Díaz y Forti SA, vinculada a Vicentin, exportó ilegalmente casi 700 millones de dólares sin liquidar divisas durante un año, evadiendo el mercado oficial y obteniendo una ganancia extra del 100%. A pesar de las graves irregularidades, la firma enfrenta una multa de tan solo 2 millones de dólares, menos del 0,3% del monto evadido. El fallo del Juzgado Federal de Rosario genera indignación en el sector exportador.
Redacción EnOrsai // Lunes 12 de febrero de 2024 | 06:23
En una decisión que ha dejado perplejo al sector exportador, el Juzgado Federal de Rosario dictaminó que Díaz y Forti SA, vinculada a la desaparecida Vicentin, deberá pagar una multa de tan solo 2 millones de dólares por evadir casi 700 millones de dólares en divisas durante un año.
La firma cerealera, que tomó relevancia en 2020 al hacer un contrato con Vicentin para utilizar sus instalaciones, optó por una estrategia ilegal al retener los dólares generados por sus exportaciones en el exterior o ingresándolos por el "contado con liquidación". Esta maniobra le permitió obtener una ganancia extra del 100%, pero la condujo a violar las normas del Banco Central, que exigen la liquidación de divisas a través de la autoridad monetaria y al valor del dólar oficial.
La multa impuesta de 2 millones de dólares ha generado fuertes críticas en el sector, considerando que representa menos del 0,3% del monto total evadido. "Es realmente una vergüenza, hay que ver el daño que le provocó a todo el sector exportador que quedó bajo sospecha", expresó un alto representante del rubro, señalando la magnitud de la evasión que afectó al sector en un momento económico crítico.
A pesar de reconocer las irregularidades, Díaz y Forti intenta presentarse como una víctima de la situación económica del año 2020. El presidente de la empresa, Marcelo de Vicentis, alegó que la omisión de liquidar las divisas se debió a una "situación de necesidad" y a la disyuntiva de liquidar en el mercado oficial o pagar deudas en el exterior.
El juez Carlos Vera Barros rechazó la justificación por "estado de necesidad" y, aunque reconoció la gravedad de las infracciones y la reiteración de las mismas, optó por imponer una multa de 2 millones de dólares, citando el concurso preventivo de la empresa como motivo para no aplicar una sanción más severa.
La decisión judicial ha levantado críticas por considerar insuficiente la penalización ante la magnitud de la evasión cometida, cuestionando la proporcionalidad y la falta de un castigo más contundente. La cerealera, a pesar de las graves irregularidades, enfrenta una multa que parece ser más simbólica que punitiva, generando preocupación en el sector exportador y planteando interrogantes sobre la efectividad de las sanciones frente a conductas ilegales en el ámbito económico.
Fuente: Página12
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