Muchos de estos lugares fueron allanados por el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, en busca de pruebas para poder acreditar cómo funcionaba esta maquinaria estatal dedicada a seguir, filmar y amedrentar a políticos, empresarios, religiosos, sindicalistas y periodistas.

“Hay algunas oficinas institucionales y otros lugares armados para la ocasión que están en la mira”, reconoce una fuente con llegada a un expediente que se encuentra vedado por el estricto secreto de sumario.

Esta red de espionaje ilegal contaba con “casas operativas” que fueron alquiladas en forma temporaria. Una de ellas estaba ubicada en pleno barrio porteño de Mataderos, en la calle Pilar 1458. Ahí, en el segundo piso “B”, la red de espionaje montó una oficina donde se terminaba de ordenar la información recabada en los seguimientos ilegales.

La cueva de inteligencia de la calle Pilar, en Mataderos

Una suerte de oficina de archivos atestada por documentos con fotos de seguimientos, videos de filmaciones y datos privados de las víctimas del espionaje ilegal. “Era el lugar donde se terminaban de armar las carpetas que luego eran entregadas a otro eslabón de la banda”, reveló una fuente de inteligencia.

Muchas de estas propiedades fueron alquiladas en forma temporaria para no dejar rastros. Incluso, se mantenían operativas hasta que los extraños movimientos de los espías despertaban la curiosidad de los vecinos. Ahí, las “sedes del espionaje ilegal” era cambiadas por otros lugares más seguros.

En algunos casos se habrían utilizado empresas como pantallas para celebrar contratos de alquiler que ahora están en la mira. En el caso de la “cueva” de la calle Pilar la justicia ya cuenta con las pruebas necesarias para ligar esa propiedad a una agente de inteligencia de la AFI, ya dada de baja, identificada como María Mercedes Funes Silva. La ex espía, de estrechos vínculos con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, fue quien aportó ese departamento a cambio del pago de un alquiler mediante los tan polémicos fondos reservados.

También el espionaje ilegal utilizaba sedes oficiales. Son bases institucionales como la que está ubicada en un predio del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF), un organismo centralizado dependiente de la Subsecretaría de Investigación, Política Industrial y Producción del Ministerio de Defensa.

El predio del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF), donde funcionaba la oficina del ex director Alan Ruíz

En ese predio, ubicado a metros de Tecnópolis, funcionaba la oficina del ex director de operaciones de la AFI, Alan Ruíz. Este agente fue denunciado por el abogado Facundo Melo como quién encabezó las maniobras ilegales que hoy generan un estallido político.

Ruíz fue funcionario de la cartera de Seguridad del ex intendente de Santa Rosa, La Pampa, Juan Carlos Tierno. Luego, durante la gestión de Cambiemos, llegó al Ministerio de Seguridad comandado por Patricia Bullrich y de ahí pasó a la AFI.

El juez federal Villena también mandó a allanar distintas oficinas del Servicio Penitenciario como la Dirección Principal de Ana?lisis de Informacio?n, sede de la inteligencia penitenciaria, ubicada en la calle Varela 266 en el barrio de Flores.

En la jerga interna de los guardiacárceles, a este lugar se lo identifica como la “D50”. El área está a cargo del Inspector general Cristian Suriano, un hombre identificado con la gestión del ex director del servicio Emiliano Blanco. También fue allanada la Dirección de Seguridad del Servicio.

Villena encontró en esas dependencias pruebas para poder vincular las operaciones ilegales realizadas en esas oficinas con las tareas de espionaje desarrolladas en las “bases clandestinas”.

A partir de hoy lunes, por los tribunales federales de Lomas de Zamora van a comenzar a desfilar los principales referentes políticos de las Argentina para interiorizarse de un expediente de alto voltaje que nadie sabe cómo puede terminar".

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