpretadas con absoluta autonomía respecto de los poderes fácticos ligados al privilegio y la injusticia. Para que en Argentina rija en plenitud la justicia y se respeten los derechos humanos. Para eso reclamamos la libertad de Amado Boudou y de todos los presos y presas políticas.

Enero del año 2021

Firmantes:

DE BONAFINI, Hebe - LULA DA SILVA, Luiz Inácio - MORALES, Evo - CORREA, Rafael ROUSSEFF, Dilma - LUGO, Fernando - SAMPER, Ernesto - ZELAYA, Manuel - AMORIM, Celso - MENDOZA, Mayra - FERRARESI, Jorge - GIOJA, José Luis - PARRILLI, Oscar - PIETRAGALLA, Horacio - MORALES, Victor Hugo - BARRANCOS, Dora - FERNANDEZ, Anibal - SANTORO, Leandro - CASTRO, Alicia - MOYANO, Pablo - YASKY, Hugo - DI TULLIO, Juliana - LARROQUE, Andres - ZAFFARONI, Eugenio Raul - VALDÉS, Eduardo Felix - CAAMAÑO, Cristina - BRIEVA, Ruben Enrique “Dady” - QUIETO, Manuel - CATALANO, Daniel - ALEMÁN, Jorge - PENACCA, Paula - DURAÑONA, Francisco - VOLNOVICH, Luana - RAVERTA, Fernanda - HOFFMANN, Gleisi - SANTA MARIA, Victor - GONZALEZ, Horacio - FORSTER, Ricardo - ROJKÉS, Silvia - ARONSKIND, Ricardo - MOCCA, Edgardo - FONTDEVILA, Pablo - LABORDE, Oscar - SABATELLA, Martín - JUSTICIA LEGÍTIMA, Agrupación - DÍAZ, Estela - DE JESÚS, Juan Pablo - SAPAG, Silvia - NAVARRO, Roberto - GOLLAN, Daniel - MOREAU, Leopoldo - MANTEGA, Guido - TARSO, Genro - CERRUTI, Gabriela - PARY, Diego - MARTINEZ, Hugo - LIJALAD, Ari - ALIVERTI, Eduardo - MIRKIN, Beatriz - GIARDINELLI, Mempo - TOGNETTI, Daniel - PILATTI VERGARA, Maria - FIGUERAS, Marcelo - RODRIGUEZ, Maria Cecilia - LÓPEZ, Eduardo - ROMERO, Javier “El Profe” - LÓPEZ, Artemio - DE VICENTI, Cecilia - MASSONI, José - ARENA, Mayra - DEVOTO, Jorge “Topo” - ALESSO, Sonia - RECALDE, Hector Pedro SCHULMAN, José - FERNANDEZ, Hector - SIGAL, Eduardo - SAID, Judith - ATE CAPITAL - FERNÁNDEZ, Sebastian “Rinconet” - SAINTOUT, Florencia - QUINTRIQUEO, Carlos Enrique - PUIGGRÓS, Adriana - RACHID, Jorge - DE VIDO, Julio - DURANGO, Norma - HELLER, Carlos - LUZZANI, Telma - BORÓN, Atilio - CORREA, Walter - CONTI, Diana - ULANOVSKY, Carlos - MAZURE, Liliana - DELUPI, Max - KUNKEL, Carlos - GABBA, Carlos Eduardo - GARCIA, Cynthia - BARADEL, Roberto - ROJKES, Beatriz - APO, Alejandro - BELLOTA, Araceli - LONG, Guillaume - FERNANDEZ PASTOR, Miguel - SERRANO MANCILLA, Alfredo - GILS CARBÓ, Alejandra - OLIVEIRA, Francisco “Paco” - BORRONI, Fernando - MARIOTTO, Gabriel - CABRAL, Juan Carlos - OSUNA, Blanca - DE FEO, Carlos - BRAWER, Mara - FERNANDEZ, Maximiliano “El Bosnio” - RUSSO, Sandra - SABORIDO, Pedro - DEPETRI, Edgardo - BARRAGÁN, Carlos - LOPEZ FIORITO, Pablo - RUIZ FLORES, Martha - PACO URONDO, Agencia - SCALETTA, Claudio - MÉNDEZ, Lía - NICOLETTI, Nelson - PARILLI, Nanci - DUPLÁA, Quique - CHOLVIS, Jorge Francisco - CAO, Horacio - ALPEROVICH, Sara - DORIO, Jorge - GIROTTI, Carlos - SEOANE, María - ELBAUM, Jorge - MARINO, Sergio “Nagus” - MINNICELLI, Alessandra - LOPEZ, Gustavo - SBATELLA, José - - CAMPANA, Gustavo - GLEZER, Marina - GALENDE, Luciano - CARBONE, Rocco - HERRERO, Liliana - KOENIG, Marcelo - MERA, Carolina - VACA NARVAJA, Camilo - RAIMUNDI, Carlos - D’AURIA, Nancy - ROTH, Cecilia - ROMANO, Gerardo - GRANDINETTI, Darío - MORGADE, Graciela - BATAKIS, Silvina - MONTERO, Federico - POSTOLSKI, Glenn - BASCHETTI, Roberto - RUSCONI, Maximiliano - ONETTO. Victoria - BONIN, Arturo - PREGO, Florencia - SANTORO, Osvaldo - JAIME, Ricardo - LARA CASTRO, Jorge - PICCHIO, Ana María - CALCAGNO, Eric - MERLIN, Nora - ROMAROVSKY, Gabriel - STEDILE, Joao Pedro - HARISPE, Gaston - CRISTÓFALO, Américo - ROSSETTO, Cecilia - CARAMELLO, Carlos - FANEGO, Daniel - PAPALEO, Osvaldo - CANESE, Ricardo - CELENTANO, Ana - BRIZUELA, Damian - BARRIENTOS, Paola - TOER, Mario - SOCOLOVSKY, Yamile - GRECO, Leonardo - BANEGAS, Cristina - NOHER, Jean Pierre - CASALS, Rodolfo - RUIZ FLORES, Martha - PRANDINI, Roberto - COLOMBO, Ariel - PALOMINO, Juan - ZIEMBROWSKI, Luis - PATIÑO, Ricardo - VARELA, Adriana - MARTINEZ, Enrique - VAZQUEZ, Mariana - GODOY, Ruperto - ONETTO, María - ORTEGA, Saul - KULIOK, Luisa - METAZA, Mario - CEJAS, Jorge - FERNANDEZ, Patricia - FURLAN, Abel - PARDES, Jorge - LETTIERI, Alberto - REP, Miguel - NUÑEZ, Osmar - ROCA, Horacio - FERRADAS, Marcela - MELINGO, Marcelo - MELAMUD, Viviana - GARCIA PINTOS, Alejo - IBARRETA, Maria - VALLERGA, Juan - JUNIO, Juan Carlos - CORREA, Gabo - VANELLI, Alejandro - GARCÍA, Martin - TEJEDOR, Cristina - VACA NARVAJA, Fernando - MENDOZA LEIGUE, Adolfo - LARRESE, Ernesto - FIORENTINO, Maria - VARELA, Susana - GABIN, Maria José - MACHA, Mónica - TORRI - SOUTO, Gustavo - PAVLOVSKY, Martin - VICENTE, Manuel - GEIGER, Conrado - CAREAGA, Mabel - VERA, Coni - GONZALO, Norberto - BUSTOS, Mario “El Pelado” -

Durante los cinco días que se recolectaron apoyos para esta iniciativa, más de 5.000 personas dieron su acuerdo. Actualmente seguimos juntando adhesiones.

Para manifestar su adhesión al documento siga los siguientes pasos:

1. Ingrese al siguiente link: http://bit.ly/LibertadAmadoBoudou

2. Complete el formulario, ingresando su nombre y apellido, seguido de su correo electrónico y lugar de residencia.