En un movimiento controvertido, el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, han decretado una emisión masiva de deuda, renovando vencimientos y dejando al país en una situación financiera delicada.
Redacción EnOrsai // Lunes 27 de mayo de 2024 | 09:33
En un golpe contundente a la economía nacional, el gobierno de Javier Milei ha firmado un decreto que autoriza la emisión de Letras del Tesoro por un monto astronómico de 35 billones de pesos. Esta medida, que busca renovar vencimientos y estabilizar la economía en el corto plazo, ha sido presentada por el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, como una necesidad imperiosa para evitar un colapso financiero inminente. Sin embargo, la decisión no ha estado exenta de críticas y controversias.
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 459/2024, publicado este lunes en el Boletín Oficial, justifica la medida como una estrategia para reducir la emisión monetaria a través de la rotación de Pases a Letras del Tesoro. Según el texto oficial, "la naturaleza excepcional de la situación planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes", una declaración que ha levantado cejas y generado inquietudes sobre la transparencia y legalidad del proceso.
Con la firma de Milei y sus ministros de confianza, incluyendo a Caputo, Patricia Bullrich y Guillermo Francos, el gobierno ha dado luz verde a la emisión de deuda por 35 billones de pesos, ampliando significativamente la autorización previa que permitía hasta 30 billones. Este incremento busca cubrir los vencimientos de deuda que superen el ejercicio fiscal corriente y sean menores a los 90 días. En otras palabras, se trata de una medida desesperada para patear hacia adelante las obligaciones financieras del país.
El ministro Caputo ha defendido esta estrategia, argumentando que es una renovación necesaria y no una nueva deuda. "Así funciona con los organismos multilaterales. Los préstamos tienen que tener una asignación específica y se audita como corresponde", afirmó en su cuenta de X. Sin embargo, estas declaraciones no han sido suficientes para calmar a los críticos, que señalan que la política de endeudamiento masivo solo perpetúa la dependencia de Argentina de la financiación externa y aumenta la carga financiera sobre las futuras generaciones.
Paralelamente, el gobierno ha asegurado un préstamo de 400 millones de dólares con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para financiar el programa Alimentar, destinado a asistir a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones sociales. Este préstamo, con un plazo de 15 años y una tasa de interés variable que ronda el 7% anual en dólares, plantea otro desafío significativo para la ya frágil economía argentina. Durante los primeros tres años, el país disfrutará de un "período de gracia" sin pagos de intereses ni amortizaciones, pero a partir del cuarto año, comenzará a abonar la deuda en 25 cuotas semestrales.
El contrato con CAF estipula estrictas condiciones sobre el uso de los fondos, prohibiendo su desvío hacia actividades políticas, especulación o industrias controvertidas como la bélica y el juego. Este acuerdo busca asegurar que los recursos se destinen exclusivamente a los fines previstos, bajo la vigilancia del Ministerio de Capital Humano y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
La medida ha suscitado una mezcla de reacciones. Por un lado, algunos economistas y analistas financieros aplauden la decisión de enfrentar los vencimientos de deuda de manera proactiva y evitar una crisis de liquidez a corto plazo. Por otro lado, la oposición y varios sectores de la sociedad civil ven con preocupación la creciente carga de deuda y la falta de una estrategia clara y sostenible para el crecimiento económico.
En este contexto, la administración de Milei enfrenta un delicado equilibrio entre la necesidad de financiamiento inmediato y la sostenibilidad a largo plazo. La pregunta que muchos se hacen es hasta cuándo podrá Argentina seguir acumulando deuda sin caer en un abismo financiero. Mientras tanto, la población observa con incertidumbre y desconfianza los movimientos de su gobierno, esperando que las decisiones tomadas hoy no hipotequen el futuro de las próximas generaciones.
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